Los empresarios y la JEP

El debate sobre la responsabilidad de terceros civiles, empresarios o políticos, en el conflicto armado interno en Colombia, comenzó a tomar cuerpo desde el momento en que el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, habló en el año 2015 de un listado de más de trece mil personas investigadas por su incumbencia en hechos relacionados con el paramilitarismo.

En ese momento en La Habana se discutía el diseño de la Justicia Transicional en el quinto punto de la agenda: Víctimas. Era un proyecto y sus alcances hipotéticos, pero hoy es una realidad y hace parte del acervo constitucional del país. Los empresarios y políticos tendrán que responder ante La Justicia Especial para la Paz (JEP). Obviamente, no son todos los empresarios ni todos los políticos de Colombia, sino aquellos que en lugar de acudir al Estado en busca de protección, terminaron por financiar grupos paramilitares para, supuestamente, garantizar su seguridad ante la desafiante presencia de la guerrilla.

No hay duda, las llamadas Convivir fueron la fuente que alimentó el pretexto para que en algunas regiones del país empresarios y políticos regionales optaran por la estrategia equivocada de auspiciar grupos armados ilegales que hoy los tiene a las puertas de la JEP, estrategia que los indujo a hacer justicia por su propia cuenta e ir más allá, provocar el desplazamiento de cientos de miles de campesinos para adueñarse de sus tierras. En ese lío también se encuentran las empresas multinacionales que prohijaron y financiaron grupos paramilitares según versiones de postulados de Justicia y Paz, mecanismo jurídico con el que el Gobierno Uribe (2002-2010) negoció con los paracos un sometimiento a la justica.

Esa Justicia transicional diseñada por el Gobierno Uribe, reconoció un solo actor: los paramilitares. Los determinadores, los financiadores, pasaron de agache y pensaron que habían borrado todo rastro criminal. Esa fue y ha sido la estrategia: que paguen ante la justicia otros, pero la semilla de la impunidad que una vez floreció comenzó a marchitarse. La JEP y la Comisión de la Verdad son dos instancias a la que deben acudir los terceros civiles, empresarios o políticos, a contar la verdad para borrar de sus vidas el fantasma de la Corte Penal Internacional (CPI), de lo contrario será un fantasma con el que tendrán que convivir el resto de sus días.

Nada queda oculto si detrás de una acción hay un crimen. Por ejemplo, escudriñando en los medios internacionales encuentro en el portal de El Confidencial de España la denuncia sobre la corrupción en una entidad pública llamada el Canal Isabel II, y con sorpresa me entero que el empresario colombiano William Vélez Sierra, está vinculado a esa supuesta trama liderada por miembros del Partido Popular en ese país. Pero lo sugerente de la nota periodística es su título: “El Canal pagó 60 millones al empresario investigado por financiar a paramilitares” (el resaltado es mío). Pues bien, para quienes no lo conocen, se trata del zar de la contratación en Colombia quien, según ese llamativo señalamiento, seguro tendrá que acudir a la JEP voluntariamente a dar explicaciones, no por los hechos de corrupción en el país ibérico, sino porque directamente lo vinculan con la financiación de grupos armados ilegales en Colombia. Ahora, sino lo hace será requerido para que responda tras mediar una denuncia en su contra.

En buena hora la Organización No Gubernamental PAX HOLANDA acaba de publicar, en compañía de la corporación DeJusticia, el libro: “La Paz, responsabilidad de todos”. Un especie de manual para entender la responsabilidad corporativa o de empresas nacionales o multinacionales en la justicia transicional, en el cual, a manera de lecciones para Colombia, refiere casos de otros países que afrontaron con decisión la tarea de resarcir a las víctimas como vehículo para cerrar heridas y buscar la reconciliación entre sus ciudadanos. Esa es la obligación de un país como Colombia si quiere hacer de este acuerdo de paz un gran pacto ético y político.

@jairotevi