Ley de escuchas telefónicas

Mientras aquí nos regodeamos con el escándalo, otros países resuelven enfrentar el problema creando o reformado sus leyes sobre escuchas telefónicas. Esto es lo que ha ocurrido recientemente al menos en Argentina, Brasil, Guatemala, El Salvador, Italia, España, Venezuela y Estados Unidos. Pero nosotros nos solazamos con el escándalo y no vemos más allá de las narices.

En efecto, debido al veloz desarrollo de la telecomunicaciones el tema de las escuchas telefónicas ilegales es omnipresente internacionalmente. De hecho, por estos días en España es el tema de actualidad, en Italia ha generado una tormenta política, y recientemente la sede de la Unión Europea en Bruselas y el gobierno de Lula en Brasil tuvieron que afrontar situaciones similares. Pero mientras allá la discusión trasciende hacia la revisión de las normas y las medidas legales para evitar más abusos en el futuro, aquí se ha convertido para la oposición en una oportunidad para satanizar al gobierno y para los medios de comunicación en ocasión de jugosos escándalos. Unos y otros han dado en señalar que en Colombia el único que realiza 'chuzadas' es el DAS y como éste depende de la Presidencia de la República, entonces el presidente Uribe es el responsable de todas las 'chuzadas' que ocurren en el país. Por esta razón ni siquiera se toman la molestia de verificar el origen de cuanta grabación irregular llega a sus manos: todas son del DAS y todas son ordenadas por el presidente Uribe.

Pero resulta que en Colombia hay un enorme descontrol sobre este tema, y las escuchas ilegales no sólo las ha realizado el DAS, sino la Fiscalía General, la Procuraduría, la Policía Nacional, las mafias del narcotráfico, las guerrillas, y, sólo en Bogotá, más de 50 empresas de detectives privados que orondamente ofrecen en el directorio telefónico sus servicios para realizar seguimientos y 'chuzadas' a quien quiera pagar. Incluso por Internet se consiguen, fácilmente y por cómodos precios, aparatos para interceptar teléfonos celulares. Todo esto ha configurado un mundo turbio donde se mezcla el chantaje, la extorsión, el espionaje industrial, la intriga política, la vendetta mafiosa y la amenaza terrorista. Pero no: para la oposición y para los medios el DAS es el único que 'chuza' y Uribe es el que ordena todas las 'chuzadas'.

Esta distorsión de la realidad pregonada a los cuatro vientos puede haber inducido a muchos enemigos del gobierno, en la legalidad y en la ilegalidad, a realizar 'chuzadas' a diestra y siniestra, a políticos, a magistrados, a periodistas, a diplomáticos, etcétera, etcétera, para filtrarlos a los medios con la certeza de que estos y la oposición van a culpar al gobierno de esas grabaciones ilegales, y de esta manera enturbiar el ambiente, provocar la desestabilización, y pescar en río revuelto.

Creo que es de interés nacional no solamente esclarecer la verdad hasta donde sea posible, y castigar a los responsables de esas grabaciones ilegales, sino también iniciar un sano debate sobre la protección judicial a las telecomunicaciones. No sólo hay que reducir o acabar el DAS. Es necesaria una Ley de Escuchas Telefónicas que actualice nuestra normatividad en relación con el vertiginoso desarrollo reciente de las comunicaciones. Sobre la interceptación legal de estas no hay en Colombia una ley accesible y previsible. Tampoco hay medidas contra todos los abusos que ayer no eran posibles, pero hoy sí.

Para lograr mayores garantías al derecho fundamental a la privacidad que tiene todo ciudadano, es necesario revisar todo lo concerniente a estas interceptaciones. Determinar los delitos que las justifiquen, como en Brasil. Revisar los límites de tiempo, como en Argentina y Brasil. Establecer cuándo se destruyen las grabaciones, como en Francia y Argentina. Especificar la forma como los jueces deben motivarlas, como en Francia. Establecer controles judiciales a posteriori. Tal vez crear una Comisión Parlamentaria o una Comisión Independiente de Control, como en Alemania. Reglamentar la divulgación de las grabaciones en los medios de comunicación, como en Brasil e Italia. Incluir un juez de garantías como instancia de control, como en Argentina. Reglamentar las empresas de detectives privados. Establecer penas más severas a quienes realicen interceptaciones ilegales. Regular (¿o prohibir?) la venta y posesión privada de aparatos de interceptación telefónica, etcétera, etcétera.

La situación nuestra está muy descontrolada, pero aún no hemos llegado a extremos como el de Italia donde en un solo año se interceptaron legalmente 106.429 teléfonos, y el diario L'Expresso publicó un libro de 400 páginas con grabaciones ilegales. Pero podríamos estar cerca. Es el momento de imponer orden en casa.