LAS NAVIDADES DE LA JUSTICIA

En un acto de admirable solidaridad gremial, todos los jueces civiles del circuito de Bogotá suscribieron una carta de protesta contra esta columnista por insinuaciones que le hiciera hace algunas semanas al ministro de Justicia, en relación con la opinión recogida entre algunos abogados litigantes, sobre su buena y mala experiencia en los juzgados capitalinos.
En particular me criticaban los jueces lo que consideraron ser un "evídente desconocimiento" de mi parte, al creer que la elección de los jueces de Bogotá es del resorte del Ministerio de Justicia, cuando en realidad lo es del Tribunal Superior.
Cierto es que los que hemos cursado estudios en las facultades de derecho del país salimos de ellas con enormes lagunas estructurales, pero sería imperdonable de mi parte que de los cinco años de estudios me hubiera quedado en la cabeza "tan enorme Sochagota" en relación con el procedimiento con el que se nombran los funcionarios de la rama jurisdiccional colombiana.
Para cualquiera que en Bogotá haya sido sujeto activo o pasivo de la justicia constituye un escándalo el elevado índice de morosidad que caracteriza a los magistrados del Tribunal Superior.
Decidida a demostrar esta afirmación me tomé el trabajo de visitar la semana pasada el Tribunal para revisar al azar los libros en los que se anotan los negocios de cada magistrado, y encontré perlas del siguiente calibre, para mencionar tan solo unas cuantas:
- El magistrado Mendoza tiene en el despacho un proceso divisorio de José Misael Buitrago contra José R. Buitrago desde diciembre 3 de 1980.
- El magistrado Espejo un proceso ordinario de Luis David Guacaneme contra José María Clistran desde julio 8 de 1980.
- El magistrado Núñez un ejecutivo de Guillermo Volde contra Suc. y So. Jener desde enero 18 de 1978.
- El Magistrado Caycedo un ordinario de Pastor Bernal contra Humberto Forero desde abril 11 de 1978.
- El magistrado Rodríguez un ejecutivo de Gustavo Rincón León contra Alfredo Koch desde enero 20 de 1977...
Pocas esperanzas existen, en realidad, teniendo en cuenta que son sus magistrados los encargados de la elección de los jueces de Bogotá, de elevar ante éstos con éxito quejas relacionadas con fallas de sus subalternos, que los mismos magistrados cometen, y con creces, como superiores jerárquicos.

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Pero aprovechando que le estamos untando mantequilla al pan de la justicia, viene al caso mencionar la necesidad de modificar lo más pronto posible el régimen de vacaciones colectivas que está a punto de suspender, entre los meses de diciembre y enero, la administración de justicia en el país.
Acaba de ser archivado en el Congreso un proyecto que pretendía asignarle a toda la rama jurisdiccional un sistema de vacaciones individuales, tendiente a evitar la parálisis que cada año, durante 22 días, se produce cuando los juzgados cierran sus puertas al público bajo el amparo de la legalidad.
Como los delitos no toman vacaciones, es necesario salvaguardiar la vital continuidad de la administración de justicia, mediante la creación de un equipo interino que permita a los cerca de 17 mil empleados y funcionarios judiciales tomar escalonadamente sus vacaciones reglamentarias.
¿Que ello implicaría un aumento de 503 millones de pesos anuales en el presupuesto de la administración de justicia? Bien vale esta cifra, y más, el mejoramiento de tan vital servicio público. Y es que esgrimiendo el argumento del costo, también podríamos llegar a la conclusión de que resultaría un gran ahorro cerrar cada año durante un mes el Acueducto, o la Empresa de Teléfonos, o la de Energía Eléctrica, que tienen, como en el caso de la administración de justicia, categoría de servicios públicos.
Bien valdría entonces la pena, antes de que los magistrados del honorable Tribunal Superior de Bogotá se desplacen colectivamente este diciembre a las cálidas costas colombianas, que primero se pongan al día con las deudas que hace más de tres años contrajeron con ciudadanos desgraciadamente obligados a solicitarles, de la manera más humilde posible, que les sea administrada justicia antes de que masivamente se las administren en el juicio final.