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Opinión

  • | 2019/10/14 15:42

    Los sinsentidos de la erradicación manual

    La erradicación manual de cultivos ilícitos es la manera más costosa, inhumana e ineficiente de enfrentar el “boom” cocalero.

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 La técnica de usar colombianos de ingresos bajos para arrancar con palines y con sus manos los arbustos de coca, se expandió durante el primer gobierno de Uribe y hoy es la principal apuesta del Gobierno Duque para reducir a la mitad o en un 70 por ciento (dado que unas veces el jefe de Estado da una cifra y otras veces otra) las hectáreas de coca. 

La erradicación manual es trágica y se promueve de manera indolente, en lo que va de este gobierno son 12 los muertos y 85 los heridos y amputados según las cifras oficiales. En números fríos y basados en la cifra oficial, tenemos que por cada 650 hectáreas erradicadas el saldo es un colombiano herido a bala, mutilado por una mina o asesinado, y todo ese drama que se acumula año tras año solo sirve para que el ministro de Defensa de turno pueda certificar que cumplió la meta. 

Bajo el estrés operacional de los capitanes y tenientes que son enviados a combatir la coca en medio de comunidades hostiles, sin equipos antiexplosivos suficientes, con esquemas de seguridad fragmentados, limitada movilidad y con personal que no es apto para este tipo de misión. Las bitácoras de los grupos móviles de erradicación terminan no pocas veces exagerando las dimensiones de lo erradicado, reportando lotes de coca que no existen, arrancando solo la mitad de los arbustos de los cocales o contando doble. Si se restan los resultados falsos de erradicación (30 por ciento) y se pondera por la tasa real de resiembra (80 por ciento para usar números redondos), tristemente el impacto final de una actividad tan riesgosa como la erradicación manual no llega ni a las 100 hectáreas netas de reducción por cada herido o asesinado. 

En un estudio preliminar que hicimos con los investigadores Tatiana Celis y Daniel Wiesner, estimamos que el impacto neto de la erradicación manual (con grupo control para aislar otros factores y determinar condiciones de causalidad a través del análisis de diferencias en diferencias) este es de solo 37 hectáreas por vereda intervenida. Hay veredas de Tumaco y Catatumbo que tienen más de 2.000 hectáreas de coca sembradas, por eso la erradicación manual son meras cosquillas para los narcos.  

Otro de los sinsentidos de la erradicación manual, está en que los campesinos van a jornalear arrancando coca y esquivando balas y minas, lo hacen por solo 20.000 pesos diarios (después de todos los descuentos de ley), además son contratados directamente por el Ministerio de Defensa, lo que constituye una violación a la convención de Ottawa (firmada por Colombia en 1997, ratificada en el 2000 y en vigencia desde 2001). La convención prohíbe expresamente el uso de civiles para el desarrollo de tareas de alto riesgo de incidentes en campos minados. La Campaña Colombiana Contra Minas lleva años advirtiendo de esta irregularidad. 

La cosa empeoró este año sin que nadie en el sector defensa se halla percatado o puesto a sacar las cuentas a largo plazo, en marzo pasado el Consejo de Estado falló una demanda a favor de las familias de seis erradicadores muertos por una mina en La Macarena en el 2006 durante la operación Colombia Verde, en el fallo judicial se le ordenó a la Nación pagarle a las victimas 2300 millones. Como factor multiplicador del riesgo fiscal, vale la pena recordar que son más de mil los heridos y fallecidos hasta ahora en campañas de erradicación manual.    

El panorama se torna gris oscuro cuando se sabe que la aspersión aérea que se anunció desde el 7 de agosto de 2018, ha tenido varias fechas de inicio, pero sin ningún avance real; en julio tras el fallo de la corte, el ministro Botero la anunciaba para septiembre y nada paso, en septiembre el presidente dio un ultimátum del 15 de diciembre y hasta ahora ni pilotos, ni aviones a la vista. La semana pasada en la reunión binacional de alto nivel en Washington, la delegación colombiana entrego un nuevo cronograma al Departamento de Estado con fecha de inicio para abril del 2020. 

No se necesitaba ser adivino para advertir que sin la aspersión aérea la solución cortoplacista sería la de meter más grupos móviles de erradicación. Han anunciado desde el CAN que van a subir los GME de los 23 que había en agosto del año pasado a 150 para cerrar 2019. Por ende, tendremos por cuenta de la erradicación manual más viudas, más huérfanos, más mutilados y más demandas millonarias, mientras que la coca y el narcotráfico seguirán en auge.  

@danielmricov

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