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Opinión

  • | 2018/10/04 00:39

    Colombia no quiere educar a los pobres

    La movilización que impulsan las 32 universidades públicas para que se atienda la grave crisis económica que enfrentan, subraya la urgencia de que el nuevo gobierno emprenda los profundos cambios que necesita la educación en Colombia.

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Cada año 300.000 colombianos, en su mayoría pertenecientes a las familias más pobres, terminan bachillerato y no tienen ninguna posibilidad de ingresar a la universidad. 

En nuestro país la educación gratuita y de alta calidad es un derecho universal, pero solo en la letra de la colección de sueños irrealizables que es nuestra Constitución Política. Solo 33 por ciento de los niños menores de 6 años, reciben educación inicial. De cada 100 que ingresan a primaria apenas 39 terminan el bachillerato. En la dura realidad, el único camino asegurado para recibir educación -sobre todo de calidad- en Colombia, es ser rico, poderoso, tener influencias y contactos, o ser excesivamente afortunado, casi tanto como los que se ganan las loterías o el Baloto.

Pocos conocen mejor esa realidad -sus motivos profundos, sus duras expresiones, sus trágicas consecuencias- que los rectores, los profesores, demás trabajadores y alumnos de las 32 universidades públicas que hay en el país, 85 por ciento de cuyos estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3-.  Por eso están organizando una gran movilización el próximo 10 de octubre. Nada más prioritario ni urgente en la agenda colectiva que enderezar el rumbo de nuestro maltrecho y abandonado sistema educativo.

 El gran deterioro del funcionamiento y de las finanzas de las universidades públicas viene de la Ley 30 de 1992, que ató el crecimiento de los presupuestos al índice de Precios al Consumidor, lo cual generó un creciente desfase entre los ingresos y el valor de las obligaciones en calidad y cobertura. También les congeló la planta de profesores y las obligó a financiar parte de sus actividades con recursos propios.  

 25 años después, el resultado en lo económico es desastroso. En 1993 los aportes de la nación a las universidades públicas representaban 73 por ciento sus recursos y para el año 2016 habían disminuido a 48 por ciento. Por ese motivo las universidades que se encargan de educar a la mayoría de los colombianos más pobres están en la ruina, con buena parte de sus edificios, aulas y mobiliarios deteriorados, equipos obsoletos, enormes carencias en recursos educativos y un cúmulo de obligaciones y necesidades que hasta ahora no logran atender. El Sistema de Universidades Estatales SUE reporta a la fecha, un déficit de 434.874 millones de pesos para terminar de cumplir las obligaciones de este año y un desfinanciamiento acumulado de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones de pesos en inversión.

 La Reforma Tributaria de 2016 incluyó posibles soluciones a esta crisis y destinó recursos que después fueron desviados al Icetex y 4 billones de pesos al programa Ser Pilo Paga. El remedio terminó por agravar la enfermedad.

 El panorama en cuanto a educación técnica y tecnológica es aún peor. Debería ser la instancia clave para articular la educación con las necesidades del desarrollo, para formar para el trabajo a centenares de miles de colombianos marginados del sistema educativo pero el gobierno apenas destina a la educación técnica superior, el equivalente a la cuarta parte de la inversión que reciben las universidades.

 Nuestra educación técnica es una de las más atrasadas del continente en cuanto a cobertura y calidad. Por falta de recursos, de voluntad política, de responsabilidad con los estudiantes colombianos, integrar el sistema de educación terciaria (técnica, tecnológica y universitaria) como lo plantean las normas, no pasa de ser una quimera. Tampoco ahí hay oportunidades para los colombianos más pobres. Para los que más necesitan. 

Lo sorprendente y loable es que, aún en condiciones tan adversas, las universidades públicas han cumplido cabalmente su labor. Más de la mitad cuentan con Acreditación Institucional de Alta Calidad y, con base en generar recursos propios, han alcanzado logros tan sobresalientes como aumentar en 124 por ciento la cobertura entre los años 2000 y 2018. Además de que la mayoría de sus estudiantes son los colombianos más pobres, las universidades públicas son las únicas que están presentes en las regiones más vulnerables del país. 

Por todo lo anterior es crucial que el Estado y toda la sociedad pongan fin a la indolencia y a la indiferencia frente a este tema que acapara las claves del progreso y de un futuro mejor para los colombianos. El nuevo gobierno debe asumir con máxima seriedad el reto de atender la crisis -no solo de las universidades públicas- y emprender los profundos cambios que necesita la educación en Colombia -en presupuestos y organización, en currículums, en calidad, en cobertura, en inversión en ciencia y tecnología, en formación de maestros, etc., etc.-. Seguimos muy rezagados respecto de los demás países de nuestra región y del mundo y la meta de ser en el año 2025 “el país más educado de Latinoamérica” no pasa de ser un mal chiste.  

 Oportuna la movilización de las universidades públicas que ojalá logre la atención y el respaldo de la población. Como hay que apoyar a la ministra María Victoria Angulo en la abolición del programa Ser Pilo Paga. Es indefensable que un país como el nuestro, con uno de los menores porcentajes de inversión en educación superior de América Latina, destine a un club de universidades de élite, -para educar 40.000 estudiantes de ese programa-, el mismo presupuesto que destina a universidades estatales para atender más de 600.000. Intensivo, arrogante, impúdico al respecto, el lobby de la Universidad de los Andes, en defensa de las rentas de esa figura “hecha en casa” que perpetúa los privilegios con base en mantener a las mayorías en la ignorancia. “Por la plata baila el mono” dice el refrán, algo que por lo visto también es verdad en algunos sectores de la educación superior.

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