Agridulce navidad

La propuesta original del Gobierno generaba un rendimiento potencial del orden de 14 billones -cifra igual al déficit presupuestal del año entrante- que quizás habría servido a la administración Duque para no tener que volver a proponer una reforma tributaria durante el resto del cuatrienio. Con fundamento en la ponencia para primer debate esa cifra bajaba a la mitad con relación al 2019,  lo cual, en sentir de ANIF, implicaría una caída del recaudo en el 2022 del orden del 0.5% del PIB. Los recortes adicionales contenidos en el texto aprobado en primer debate, reducen, aún más, el aforo de nuevos ingresos. Por estas razones, cabe conjeturar que en la navidad de 2021 recibiremos una abundante provisión de natilla, buñuelos … y más impuestos.

Que así ocurra no es inexorable. La apuesta gubernamental, al proponer la reducción de las cargas que pagan las empresas, consiste en que estas, gracias a su mayor competitividad, progresen y, en consecuencia, tributen más. Ojalá. Ello será función de que la demanda agregada crezca, lo cual requiere que la confianza de los consumidores, que hoy es baja, aumente; y de que las exportaciones tengan un comportamiento muy superior al actual, lo cual ocurriría si, ¡por fin! nos volvemos más competitivos y la economía externa repunta. Todo esto, como siempre sucede, depende de la dependedera.

Contribuiría también a alejar ese fantasma que seamos capaces de lograr un nuevo pacto político con las regiones en materia de regalías, primero, para aumentar la participación de los municipios en donde se realizan las actividades mineras, y, segundo, para que la Nación, o sea todos nosotros, tengamos una mayor participación en esos recursos, que si bien han perdido importancia en años recientes, podrían repuntar en cualquier momento. Nada más incierto que el precio del petróleo y el oro.

El portafolio de empresas propiedad del Estado central es, en la actualidad, obsoleto. Empresarios particulares podrían reemplazar al Gobierno en la extracción de crudo, su transporte y refinación; en la provisión de servicios financieros, de telecomunicaciones, energía y transporte aéreo. No se trata de matar “la gallina de los huevos de oro”, sino de construir un gallinero biónico. Es lo que se hizo con la enajenación de Isagen. La empresa continúa generando energía, trabajo e impuestos; los recursos liberados fueron utilizados para apalancar el desarrollo de infraestructura, un sector que requiere una masa de recursos financieros mayor de la que, en la actualidad, recibe.

Y, en último término, se trata de cortar gasto superfluo en magnitudes que valgan la pena. Al despuntar enero (este lunes gigantesco y deprimente que dura todo un mes) el Gobierno nos dirá cuál será su estrategia.  

¿Qué tan buena (o mala) es la reforma que está a punto de aprobarse? Un parámetro de comparación adecuado entre lo ideal y la pedestre realidad lo constituye el libro escrito por la Comisión del Gasto que funcionó en el año 2015. Allí se lee que “El sistema tributario colombiano no genera el recaudo necesario para proveer (…) los bienes públicos a cargo de la Nación, financiar los programas sociales (…) y garantizar las transferencias a las entidades territoriales”. Por las razones ya expuestas, este objetivo no se cumplió.

Está escrito que “El sistema tributario tampoco contribuye a la equidad horizontal, en la medida en que dos personas naturales o empresas con niveles de ingresos y activos similares (…) pagan montos de impuestos diferentes, debido a la multiplicidad de regímenes, excepciones y deducciones especiales y también, al alto grado de evasión”. Las facultades otorgadas para la reforma de la DIAN y la creación de un régimen simplificado para nuevos contribuyentes podrían ser útiles para combatir la defraudación fiscal.

Los numerosos beneficios tributarios que se han aprobado sin mayor sustento  erosionan la equidad a pesar de que el Gobierno afirma compartir ese paradigma. Si las tasas de tributación son competitivas, y se garantiza su estabilidad, la inversión debe fluir hacia los distintos sectores en orden descendente, a partir del retorno esperado en cada uno de ellos y con el límite de la tasa de interés de los papeles de cero riesgo emitidos por el Gobierno. Los alivios o estímulos fiscales, que son tan populares, son formas de regalar los impuestos.

Esta situación se vería agravada si prospera la idea de imponer una sobretasa a las entidades financieras. Parece que se quiere castigarlas por haber crecido más que otros sectores, lo cual en parte proviene de que han retenido buena parte de sus utilidades, que son altas en términos absolutos, pero no si se miden en proporción de los patrimonios invertidos. Se olvida, además, que contar con un sistema financiero más profundo, en todos sus componentes, es lo que le conviene al país.

Para la comisión de expertos tributarios, “El sistema no es progresivo en la medida en que aquellos que tienen mayor capacidad de pagar impuestos no aportan relativamente más al fisco que aquellos con menores posibilidades”. El eje de la propuesta gubernamental -universalizar el IVA con devolución para los estratos populares- lastimosamente fracasó.

Mucho hubiera ayudado a que los sectores pudientes de la sociedad tributaran más por la porción de la renta que consumen, un importante elemento de progresividad. Los mecanismos de compensación adoptados son, en parte, correctos: una mayor progresividad en la tasa de renta personal, pero inconvenientes en tanto se grava el patrimonio, que normalmente está constituido por rentas que ya fueron sometidas al tributo. A “los ricos” -parece ser el mensaje- no hay que tratarlos con justicia.

Briznas poéticas. Anna Ajmátova, quien como tantos artistas padeció la opresión soviética, nos dice que la poesía, “Es residuo del insomnio / es inclinado pábilo de vela, / es la primera campanada al alba /  en cientos de campanarios blancos”.