Lo fácil es flexibilizar el porte de armas

Más allá de los reflectores y micrófonos que genera este debate una mirada más aguda muestra que la famosa flexibilización ya existe o mejor dicho nunca ha dejado de existir. Los ciudadanos de bien (o de mal) que quieran armarse legalmente han contado con múltiples caminos para acceder a armas y municiones. Varios ejemplos para ilustrar.

El interesado no en un arma sino en un arsenal puede hacer una solicitud a nombre de un esquema de seguridad o empresa de vigilancia, con algo de suerte y buenos contactos tendrá la munición y armas que desee, esto no es ciencia ficción ni casos improbables. Hay un faltante de 5 mil armas (datos a 2017) entre las armas que han sido autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y las que han sido entregadas por la Oficina de Control Comercio de Armas del Comando General.

Si la necesidad es por armamento más exclusivo, el trámite se puede hacer posando como coleccionista de armas, que si bien la gran mayoría de los coleccionistas son ciudadanos honestos quedan un valor histórico a las armas y las consideran parte de un patrimonio cultural, también es cierto que  cuestionados empresarios de las esmeraldas accedieron a armas automáticas por esta vía.

Presentarse como cazador deportivo era una manera expedita de acceder a munición, pero con la reciente sentencia de la Corte que prohibió esta actividad, esta vía perdió bastante de su atractivo. ¿Cuántos cazadores frustrados devolverán las armas y municiones, ahora que la corte les prohibió el hobby? Lo que sí continúa es el bajo control a las ventas, usos, recalce y destino final de la munición que se vende en el país, hay un mercado negro del que se abastecen ciudadanos de bien y de los otros. Esto se mantiene porque no existe en el país una base de datos integrada sobre la venta, uso, autorización y control de la munición, estos controles los hacen diferentes entidades del Estado que poco o casi nada se comunican entre ellas.

En la zona oscura de opciones esta la ilegalidad bien disfrazada, consiste en conseguirle documentos falsos o adulterados de buena calidad al arma. Aunque suene arriesgado es en realidad una opción muy segura, ya que por absurdo que parezca la Policía Nacional no tiene como cotejar la autenticidad de un documento de porte de armas (lo que sí puede hacer con un pase, una cédula o un pasaporte). Tal y como suena, a la base de datos de los permisos de porte y tenencia de armas que reposa en un edificio del CAN no tiene acceso ni la Policía, ni la Fiscalía, ni la Dirección Nacional de Inteligencia, ni la Supervigilancia, ni la DIAN, ni mucho menos la ciudadanía.  

El asunto de fondo en materia de armas y seguridad ciudadana es mucho más complejo que flexibilizar una norma, el verdadero problema es la institucionalidad que ha construido el Estado para hacer el control a las armas y las municiones. Las bases de esta institucionalidad están fundidas en la opacidad, roídas por la ineficiencia y protegidas por normas arcaicas que van en contra de la seguridad del Estado, sus ciudadanos y el sentido común.

En cuanto a las armas, lo fácil es flexibilizar las normas, lo difícil y necesario es fortalecer las instituciones de control y eliminar de tajo la corrupción.

Adelanto: En Canadá solo cuatro empresas privadas de servicios de seguridad están autorizadas para portar armas, en Colombia son más de mil.