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Opinión

  • | 2018/10/25 15:22

    El Estado contra la sociedad

    La parálisis de las grandes obras de infraestructura que el país requiere obedece a la maraña de trabas que el Estado impone a los empresarios.

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Hacia el comienzo de la era cristiana, el imperio Romano, que a la sazón dominaba el mundo occidental, tenía una red de caminos cuya longitud aproximada era de 80 mil kilómetros, extensión equivalente a dos veces el diámetro de la tierra. Esta enorme infraestructura, además, era de óptima calidad; lo demuestra el hecho de que la red vial actual se superpone en buena parte a la romana; los países que ella cruzaba hoy registran un elevado nivel de vida.  

A raíz de su entrada a la Unión Europea, y con el objetivo de reducir la brecha de ingresos promedio frente a los otros países miembros, España recibió cuantiosos créditos que fueron invertidos en infraestructura física. El éxito ha sido notable. El país ibérico no sería la potencia turística que es en la actualidad sin un sistema carretero de primer nivel. Perú, a pesar de la inestabilidad política que padece, es una de las estrellas de la región en materia de crecimiento gracias a los esfuerzos que ha realizado para conectar sus distintas regiones entre sí, y las áreas rurales con las urbanas.

La Administración Santos desplegó esfuerzos sustanciales para corregir nuestro rezago en materia de infraestructura, que es enorme. Según el World Economic Forum clasificamos en el puesto 60 entre 140. En la región nos superan países tales como Chile, México, Uruguay y Costa Rica.  Estas razones son suficientes para que el actual gobierno tenga - como tiene- un firme compromiso con la continuidad de los esfuerzos realizados en estos últimos años. Infortunadamente, la maraña de obstáculos que le restan capacidad de maniobra es enorme.

Los problemas derivados de las consultas populares y previas, y de la proliferación de acciones de tutela por fuera del marco constitucional, han reducido el número de empresarios dispuestos a construir y operar carreteras, puentes y redes férreas. A esos obstáculos se añade un proyecto de ley presentado por la Fiscalía para permitirle a esta ordenar la suspensión de pagos a los que el Estado se hubiere obligado cuando tuviere sospechas de la comisión de actos delictuales. Se trata de un poder discrecional enorme que puede disuadir a muchos empresarios honorables de invertir en nuestro país. El remedio puede resultar peor que la enfermedad.

Los bancos que proveyeron financiamiento en sumas cuantiosas a proyectos en los que se presentaron los actos de corrupción cometidos por Odebrecht, tienen serias dificultades para recuperar sus recursos. La norma legal expedida para proteger a terceros de buena fe, al parecer quedó mal concebida y el Gobierno ha presentado una propuesta para modificarla; además, la regla vigente fue demandada por el Contralor Maya. En un limbo como este, no se avizora que haya recursos frescos para financiar el sector.

En reporte difundido esta semana, la agencia calificadora de riesgo Moody‘s expresó algunas inquietudes sobre el sistema financiero colombiano. Una de ellas tiene que ver con “los grandes préstamos corporativos que podrían conducir a mayores costos crediticios y, eventualmente, perjudicar los resultados finales de los bancos”.  Estos temores en buena parte refieren a la recuperabilidad de los cuantiosos préstamos concedidos para financiar varias concesiones viales.

El contrato de fiducia pública siempre fue un valioso instrumento para el desarrollo de obras de infraestructura; garantiza seguridad y pulcritud en los flujos de pagos. Ya no lo es. En contra de una tradición jurídica inveterada, la Contraloría ha resuelto que el fiduciario no solo está obligado ejecutar el contrato y las instrucciones que la entidad estatal le formule, sino que también debe verificar la legalidad de las normas que rodean el contrato. Esta revolución copernicana en el ámbito de la fiducia se traduce en una seria restricción de la oferta. Como las fiduciarias no pueden operar sin que una compañía de seguros garantice el pago de sus obligaciones, el daño colateral causado por esa novedosa teoría consiste en el retraimiento del sector asegurador en ese tipo de coberturas.

Aún peor. La Contraloría ha resuelto que en los seguros que garantizan la integridad del patrimonio público las aseguradoras responden como si fueren los responsables del erario; es decir, al margen de las condiciones estipuladas en los contratos de seguro. En este ámbito, pues, el Estado se ha convertido en no asegurable. La solución de este problema depende del nuevo Contralor Córdoba.

Por último, “fuego amigo”. En la denominada “Ley de Probidad Administrativa”, el Gobierno y el Procurador proponen la creación de una nueva causal de caducidad de los contratos de concesión, y onerosas sanciones cuando el concesionario o sus agentes participen en actos de corrupción en el proceso contractual. Nada que objetar, salvo la pretensión de que esa responsabilidad recaiga también sobre la compañía de seguros que garantiza el cumplimiento del contrato. Como ningún asegurador responsable asume riesgos que no puede medir para establecer el precio de la cobertura - y la corrupción futura no lo es- es probable que no haya disposición para garantizar los nuevos proyectos, o que los costos, que se traducirían en encarecimiento de las obras, sean muy elevados.

Las medidas aquí reseñadas, cuyo efecto es la parálisis de inversiones indispensables para el país, han sido dictadas con un noble propósito: prevenir y sancionar actos de corrupción. El problema es que el exceso de medicinas puede ser muy dañino para el paciente.

Briznas poéticas.  Esos pequeños libros maravillosos de Horacio Benavides: “Tendido en el valle de loza / la luz sin pausa sobre los ojos / distantes los vecinos muertos / Un NN más / desamparado / ¿Para dónde irá ahora sin nombre? / Se levantará cuando la voz lo llame?

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