Hoy, diez meses después de su entrada en vigor, en la semana donde la Corte Constitucional tendrá que definir su futuro, y frente a un panorama internacional y nacional diferente, vale la pena exponer los argumentos sobre la importancia de preservar la confianza y credibilidad de la política económica colombiana.
La semana pasada, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), publicó una nueva edición de su ranking internacional de competitividad, donde evalúa los determinantes de la productividad y el crecimiento económico de largo plazo de 141 países, sobre 12 factores, que el WEF denomina “pilares de competitividad”. El primero de estos pilares, y en el que quisiera concentrarme es el de las instituciones. Mientras Colombia subió 3 puestos en el ranking de competitividad del WEF (de 60 a 57), en el pilar de las instituciones por el contrario bajo 3 puestos (al pasar del 89 al 92) y apenas obtiene un puntaje de 49 sobre 100 en este pilar. Sin duda, una decisión de la Corte de declarar inexequible la Ley de Financiamiento, traería una perdida de confianza en las instituciones económicas del país, que se vería reflejado en un retroceso para la competitividad del país.
¿Pero qué efectos podría tener esa pérdida de confianza en las instituciones colombianas y en la competitividad del país?
La perdida de confianza en las instituciones como consecuencia de la caída de la Ley de Financiamiento podría implicar la suspensión o disminución de inversiones que se hicieron bajo las reglas de juego establecidas en la citada ley. Esto tendría varias repercusiones sobre la economía colombiana. En primer lugar, la disminución de la inversión generaría un menor crecimiento de la economía y sobre la generación de empleo que ya presenta signos de alerta. En segundo lugar, la salida de capitales del país y/o la disminución en la inversión extranjera, profundizarían la tendencia devaluacioncita del peso, que por su parte tendría múltiples efectos incluido un aumento en la inflación que como es conocido es el impuesto más regresivo de todos.
Por último, quisiera resaltar el tercer efecto de la eventual decisión de la Corte. En este momento se discute en el Congreso la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2020 por cerca de $272 billones. El gobierno presento´ un presupuesto financieramente equilibrado. Sin embargo, las repercusiones expuestas anteriormente que pueda tener la caída de Ley de Financiamiento alterarían esa ecuación.
Es mucho lo que está en juego con la decisión que tomará la Corte esta semana. Por lo tanto, en un contexto internacional turbulento que no podemos controlar (situación conflictiva en materia comercial y tecnológica entre EE. UU. y China, la indefinición respecto al futuro del Brexit, entre otros), el país esta llamado a preservar y fortalecer la confianza y credibilidad en sus instituciones, factor determinante para avanzar en materia de competitividad.
Hago un llamado respetuoso a la Corte Constitucional, para que priorice la estabilidad macroeconómica del país, por encima de asuntos de trámites, que son subsanables.
*Presidente de ProBogotá Región