No había reportado amenazas, ni solicitada protección

Más de 550 historias como estas se podrían contar en los últimos cuatro años. Centenares de líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las Farc. Se asesina un líder social cada tres o cuatro días. Además, si se contaran las victimizaciones como las amenazas, atentados, entre otras, serían casi dos victimizaciones por día contra los liderazgos sociales.

Edilberto Cantillo Meza no había reportado amenazas, tampoco solicitado protección. Fue asesinado a las siete de la noche por dos encapuchados que le propinaron tres disparos que causaron su muerte inmediata. Él, era un reclamante de tierra, había llegado al Copey, departamento del Cesar, después de que los paramilitares lo desplazaran de la vereda Piedras Blancas. Dentro de su carrera como líder social fue miembro de la Asociación Veredal de Víctimas de Copey y fue, también, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Entrerríos

No se debe olvidar que, en la época del Bloque Norte de las AUC, también llamado La Empresa, en la Costa Atlántica se despojaron centenares de miles de hectáreas de tierra. Dicho Bloque fue comandado por Jorge 40, quien está extraditado a los Estados Unidos y no ha aportado nada de verdad. Él sabría y tendría mucha información sobre los denominados terceros, es decir, civiles, entre ellos políticos y empresarios que se beneficiaron del despojo de tierras. Además, en los últimos días se armó un debate ya que en el Ministerio del Interior se nombró al hijo de Jorge 40 para trabajar el tema de víctimas.

El departamento del Cesar es el segundo, luego de Antioquia, con más solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas de la Unidad de Restitución de Tierras. Las cifras sobre el despojo y abandono de tierras llegarían a cerca de 6 millones de hectáreas en todo el país. El Cesar fue uno de los epicentros de este despojo.

Las cifras indican que, los perfiles más victimizados en esta masacre continuada contra los líderes sociales son los de miembros de Juntas de Acción Comunal, los reclamantes de tierra y líderes que participan en política ya sea en procesos electorales o en el control político. Todo indica que tomar esos papeles es llevar un punto de tiro al blanco en la frente. El Gobierno y el Estado niegan la sistematicidad, dicen que el que mata no es el mismo, disparan de muchos lados, pero todo indica que la sistematicidad viene dada por el perfil de las víctimas y no tanto por el victimario. Esto significa que no mata el mismo, pero matan a los mismos.

Las investigaciones sociales, por otro lado, mostrarían que el hecho de que el victimario no sea el mismo obedece a que se contratan sicarios para victimizar a los líderes sociales. Lo importante no es solo capturar al sicario, sino también, a los determinadores.

En los próximos meses, cuando la verdad del conflicto comience a salir a flote en los diferentes procesos que lleva la JEP, el riesgo para los reclamantes de tierra y de verdad tenderá a aumentar. Muchos de esos terceros fueron cómplices de grupos armados ilegales, hoy están en la legalidad y en la impunidad, obviamente, no les gusta la JEP, no les gusta la verdad y se opondrán a todo aquello que signifique confesión y devolución de tierras.

Lamentablemente, hay sectores políticos, como el partido de gobierno, el Centro Democrático, que están interesados en eliminar la JEP o beneficiar a los terceros dándoles gabelas jurídicas. Al final, lo que quieren es que la verdad nunca se sepa. Colombia es el país donde se asesinan más líderes sociales en la región y parece que la sociedad colombiana comienza a normalizarlo.