Pacto por Colombia

El presidente Duque no habría ganado la contienda electoral exclusivamente con los votos de los partidos Conservador y Centro Democrático, que son los que lo respaldaron en primera vuelta. Los votos que obtuvo en la segunda, y que lo hicieron presidente, provienen de ese núcleo inicial y de fuerzas políticas distintas a las que convergieron en la coalición de Petro.

Entiendo que por este motivo Cambio Radical y el Partido Liberal confiaban en tener alguna representación en el gabinete; por razones que tuvieron que ser muy poderosas, esta opción no se concretó. El rumbo trazado por el presidente tiene una consecuencia profunda: su gobierno, que pudo comenzar contando con mayorías sólidas en el Congreso, las tiene precarias; tiene que asegurarlas para cada una de sus iniciativas, sin incurrir en “mermelada” ni nada que se le parezca. Esperemos que, para bien del país, tenga éxito.

Un camino posible para resolver esta dificultad consiste en que se abstenga de proponer iniciativas propias en algunos temas para respaldar proyectos presentados por sectores independientes pero que, en todo o en parte, coinciden con sus visiones. Este curso de acción podría intentarse con las reformas a la justicia planteadas por Cambio Radical. Las propuestas que allí se contemplan son sensatas; en lo fundamental coinciden con las que Duque y su ministra de Justicia han expresado.

Un punto inicial consiste en afrontar la abrumadora inseguridad jurídica, noción que abarca la imprevisibilidad de las decisiones jurisdiccionales, el poco peso que tienen los precedentes creados por las altas cortes, y la vastedad, casi inabarcable, del sistema jurídico. Aquella anomalía tiene que ver con la expansión injustificada de la accion de tutela, que fue concebida como recurso extraordinario para la protección de los derechos fundamentales de quienes la promueven, y que, en la práctica, se ha convertido en un recurso ordinario dentro de todos los procesos judiciales, y para decisiones tan estrambóticas como convertir los elementos de la naturaleza -los ríos, por ejemplo- en sujetos de derecho cuando son, en todas las legislaciones del mundo civilizado, bienes de uso público bajo regulaciones que deben ser, cuando corresponda, estrictas.

Tradicionalmente, en el repertorio de fuentes del Derecho, que jueces y otros funcionarios deben utilizar para anclar sus determinaciones, el precedente judicial no era reconocido, consecuencia necesaria de que nuestro orden normativo tuviese origen en el derecho legislado, propio de Europa Continental, y no del common law anglosajón que da a las decisiones judiciales en muchos ámbitos el mismo valor de la ley que emana del Parlamento. De manera imprevista y traumática desde la Carta del 91 comenzamos a alejarnos de nuestra cultura jurídica ancestral para virar hacia la que irradia desde los Estados Unidos. Regularizar esa tendencia, para que genere claridad entre los destinatarios de las normas, impone exigir a las Cortes que en sus sentencias con precisión definan su núcleo vinculante, paso previo a la compilación y difusión de los hitos jurisprudenciales. Nadie puede estar en desacuerdo con esta propuesta.

Las “tutelatones”, un claro abuso del derecho ciudadano a requerir la intervención de la justicia, que algunos políticos han utilizado con absoluto desdén por sus efectos perniciosos, debe cesar; solo aquél que se pretenda agraviado en un derecho fundamental podría introducir acciones de tutela. En este mismo empeño por lograr que retorne a su cauce esta valiosa herramienta, resulta indispensable definir con precisión cuándo y cómo puede emplearse para la impugnación de determinaciones judiciales. La laxitud que hoy es normal resta eficiencia a la administración de justicia y genera oportunidades de corrupción.

No es trivial que se pretenda que el Gobierno sea autorizado para compilar las normas de jerarquía legal existentes, de modo tal que aquellas que no sean incorporadas en esos cuerpos normativos se entiendan derogadas. Esta labor profiláctica requiere cautelas, pero su conveniencia es ostensible. Ayudaría a que tuviéramos menos incertidumbre sobre nuestras obligaciones y potestades.

Algo tenemos que hacer con la alta magistratura para ayudarla a recuperar su prestigio. Con buen criterio el partido de Germán Vargas plantea que los requisitos de acceso sean más severos, los periodos de mayor longitud, y que, cuando ellos expiren, no puedan retornar los magistrados como litigantes en las corporaciones a las que sirvieron. Imagino que el Gobierno está de acuerdo con opciones como estas, y que con entusiasmo respalda la idea de excluir a los integrantes de la cúpula judicial de la postulación de candidatos para otros altos cargos. Su impacto moralizante de la judicatura y restaurador del honor estamental deteriorado sería incuestionable.

Cambio Radical plantea interesantes soluciones para resolver la crisis gravísima de la justicia penal. En la actualidad, solo el 2.53% de las noticias criminales concluyen en una sentencia. ¡Una impunidad abrumadora!   Como la apertura de procesos es superior a la capacidad del sistema para evacuarlos, es cuestión de tiempo para que se produzca su colapso. Muchos criminales saldrán de las cárceles por la imposibilidad del Estado de probarles sus delitos; peor aún: los reclusorios están atiborrados de inocentes a los que no somos capaces de brindarles procesos penales justos y oportunos.   

Entre el repertorio de propuestas hay una simplísima: eliminar la intervención de los jueces entre el momento en que la Fiscalía formula cargos y profiere resoluciones de acusación; su tarea consistiría solamente en juzgar sobre las pruebas recogidas por la Fiscalía. Así suelen funcionar la generalidad de los sistemas penales acusatorios. Con buenos argumentos se señala que esta medida tendría un efecto muy positivo en la reducción de la congestión existente, la cual, a su vez, es una de las causas del hacinamiento carcelario.

Desde luego, todas estas iniciativas son debatibles. Mientras más pronto el Congreso se ocupe de ellas, con la participación de las distintas bancadas y del Gobierno, tanto mejor. De pronto a este le resulta más inteligente montarse en el bus que ya partió, que esperar el propio, el cual, pese a que iría hacia el mismo destino, todavía está en el taller de ensamblaje...

Briznas poéticas.  Líneas anónimas halladas en una botella en las playas de Tolú: Amanecer: “Del mundo solo quedaba el recuerdo. / Canta un pájaro y una luz sangrienta lo recrea”.