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Opinión

  • | 2019/05/11 23:20

    Los intocables

    Resultaría descabellado que los exfuncionarios que ordenaron terminar un contrato obtenido gracias a un soborno, vayan a quedar crucificados por cuenta de las gestiones que hacen los abogados de sus investigados, diligentemente atendidas por el procurador Carrillo.

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Hay personajes en Colombia que se creen Intocables.  

El 18 de septiembre de 2018 Jorge Sánchez, superintendente delegado de Competencia de la SIC, comandada por Pablo Felipe Robledo cometió ese sacrilegio: formuló pliego de cargos contra los directivos de Odebrecht y del Grupo Aval porque encontró que la Ruta del Sol 2 fue obtenida a través de una coima en la que José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, había participado. La investigación también advirtió que el proponente logró condiciones favorables en virtud del conflicto de intereses entre los esposos María Victoria Guarín (Corporación Financiera Internacional-IFC) y Diego Solano (Grupo Aval) que ya habían sido denunciados en una columna de Daniel Coronell.

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La investigación tocó al curibito. Fueron imputados por la SIC, además de los directivos de Odebrecht, José Elías Melo, Diego Solano y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez del Grupo Aval. Por primera vez una investigación le atribuía responsabilidad al Grupo Aval y a sus altos directivos y desestimaba la tesis abrazada por dicho grupo y por la Fiscalía de NHM de que Aval había sido tan solo una víctima de Odebrecht. Toda una herejía.

Esta decisión causó tal escozor, que precipitó la salida del superintendente Robledo. En menos de 24 horas, el presidente Iván Duque designó a su sucesor, hecho al menos curioso porque él, siendo senador, le solicitó a la SIC investigar si había o no una infracción a la libre competencia en este caso.    

Desde entonces la defensa de lo público solo les ha servido a Robledo y Sánchez para que los cerquen. Tres meses después de haber formulado el pliego de  cargos,  el 20 de diciembre de 2018, Jaime Lombana, abogado del Grupo Aval, presentó una denuncia en su contra ante la Procuraduría y la Fiscalía por prevaricato y extralimitación de funciones. De ser reconocidos funcionarios encargados de detectar las malas prácticas en el mundo empresarial pasaron hoy a ser denunciados por sus investigados. Un mundo perfecto para que la corrupción siga despachando desde el Olimpo.       

Un procurador delegado decidió que no había méritos para el inicio de una investigación y dictó auto inhibitorio el 3 de abril de este año. Sin embargo, diez días después el propio procurador Fernando Carrillo ordenó a sus subalternos revocar el inhibitorio y volver a evaluar la denuncia, sin que se encontrara una nueva prueba.

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Esa decisión se produjo el mismo día en que el abogado Lombana le solicitó al procurador la reapertura de la investigación. Se demoró más Lombana haciendo la solicitud que el procurador Carrillo ordenando su reapertura.

Lo absurdo de todo este circo es que el procurador Carrillo presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en febrero de 2017 pidiendo la suspensión del contrato Ruta del Sol 2, luego de que Odebrecht confesara en Estados Unidos el pago de 11 millones de dólares en sobornos, coima que también confesó haber recibido el viceministro García Morales. El tribunal falló el 14 de diciembre de 2018, inhabilitando por diez años a los socios de la Ruta del Sol 2 y condenándolos a pagar 800.000 millones de pesos.

Sorprende que el mismo procurador que pidió suspender el contrato Ruta del Sol 2, atienda tan diligentemente las solicitudes del apoderado de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez para empapelar a exfuncionarios cuyas decisiones han coincidido plenamente con las de otras autoridades. (El fallo en la acción popular que protegió la libre competencia presentado por él mismo y el de la juez penal que condenó a Melo a 11 años de prisión que ordenó compulsar copias contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y María Victoria Guarín, entre otros).

Resultaría descabellado que los exfuncionarios que ordenaron terminar un contrato obtenido gracias a un soborno, vayan a quedar crucificados por cuenta de las gestiones que hacen los abogados de sus investigados, diligentemente atendidas por el procurador Carrillo.

No hay que olvidar que Fernando Carrillo está impedido para conocer de Odebrecht, porque él también trabajó para el Grupo Aval. Si ello es así, no se explica por qué atendió la solicitud del abogado de Luis Carlos Sarmiento G. en vez de declararse impedido como él mismo se lo ha reclamado al fiscal Martínez Neira.

Acatando la orden de Carrillo, en tan solo un día, su delegada les abrió investigación a los exfuncionarios de la SIC.

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Que no nos vaya a pasar la vergüenza de ver a los investigadores que fueron capaces de develar la verdad sobre cómo se adjudicó este contrato espurio, inhabilitados por la Procuraduría, mientras los protagonistas de este penoso escándalo se transforman en los buenos de la película.

Cercar a los funcionarios que cumplieron con su deber, puede ser una jugada a muchas bandas hecha con el propósito de amedrentar a todas las autoridades que tienen en sus manos casos de Odebrecht; al actual superintendente que tiene que tomar la decisión final en el caso abierto por Robledo y Sánchez; a los magistrados del Consejo de Estado que estudian la apelación del fallo proferido por el tribunal, a los de la Corte Constitucional encargados de examinar la constitucionalidad de la polémica ley que permite el reconocimiento de prestaciones mutuas entre el Estado y el contratista en obras públicas ganadas a través de coimas y a los árbitros que actúan en el millonario tribunal que estudia las reclamaciones de Odebrecht y sus socios colombianos en Ruta del Sol 2, cuyo presidente ya denunció seguimientos y chuzadas.

Mensajes a Bolívar para que los entienda Santander.

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