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Opinión

  • | 1999/11/29 00:00

    PAIS DE BARBAROS

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sorprendida con la noticia sobre la rebaja de penas por el Jubileo, Elizabeth, una empleada
del aseo, entró a mi oficina y con su voz tímida y respetuosa pero con la firmeza que provoca la honda
indignación me preguntó: "¿Será que los sueltan? ¿Será que voy a ver en la calle al tipo que mató a mi hijo de
16 años? Yo no sé qué hago si lo veo en la calle_ me muero". Quedé frío y mi primera reacción fue
consolarlacon una oportuna mentira puesto que el proyecto tenía buen ambiente en el Congreso.
Por fortuna para el país, la descabellada propuesta del senador indígena Jesús Piñacué de rebajar hasta el 50
por ciento de las penas de los presos se extinguió en el camino gracias a la clarividencia y sensatez del
Fiscal y de algunos parlamentarios. A la hora de escribir estas líneas la rebaja por Jubileo contemplaba
la sexta parte de la pena.
La burla de que es objeto el país por parte del Congreso con este proyecto ha traspasado la barrera que
separa el cinismo del descaro. En una sociedad que vive en permanente estado de indefensión, donde no se
garantizan los más mínimos derechos fundamentales y donde el temor y la desconfianza son pan de cada
día, pretender reducir las penas so pretexto de esta indulgencia cristiana patrocinada por la Iglesia es
enviarles a los colombianos un desatinado mensaje de desesperanza y resignación. ¿O qué sentirán,
fuera de contener su cólera y reforzar su escepticismo frente a las instituciones, todas aquellas personas
que han sido afectadas por la violencia con los vacuos debates del Jubileo? Sucede aquí lo que parodiando
un lúcido libro sobre filosofía del derecho podríamos denominar la 'eficacia simbólica de la injusticia' donde
las decisiones públicas mandan mensajes de inseguridad y vuelven cada vez más intranquilos a los
ciudadanos sobre su futuro.
Quizás en Dinamarca, donde existe una administración de justicia que funciona, tal iniciativa de la Iglesia sea
recibida con un comprensible halo de redención. Pero jamás en 'Cundinamarca' donde según la Fiscalía el 40
por ciento de los delitos queda en la absoluta impunidad, donde tenemos uno de los peores índices de
criminalidad del mundo y donde, además, se pretende disminuir la pena a todos los presos por igual. Desde
el secuestrador sin hígado hasta el raponero de barrio. El proyecto del Jubileo, además de ser una
medida completamente desacertada e inoportuna para Colombia, no puede convertirse en un pretexto
eclesiástico para descongestionar las cárceles y menos en un instrumento de la política penitenciaria.
Si de solucionar el problema carcelario se trata, no es con sofismas de distracción episcopales ni
haciendo rodar cada tres meses la cabeza del director del Inpec por fugas aquí y disturbios allá que se va a
lograr. En los últimos 30 meses han desfilado por la caldera del Inpec 10 directores, en lo que constituye la
más clara demostración de la negligencia gubernamental y de la falta de una política seria frente al infierno
penitenciario que vive el país.
El gobierno y el Congreso no pueden seguir reaccionando epilépticamente ante las fallas estructurales de las
cárceles. Mientras el país no se cansa de pedir a gritos justicia para que haya paz, nadie en el gobierno
se preocupa por implementar una política criminal y penitenciaria seria y coherente para que haya justicia.
Que combata la indignidad, el hacinamiento, la falta de control, la escasa seguridad y que les permita a los
presos otra opción de vida. Hoy por hoy, las cárceles del país son universidades del delito donde se pisotean
a diario todos los derechos, se vive el típico darwinismo donde manda el más temido y donde a pesar de
tener una capacidad para 32.900 presos hay cerca de 47.000.
Cuál justicia, me pregunto, si no hay dónde meter a los delincuentes y las cárceles existentes son el más
ignominioso monumento a la indignidad humana. ¿A dónde van a parar los esfuerzos de la Fiscalía por reducir
la impunidad si en las cada vez más recurrentes emergencias carcelarias salen miles de reclusos por las
infrahumanas condiciones de hacinamiento?
El problema carcelario no sólo es un drama humano sino una prioridad del gobierno si pretende algún día
que brille la justicia. Es inaudito que Colombia tenga un sistema carcelario con 40 años de retraso (varios de
sus 168 penales están construidos sobre antiguos conventos y hospitales) cuando enfrenta el tridente del
más diabólico, poderoso y sofisticado crimen organizado del hemisferio: guerrilla, paramilitares y
carteles de la droga. Amén de su delincuencia común que deja cerca de 25.000 muertos al año.
La recuperación de la justicia, columna vertebral de la paz, tiene que pasar por la redefinición del sistema
penitenciario. A los delincuentes hay que castigarlos. Y a los reclusos hay que resocializarlos. En este
sentido, siempre se ha dicho que el grado de civilización de un país se mide por el trato que la sociedad le da
a los niños y a los ancianos. Pero poco se habla de que también se mide por el trato que el Estado le da a sus
presos.
¡País de bárbaros!
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