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Opinión

  • | 2019/02/12 10:25

    El “gota a gota”: otra vergüenza nacional

    El reciente suicidio de una mujer en Ibagué, con su hijo de 10 años, pone la luz sobre una macabra industria de crimen, explotación, extorsión y usura, derivada del narcotráfico, que se extiende por varios países con el sello Colombia.

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La desgarradora imagen muestra a Jessy Paola Moreno Cruz, una madre de 32 años y a su hijo de 10, junto a un puente elevado en Ibagué. El niño le pide que no lo haga, pero ella se lanza con él al vacío. Murieron instantáneamente. Otras de las miles de víctimas cotidianas del “gota a gota”, un abismo vertiginoso, macabro e implacable de usura, extorsión y violencia, un infierno en vida y no pocas veces el abrazo de la muerte para personas pobres, desvalidas, débiles, agobiadas y abatidas por las carencias o por la necesidad.

La usura, es tan antigua como la humanidad. Sin embargo, por sus singularidades, su fría eficacia para colocar y recuperar préstamos, el tamaño vertiginoso de los intereses y obligaciones que impone, la crueldad y violencia de sus sistemas de cobro, el “gota a gota” es sin duda una de sus peores expresiones conocidas. Es, en esencia, una invención local, un hijo monstruoso del narcotráfico, otro los tantos ingenios de sus mafias para maximizar ganancias, que retrata con precisión hasta dónde pude llegar la condición siniestra y sucia de quienes ejercen esa actividad.

No es un fenómeno aislado ni reciente en nuestro país. Es toda una industria con tentáculos y presencia en por lo menos 181 municipios, según la Policía y la Fiscalía General de la Nación y un negocio de grandes proporciones que mueve entre 2.500 y 3.000 millones de pesos por día a nivel nacional. Según las autoridades sus principales víctimas son mujeres cabeza de familia, comerciantes, taxistas y campesinos y se da en especial en centros de abasto, plazas de mercado y sanandresistos.

Grupos de ‘volanteros’, entregan masivamente publicidad con la oferta de los préstamos, que remite a las estructuras de quienes reciben las solicitudes, verifican la identidad, el domicilio del solicitante y establecen las garantías. Prestan de inmediato pero el veneno está en las tasas de interés que exceden la línea de usura trazada por la ley y hasta 100 o más veces el valor de un préstamo bancario.

El deudor está obligado a realizar pagos diarios y consolida su tragedia cuando se llega a retrasar en los mismos. Ahí aparecen los sistemas de cobranza, viles y despiadados: llamadas, visitas, una presión sostenida, agresiva e inclemente que muchas veces termina en torturas, agresiones y asesinatos. También es una estrategia para vincular a gente inocente al delito, en concreto al lavado de activos y al narcotráfico, a través de permitirles a los morosos, pagar sus obligaciones haciendo viajes como mulas.

El negocio se ha extendido por Colombia con casi total impunidad, pero más impresionante aún es que lo trasladaron y está vigente y próspero en otros países de Latinoamérica, con marca colombiana: México, Centroamérica, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, que ahora albergan células del Clan Usuga, Los Triana, Los Cocuelos, Los Rastrojos, la Oficina de Envigado y otras estructuras tenebrosas de “volanteros” intermediarios, cobradores en moto, con sus macabras liturgias de amenazas, extorsión, homicidios y constreñimiento, viento en popa en plazas de mercado y centros de abasto de esos países, gracias a que esa actividad no existía allá y por lo tanto tampoco está tipificada como delito.

Los principales responsables de este fenómeno son las mafias, pero también comparten enormes culpas el gobierno que no logra contener el crimen ni crear condiciones para que la informalidad laboral en Colombia deje de ser la más alta del mundo, (según la OIT) y un sistema bancario insensible a la suerte de los pobres, que apenas involucra a 26,6 millones de colombianos, lo cual deja a todos los demás -individuos, comerciantes, microempresarios, transportadores, campesinos- al margen de acceder a créditos formales y a merced del gota a gota. Ocupamos el puesto 25 entre 26 países en acceso a productos bancarios -cuentas de ahorro, corrientes etc- en una evaluación reciente del Foro Económico Mundial. Baja conectividad, en especial en el campo, ignorancia, tramitomanía, falta de programas del Gobierno y de interés de los bancos, son algunas de las barreras que detienen la bancarización.

Pero de todo, lo más grave es la falta de mecanismos adecuados para proteger a grupos vulnerables de la peligrosa, agresiva y compleja acción de esas mafias del gota a gota, unida con la inoperancia del sistema judicial en la lucha contra ese delito. La Fiscalía General de la Nación acaba de entregar su balance 2018 que reporta 60 capturados en todo el país y la incautación de 306 millones de pesos a organizaciones del gota a gota, negocio que tan solo en Bogotá mueve alrededor de 1.000 millones de pesos al día. Queda claro en esas cifras el nivel de indefensión en que se encuentran los colombianos más débiles y cuánto están atados a la esclavitud y al acoso de prestamistas, extorsionistas y de sus bandas de sicarios.

Doloroso, absurdo, injustificable a primera vista, el sacrificio de Jessy Paola Moreno Cruz y de su hijo, y en el fondo, también reflejo, testimonio y denuncia del infierno de injusticia, impotencia, abandono y falta de oportunidades que afecta a millones de colombianos en su vida cotidiana. De lo que llegan a pesar en el alma humana la ruina y la derrota, el cierre aparente de todos los caminos, la indiferencia y la insolidaridad. Simple y desolador: nadie hizo o no pudo hacer nada para salvarla.

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