Primero paguémosle a los soldados

Hay problemas graves e injusticias históricas de las que poco se habla, monstruosidades que están allí desde hace tanto y afectan a tantos, que ya son parte del paisaje social, inamovibles de la inequidad. Una de estas trampas de pobreza es el servicio militar obligatorio, que prestan más de 90.000 jóvenes cada año (44 por ciento del total de las Fuerzas Militares). Debajo de la envoltura de un servicio a la patria, se esconde un impuesto (regresivo) que tributan en especie los más pobres y los menos educados.

Los soldados colombianos no ganan sueldo, legalmente solo tienen derecho a una bonificación de 263.000 pesos mensuales, es decir a 8.700 pesos diarios. Son los funcionarios públicos peor remunerados del país, héroes en condición de pobreza. Con la Ley 1861/2017 la bonificación se incremento del 14 al 30 por ciento de un salario mínimo e incluyo varias promesas incumplidas de beneficios educativos y laborales.

Sobre la solución no hay duda en el alto mando militar, se debe seguir mejorando el bienestar de los soldados y promover su profesionalización, esa es una frase que se repite en cada ceremonia de trasmisión del mando. El problema es que la decisión final de cómo remunerar “el servicio a la patria” no está en los escritorios de los comandantes, sino en los despachos del Ministerio de Hacienda. Después de firmada la citada ley, no se aumentó el presupuesto de incorporación. Así las cosas, soldados mejor remunerados implican de manera inexorable menos soldados disponibles.

Ya lo estamos viendo, el incremento de 173.000 pesos mensuales para cada soldado, generó un recorte de 14.000 uniformados (equivalente al personal de nueve batallones). Si se sube la “bonificación” a medio salario mínimo como esperan en el ejército, la reducción adicional seria de 18.000 soldados. En el muy hipotético caso, que el Estado decidiera pagarles a los soldados un salario mínimo, e igualarlos en la protección laboral que cubre a los demás colombianos, el recorte de tropa sería de unos 80.000 militares. En números redondos, el presupuesto actual nos da para tener entre 10 y 15.000 soldados de salario mínimo, no los 110.000 que llegamos a tener.   

Un informe de la Defensoría (2015), advertía que el 81 por ciento de los soldados pertenecían a familias en condición de pobreza. Esta cifra que ya es crítica y debe estar en aumento, dado que los soldados no pobres eran los bachilleres y de estos solo quedan 400 activos. Lo cierto, es que ningún soldado después de 18 meses de servicio, puede generar suficientes ingresos para sacar a sus familias de la marginalidad. Entran pobres y salen igual.

En los afiches de incorporación militar, se anuncian “beneficios de ley” para quienes se presenten voluntariamente al servicio militar. El nuevo combo de estímulos incluye: créditos en el Icetex, cupos directos en el Sena, acceso gratuito a espectáculos públicos, prioridad en programas de enganche laboral y descuentos en transporte y telefonía celular. Suena bien, pero la verdad, es que esto raya en la publicidad engañosa. La mayoría de estos “beneficios” no se les cumplen a los soldados, las entidades encargadas no apropian los recursos y nadie se apura para reglamentar la ley de beneficios.  

No es una sorpresa que cada vez sea más difícil cumplir las cuotas de incorporación, por un lado, los jóvenes que terminan bachillerato y tienen un cupo para estudios técnicos o superiores quedan eximidos del servicio obligatorio. Por el otro, la “bonificación” no motiva económicamente a nadie a ponerse el camuflado. Esto le genera un problema de selección adversa a las fuerzas militares, que deben llenar los cupos de soldados e infantes de marina, con los jóvenes de menor desarrollo educativo, bajas competencias laborales y en mayor condición de vulnerabilidad social. Los casos de adicciones, psicopatologías e incluso de analfabetismo en las filas, son precisamente el resultado del traslado de personal que el mercado laboral y educativo, le hacen a la institución en que peor remunera a los jóvenes.

Ahora que se empiezan a debatir en el Congreso un rosario de propuestas de reactivación económica y asistencia social pospandemia, que incluyen la asignación de una renta básica universal, la ampliación de transferencias económicas a jóvenes y la gratuidad educativa universitaria, es el momento de decir ALTO. Primero, paguémosle a los soldados.

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Anticipo: La situación económica de los 80.000 soldados profesionales es diferente pero no menos compleja, la cual se agrava cuando entran a la condición de retiro.