La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó recientemente un informe sobre “La migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica” en el que señala que a partir del momento en el que se inició la represión en Nicaragua, se ha presentado una masiva salida de nicaragüenses, especialmente hacia Costa Rica, por razón de la flagrante violación de los derechos humanos. Señala además que han muerto 325 personas, 2000 han sido heridas y 700 han sido detenidas.
La Comisión no duda en calificar la migración de “forzada”. El principal destino es la vecina Costa Rica, que a lo largo de los años ha debido soportar la progresiva afluencia de nicaragüenses. Migración, sin embargo, no comparable con la magnitud y las preocupantes características de la que está afectando a Colombia por efecto de la debacle madurista en Venezuela.
Las angustias de Costa Rica con Nicaragua, no se limitan a la migración. El gobierno sandinista, prevalido de que Costa Rica no tiene ejército desde 1949, ha amenazado frecuentemente a su vecina. incluso militarmente. Como sucedió durante muchos años, si la asamblea nacional de ese país impartía su aprobación al tratado que concertó en 1977 con Colombia sobre delimitación de áreas marinas y submarinas en el mar Caribe.
Nicaragua, consideró que el tratado afectaba gravemente la soberanía y jurisdicción marítima de su país y que Colombia le había “ganado de mano” a los ticos durante la negociación.
Los sandinistas advirtieron además sutilmente que con los migrantes que tenían dentro de Costa Rica, contaban con una “quinta columna” dispuesta a actuar contra ella, en caso de que se presentara un conflicto entre los dos países.
Llegó el momento en que fue designado como canciller de Costa Rica un jurista de origen nicaragüense, que tenía parte de su familia residiendo en Managua. Este caballero, no obstante que se mostraba formalmente amistoso y cordial con Colombia, concertaba al mismo tiempo arreglos con Nicaragua que no solamente afectaban los intereses de nuestro país en la delimitación de los espacios marítimos, sino que se comprometía a no aprobar el tratado colombo-costarricense hasta que nuestro país hubiera definido con Nicaragua las pretensiones de esta sobre el archipiélago de San Andrés, generando así un tácito apoyo a las pretensiones nicaragüenses.
Posteriormente, durante el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, Costa Rica intervino y optó por hundir el tratado que había concertado con Colombia a pesar de que jurídicamente estaba obligada a respetarlo.
En efecto, aunque el tratado no estaba aprobado por la asamblea costarricense, su cancillería en varias notas canjeadas con el gobierno colombiano, había expresado que el tratado se venía aplicando de buena fe entre los dos países y que el hecho de que durante más de 30 años no se hubiere presentado un solo incidente marítimo, era la demostración de los beneficios que reportaba para ambos países.
La constante oposición de diversos sectores políticos costarricenses, así como la de algunos “expertos” auspiciados por Nicaragua, impidió finalmente la aprobación del tratado.
Así Nicaragua entre la lisonja y la velada amenaza, logró su objetivo.
(*) Decano de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario