OPINIÓN
El que escruta no elige. Los temores de fraude electoral
El sistema electoral colombiano está lleno de vacíos y debilidades, eso lo hace muy vulnerable a que los políticos aprovechen para distorsionar la voluntad de los ciudadanos y se cometan frecuentes y severos hechos de corrupción que rara vez son castigados, pero de allí a creer que es posible robarse unas elecciones presidenciales en Colombia hay mucho trecho.
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Las distintas fases del proceso electoral en Colombia están plagadas de engaños y distorsiones. En el período de campaña, por ejemplo, muchos candidatos gastan más dinero de lo que está permitido y la contienda electoral se transforma en una competencia de chequeras. Para agravar la situación, los recursos provienen tanto de organizaciones criminales como de contratistas interesados en obtener beneficios del Estado. Ese dinero se usa para comprar votos y distorsionar la voluntad de los ciudadanos, pero estos hechos se dan durante la campaña electoral y no durante el proceso de conteo de los votos.
En el caso de la labor de conteo y registro de la votación, también se presentan problemas, sin duda, pero no todos se pueden atribuir a la intención de fraude. Un ejemplo de esto ocurrió hace poco con el fallo del Consejo de Estado sobre el partido Mira. En dicho fallo se demostró que muchos tarjetones fueron anulados por encontrarse dos marcas pero esto se produjo por el contacto de la tinta mojada del plumígrafo al momento de doblar la tarjeta electoral y la decisión de los jurados de votación fue anular dichos votos, erróneamente, no porque nadie les hubiese pagado para perjudicar al partido Mira.
Por esto resulta necesario ser más cuidadosos a la hora de realizar un análisis sobre los problemas del fraude en las elecciones en Colombia y distinguir la naturaleza de los distintos problemas.
En primer lugar, muchas de las dificultades existentes se originan en la falta de preparación de quienes actúan como agentes electorales el día de los comicios. Las fallas en el conteo se deben las más de las veces a problemas de criterio o incompetencia de los jurados electorales, y rara vez a la captura de los jurados para ejercicios de fraude. Curiosamente, la aleatoriedad en la escogencia de la selección de los jurados electorales es un elemento que contribuye a evitar la corrupción, pues hace muy difícil que los actores políticos puedan controlar la ubicación de los mismos. La Registraduría ha realizado esfuerzos por calificar la labor de los jurados, quienes ahora reciben capacitaciones previas pero esto no los exime de cometer errores que insisto en que no se pueden asociar totalmente a una intención fraudulenta.
Un escenario más complicado es el de las comisiones escrutadoras, cuyo número más reducido podría facilitarse más para el fraude, pero es difícil poner de acuerdo a todas las instituciones que en dicha instancia participan, amén de que en muchos casos los partidos y candidatos designan personas para acompañar dicho escrutinio. Nuevamente, es más factible controlar una o unas comisiones escrutadoras, pero un control generalizado de dichas comisiones es impensable.
Los ciudadanos, una y otra vez manifiestan su escepticismo sobre la transparencia del proceso electoral. La respuesta a esa insatisfacción ha sido la presentación de reiteradas iniciativas de reforma electoral, pero las mismas han naufragado en medio de la oposición de los políticos, las autoridades electorales y la propia justicia. Lo cual ha reforzado la idea de que el resultado electoral está controlado y manipulado.
Todo esto hace necesario que el nuevo gobierno lidere un proceso de transformación de la institucionalidad electoral, tanto mediante la creación de una verdadera justicia electoral, la independización y profesionalización de los órganos de gestión electoral y una gerencia moderna con procesos adecuados, incluido en lo pertinente la adopción de alguna modalidad de voto electrónico, además de la adopción de un código electoral que refleje las realidades del siglo 21.
Los vacíos y problemas de nuestra organización electoral permiten que a pequeña escala, algunos sean capaces de alterar los resultados en beneficio propio, logrando que aparezcan y desaparezcan votos según conveniencia. Pero trasladar esa manipulación a una escala más grande resulta inviable. Para un proceso de elección presidencial, el sistema electoral colombiano es prácticamente imposible de manipular debido a la cantidad de personas e instituciones que intervienen.
No solo es impensable que se puedan coordinar jurados de votación en todo el país para manipular sincronizadamente las cifras, sino que los soportes del conteo de la Registraduría difícilmente son controvertidas en los procesos de escrutinio. Quedaría entonces la opción de que alguien manipule el software, como se ha sugerido por algunos, pero un señalamiento de este tipo olvida el hecho fundamental que en la medida que los colombianos votamos con papeletas cualquier manipulación del software se caería en el reconteo.
En conclusión, para tener un debate serio sobre la corrupción electoral y las posibilidades de un fraude masivo, no se puede asumir que las múltiples fallas del proceso electoral son debidas a corrupción y tampoco creer que sea posible la manipulación del sistema para alterar la selección presidencial.
En Colombia, para la campaña presidencial, el que escruta no elige.