Los adulteradores de aguardiente deben estar felices con la ley seca que le impuso el alcalde de Medellín a sus competidores. Antes de la cuarentena, los “combos” criminales ya controlaban la venta de aguardiente en dos de cada tres tiendas de la ciudad, son ellos (y no el alcalde) los que deciden qué se vende y qué se toma en buena parte de las discotecas, bares, billares y estancos de la capital antioqueña. A pesar de las buenas intenciones, la ley seca no dará los resultados que el alcalde espera, y en cambio sí agudizara el guayabo económico en la ciudad.
La fantasía de algunos alcaldes está en creer que con la ley seca la gente se resigna, se pone el tapabocas y se queda en la casa tomando tinto y jugando parqués. Pues no, la realidad probada es que ante la restricción legal, los consumidores de licor cambian los canales de compra, y en vez de ir al supermercado o un bar, lo piden a domicilio, lo encargan a la tienda de la esquina o en una promoción “2x1” que reciben por cadenas de WhatsApp. Así es como el comercio legal pierde a sus clientes y estos se trasladan sin saberlo a la ilegalidad.
El alcalde Quintero Calle no es el primero al que se le ocurre prohibir el consumo de alcohol como una medida de contención del virus, en Panamá estuvo vigente dos meses, en la India la pusieron y la quitaron, y en otros 11 municipios de Colombia la decretaron en algún momento. El caso de Medellín es especial por tres razones: es la ciudad más grande donde se ha implementado, se proyecta no solo por un día o un puente festivo, sino por cuatro fines de semana, y se aplica en una de las regiones con mayores ventas de alcohol adulterado en el país.
El alcalde subestima (o tal vez no conoce) la realidad de la adulteración de licores, alimentos, medicamentos y casi toda la canasta familiar en los sectores populares de Medellín. Este no es un negocio improvisado ni un fenómeno que llegó con la covid. Por el contrario, es una operación de grandes volúmenes que le compite con éxito a la legalidad, elude con facilidad las sanciones, los cierres y los allanamientos. Quienes administran los alambiques, también dominan la extorsión en las tiendas, el microtráfico en las calles y la corrupción en sus barrios.
La adulteración de aguardiente es uno de los negocios más lucrativos del portafolio criminal que tienen montados los “combos”. En una caracterización de la cadena de licor ilegal realizada con el Instituto de Ciencia Política (en proceso de publicación), encontramos que los adulteradores, le invierten 100.000 pesos a comprar el alcohol industrial por galones, los mezclan con anís y agua del tubo, consiguen las botellas reciclada con tapas y sellos en 2.000 pesos, le ponen candela para eliminar la espuma y las burbujas, y en un día dejan listas 300 medias de guaro, que al venderlas les generan una ganancia de un millón y medio.
Con la pandemia se les adelantó la navidad a los adulteradores, los alambiques encaletados en baños y garajes están en su pico de producción. Por un lado, el Gobierno nacional le quitó el IVA a la materia prima (alcohol no desnaturalizado proveniente de Ecuador), las empresas licoreras, los bares y restaurantes están en su peor momento, sin músculo para hacer mercadeo o mantener líneas de comercialización que les compitan, y además las autoridades que venían combatiéndolos y diezmando su capacidad, están ocupadas en apaciguar fiestas y reuniones familiares. Ahora les llegó el aguinaldo reforzado, una ley seca que les manda el alcalde Quintero, y que los deja solitos atendiendo la demanda de licor para toda la ciudad durante 12 días del mes.
El efecto no deseado y más grave de la ley seca (en Medellín o en cualquier ciudad) es paradójicamente en la salud pública. Este tipo de decisiones acarrean más temprano que tarde desenlaces trágicos, pacientes con ceguera, crisis hepáticas o neurológicas. La reciente experiencia de México, debe servir como lección aprendida para cualquier gobernante. La periodista Alejandra Inzunza documentó para el diario El País de España, el caso de 72 muertos por consumo de tequila adulterado durante la última ley seca, en Perú ocurrió algo parecido al principio de la emergencia y en Colombia tenemos una larga estela de víctimas anónimas de la adulteración.
La otra parte del guayabo que deja la ley seca se siente en el bolsillo. La Fábrica de Licores de Antioquia (que el exgobernador Pérez dejó ordeñada y empeñada), la Gobernación de Antioquia y los miles de distribuidores legales de licores, verán todavía más castigados sus balances contables de este dificilísimo 2020. Ojalá el alcalde Quintero entienda pronto que la Gobernación, el sector privado y los operadores legales son sus aliados en la contención tanto de la pandemia como de la ilegalidad en los licores, que con ellos puede contar en estos momentos de crisis e incertidumbre.
Alcalde, las políticas públicas se construyen entre todos, y no por mensajes de Twitter. Sus verdaderos rivales son los otros, las cabezas de los combos criminales, los que no pagan impuestos y que este fin de semana brindaron por la ley seca y hasta pólvora quemaron.