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Opinión

  • | 2009/07/02 00:00

    Los nuevos empresarios de la basura

    Como la basura se volvió un gran negocio, el país ha terminado haciendo todo lo posible para sacar a los recicladores de él. La Corte por suerte salió a defenderlos.

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Tanto será lo que creemos en “el mercado” que buscamos una orden judicial para que no se excluya a “los pobres” de él. Armamos un caso para que la Corte Constitucional considerara ordenarle al Estado Colombiano incluir a los recicladores de basurero y calle en la economía formal del aseo.

Por discriminaciones históricas, desplazamiento o desempleo, muchos colombianos llevan rebuscándose su vida y la de sus hijos en nuestra basura y, de paso, inventándose el reciclaje en este país. Como el aseo no es un mercado privado -como el de quien negocia con bluyines o empanadas- sino un mercado privatizado que el propio Estado define, delimita y adjudica a operadores privados, pensamos que la inclusión sería fácil.
 
Pues no. Resulta que la basura es ahora reciclable y por tanto un creciente y millonario negocio que transa y convierte residuos en materia prima para la industria. Así que el desafío en los últimos años ha sido impedir que a los recicladores les quiten la basura.
 
Con o sin intención, tres nuevas decisiones públicas volvieron a cortar el acceso. De un lado, la Ley 1259/08 obliga a la policía a imponer un comparendo/sanción a quien abra un basurero en espacio público y extraiga algo de basura. Del otro, los recicladores de Cali se quedaron sin acceso a la basura del botadero de Navarro que, la CVC y la Alcaldía, tranquilamente cerraron sin pensar en ofrecerle a los recicladores que ahí vivían y trabajaban medidas alternativas para su subsistencia.
 
Para rematar, desapareció también toda posibilidad de que los recicladores o sus cooperativas pudieran formar empresas de la basura, porque el gobierno nacional -obrando a título de interventor de Emsirva y a través de la Superintendencia de Servicios Públicos- estructuró y adjudicó toda la operación del aseo de Cali -incluidas las futuras rutas selectivas de reciclaje- sin considerar la jurisprudencia, la voluntad de los caleños o el impacto desproporcionado que tendría la privatización, hasta del reciclaje, en la supervivencia de los recicladores que se quedarían así sin acceso a la basura de la que depende sus vidas.

CiViSOL, la organización que fundé con varios amigos para buscar un cambio sistémico, empaquetó y estructuró todos los argumentos en un solo gran caso que perderíamos miserablemente o ganaríamos contundentemente. Por suerte, pasó lo segundo.
 
La Corte Constitucional, en su Sentencia T-291/09, aceptó nuestro argumento de que los recicladores de Colombia han desarrollado a lo largo de décadas conocimiento, habilidades y un nicho de negocio que les da derecho no sólo a trabajar sino a seguir con su emprendimiento a partir de la basura y por tanto los reconoce como empresarios de la basura.
 
De ahí que por esta y otras razones -como el derecho de quienes están en pobreza no sólo a sobrevivir o emplearse con un salario mínimo, sino también a hacer empresa- los recicladores, tal y como lo ordenó la Corte, deberán ser incorporados a la economía formal del aseo y el reciclaje de la ciudad.
 
Para ello se ordenó crear un Comité Especial que diseñe e implemente la inclusión; no aplicar la Ley 1259-08; invitar a la sociedad civil a cederles directamente la basura; y suspender definitivamente la última licitación de aseo en Cali. Al respecto, la Superintendencia tendrá que volver a hacer la licitación pero esta vez dándole preferencia a las organizaciones de recicladores e incentivando a otros licitantes a incluirlos en sus ofertas, y no sólo a través de empleítos precarios, sino permanentes o en asocio con sus cooperativas.
 
Así que este caso lo perdió la Gobernación/CVC, la Alcaldía/Dagma y el Gobierno Nacional/ Superintendencia. Perdieron todos, por olvidar que somos un Estado Social de Derecho, y que el poder público que los colombianos temporalmente hemos delegado en ellos, es para usarlo para disminuir pobreza, no para crearla. 





*Adriana Ruiz-Restrepo es abogada y politóloga caleña fundadora de RRA (Derecho Público + Innovación Social) una firma de abogados y consultores que canaliza toda su responsabilidad social a través de CiViSOL: Fundación para el cambio sistémico, la ONG de la cual es también fundadora y directora.


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