¡Pónganle bolas!

La prórroga y las modificaciones de la Ley de Orden Público aprobadas por el Congreso la semana pasada tienen la llave del que muy probablemente será el personaje colombiano 2003: el proceso de diálogo con los paramilitares.

Hasta ahora eso parecía irrealizable. Se requería que al grupo se le reconociera previamente el estatus político, algo considerado imposible para las autodefensas.

Desaparecida esta exigencia, nos queda superar la discusión de si las acciones de los paramilitares pueden ser consideradas delitos políticos o no, como requisito para que puedan ser indultados por el gobierno.

Recientemente el ex presidente López escribió en El Tiempo una columna muy confusa sobre el tema. En ella plantea que "es innegable el hecho de que los paramilitares, si bien han cometido toda clase de delitos comunes o de lesa humanidad, no pueden ser tratados como delincuentes políticos (....) para derivar las ventajas que les daría el estatus de fuerza política".

¿Cuáles serían esas ventajas? La posibilidad de la suspensión de sus penas y el otorgamiento de un indulto o de una amnistía. Esta última, según López, "parece que se ha pactado o se anticipa que se hará".

Pero a renglón seguido López asegura que "estas cuestiones jurídicas no deberían obstruir el propósito de garantizar la tranquilidad pública", y no descarta la posibilidad de que "se incorporen los paramilitares en el futuro gobierno del país".

Para que esto ocurra en algún futuro, tiene antes que suceder lo primero: que haya amnistía votada por el Congreso o indultos individuales de los paramilitares otorgados por el gobierno. Por eso volvemos a la discusión: ¿los paramilitares cometen delitos comunes o delitos políticos?

¡Por Dios! Lo único más político que rebelarse contra el Estado es rebelarse contra los que se han rebelado contra el Estado e intentan derrocar al gobierno. Tomar las armas para evitar ver algún día sentado a 'Tirofijo' en el Palacio de Nariño es la disculpa que alegan los paramilitares para actuar al margen de la ley.

Pero hay muchos otros argumentos: los paramilitares le han arrebatado al Estado el monopolio de las armas y lo suplantan, administrando justicia a su manera, en muchos sectores del país en los que mantienen control del territorio. Desde este punto de vista los paramilitares también llenan la descripción de "grupo armado al margen de la ley", lo que les permite ser indultados si resuelven abandonar voluntariamente sus actividades ilegales.

Pero además de ser una discusión anticuada, seguir insistiendo en que los paramilitares sólo son delincuentes comunes que no cometen delitos políticos, es peligroso: cuando a Pablo Escobar se le dio este argumento como disculpa para no dialogar con él mató a 500 policías en Medellín. No quisiera que llegara el día en el que Castaño y sus secuaces se sintieran obligados a demostrar que sí se han rebelado contra el orden institucional.

A instancias de una mediación de la Iglesia, el gobierno ya ha iniciado conversaciones con los paramilitares. Aunque el proceso es todavía muy incipiente, sobre la mesa están los 12 puntos que los paramilitares han enviado a manera de condiciones para su desmovilización.

De ellos, el más problemático es el de la financiación: el Presidente, personalmente, está explorando las posibilidades jurídicas y presupuestales de subvencionar durante un tiempo las necesidades de los paras. Se calcula que sostenerlos desmovilizados durante un tiempo le costaría al gobierno 12 millones de dólares mensuales. Pero dejando de lado por ahora este conflictivo punto, en los próximos días se instalará una mesa de exploración.

¿Qué podría ocurrir el año entrante? ¡Pónganle bolas!

Esta Ley de Orden Público ha dejado al Presidente con instrumentos de maniobra ante la eventualidad de que se produzca una deserción importante de guerrilleros atraídos por la posibilidad del indulto: no se requiere sino "abandonar individualmente sus actividades y demostrar su voluntad de reincorporarse a la vida civil".

Y en cuanto a los paramilitares, iniciados los diálogos, instalada la mesa de exploración y superado el escollo de la financiación de los desmovilizados, no sería raro que en algunos meses cientos de paramilitares indultados terminen ingresando a nuestras Fuerzas Armadas en el estatus de soldados campesinos.

Es una incógnita lo que opinaría ante esta eventualidad la comunidad internacional. Pero la pregunta del millón es la que hace el presidente López al final de su columna:

¿Lo aceptaría la opinión pública?



ENTRETANTO?Pasó la controvertible reforma de la Fiscalía. ¿Alguien se ha dado cuenta de que por esta vía se revivieron en Colombia los jurados de conciencia, eliminados hace 24 años por nocivos para la administración de justicia