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Opinión

  • | 2018/05/24 07:19

    Mujeres y Pueblos Indígenas en #Hidroituango

    ¿Estarán previstas las compensaciones ante los impactos en la vida de pescadores y barequeros a lo largo de la cuenca, fuera de la jurisdicción de Hidroituango? Razón tienen los evacuados de estar tan traumatizados por un futuro tan incierto.

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Los  descendientes del Pueblo Nutabe son los cañoneros del río Cauca, pescadores, barequeros y campesinos, del Movimiento Colombiano en defensa de los territorios afectados por las represas y la megaminería, Ríos Vivos Antioquia.  Esta organización ha sido clave en el reclamo de los derechos constitucionales de las familias refugiadas y evacuadas ante los altos riesgos generados por el represamiento del río. ¿Quiénes son los cañoneros desplazados por Hidroituango?

El país sabe muy poco sobre la historia del resguardo indígena de San Pedro de Sabanalarga del cañón del Cauca. El resguardo fue creado a comienzos del siglo XVII. Fue disuelto y las tierras repartidas a sus habitantes, los indígenas nutabes. A cada persona, sin distinción de género y edad, le fue adjudicado un número variable de cuadras de tierra, de manera individual o en común con otros propietarios. Con apellidos españoles y nutabes, se entregaron tierras a 950 indígenas que recibieron títulos de las tierras del cañón, correspondientes a los actuales municipios de Sabanalarga-Toledo y Buriticá-Ituango, a ambos lados del río Cauca en las vertientes de las cordilleras Central y Occidental. En su condición de propietarios de su territorio ancestral, pocos hicieron procesos de sucesión cuando el dueño original fallecía. El acceso a la propiedad se hacía efectivo por el reconocimiento colectivo del derecho de sucesión. Cuando vendían la tierra, la mayoría de las veces no entregaban escritura o título de propiedad. Los derechos correspondían a tierras heredadas. Aún existen “los comunes”, tierras colectivas a las que pueden acceder los miembros de las familias herederas para cultivar maíz, pastar los animales, recoger leña.

Los cañoneros fueron reconocidos por el Ministerio del Interior en abril del 2017 como integrantes del Cabildo Indígena Nutabe de Orobajo, habitando tierras ancestrales a orillas del río Cauca y allí viven porque sus antepasados les dejaron el legado desde la época precolombina. Los cañoneros, para EPM y la Gobernación de Antioquia, son enemigos del proyecto, que no quieren el desarrollo. Despreciados porque luchan por su territorio y sus derechos, “ya se les compensó por sus casas y su tierra” para poder eliminarlos del paisaje, pagándoles a 170 pesos el m2 de tierra. Otros perdieron el río, base de sustento familiar, pues vivían en las playas del Cauca, espacio público por ley. Así fueron desalojados sin compensación. Son hombres y mujeres desplazadas de Sabanalarga, Peque, Ituango y Toledo, organizados en el Movimiento Ríos Vivos.

El Pueblo nutabe, llamó Bedrunco al río Cauca. Ellos conocen mejor que nadie las especies de flora y fauna, la variabilidad del clima, los ciclos del agua. Sin embargo nunca fueron consultados por los expertos para analizar las dinámicas de las montañas y los posibles impactos de la represa en su tierra ancestral. “Como han dicho los ancestros nutabes, al río no se doma, al “Patrón Mono” se respeta y venera, es como un dios, ¡No hay poder humano que lo pueda acorralar!

En el contexto asociativo, la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida (Amarud), está conformada por diferentes asociaciones de mujeres de los municipios de Sabanalarga, Ituango, Toledo, Briceño, Caucasia, Valdivia, Peque, San Andrés de Puerquia, Caucasia, buscando fortalecer la voz de las mujeres. Ellas, en las reuniones de los hombres casi no las dejan hablar. Hoy reclaman ser escuchadas, opinar sobre su propia situación, ante el trauma de niños y ancianos a la deriva, sin escuelas ni atención en salud.

¿Cuál es el impacto de la megaobra en la vida de las mujeres y de los Pueblos Indígenas de la región? Isabel Zuleta, presidenta y representante legal de Amarud explica la importancia de generar confianza ante la crisis humanitaria. Ellas mismas están recibiendo y distribuyendo las ayudas, donaciones y mercados, garantizando que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan (1).

Ante tanta incertidumbre desatada, el movimiento solicita a las autoridades estar representados en el Puesto de Mando Unificado PMU, que toma decisiones sobre el presente y futuro de los cañoneros del Bajo Cauca. El gran problema ambiental y social ocasionado por #Hidroituango está afectando severamente la tranquilidad, los proyectos de vida, los medios de subsistencia y las viviendas de las comunidades ribereñas de 17 localidades, amenazando a más de 120.000 personas. Esto sin contar el desplazamiento preventivo de los Pueblos Indígenas embera katio, embera chami, denú y la comunidad Soibadó, que están en albergues no oficiales, en condiciones sanitarias de alto riesgo. 

Los pueblos indígenas que han vivido en estas tierras desde épocas precolombinas, sobreviven de la agricultura, pesca, recolección de plantas del bosque y la cacería. Tienen su propia lengua y creencias espirituales relacionadas con el entorno natural. Subsiste aún la práctica de la medicina tradicional a base de plantas y manejan su hábitat conservando la biodiversidad. La diversidad cultural y lingüística ha obligado a la gerente indígena del Departamento de  Antioquia a solicitar a EPM y al Departamento de Atención y Recuperación de Desastres, un tratamiento diferencial para los Pueblos Indígenas en la emergencia. El hecho es que la compleja problemática socio-ambiental, en época electoral, está siendo manejada por los mismos que la provocaron y son ellos los que deciden qué se debe hacer, con quién y cuándo. Los habitantes que no están censados y no portan una manilla, como son los indígenas de Cáceres, aún no reciben ninguna atención humanitaria.

La información y la pedagogía del desastre controladas por EPM y la forma de entregarla a cuenta gotas, ha sido traumatizante para los ribereños afectados. Afortunadamente la región está bien interconectada y las redes sociales han sido muy efectivas para ilustrar directamente desde el Movimiento Ríos Vivos al país y al mundo, cómo se vive la situación, sin tener que pasar por el filtro informativo de EPM. Los afectados reclaman transparencia y participación a través de sus organismos representativos ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Mientras no haya respuesta, reina un ambiente de desconfianza, manteniendo a las comunidades en zozobra y a la opinión pública en vilo.

Los cañoneros piden que sus representantes sean invitados a discutir sobre su situación y sobre el futuro de los ecosistemas río arriba y río abajo. La represa tendrá repercusiones no solo en el sitio donde se construye sino a cientos de kilómetros del río que se represa. Esta crisis afectará la vida de diferentes Pueblos indígenas que sobreviven en la región. La Organización Indígena de Antioquia (OIA) informa que la situación más crítica se presenta en el municipio de Cáceres, con dos asentamientos del pueblo Zenú; la Isla de la Dulzura y Puerto Santos. Más de 80 familias se desplazaron a la comunidad del Guarumo, en condiciones muy precarias. Son cerca de mil personas que comienzan a evacuar sus resguardos. A la evacuación se suman comunidades embera katio, embera chami, comunidad de Soibadó, del municipio del Bagre.

Es oportuno analizar con una visión más integral lo que está sucediendo a nivel de la cuenca del río Magdalena-Cauca. Comenta Lisbeth Fog en Pesquisa Javeriana, un artículo científico (2) que plantea posibles escenarios y los efectos de las represas en la Depresión Momposina, sí se siguen construyendo más hidroeléctricas en la cuenca. Ya hay 33 hidroeléctricas operando y dos en construcción, que ya están alterando la salud del afluente como un todo, en las planicies inundables de la Depresión Momposina, al norte de Colombia, ubicadas en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. El análisis predice la afectación sobre varias especies de peces migratorios, que sufren de la perturbación al modificar el caudal natural de los ríos. La tragedia para La Mojana apenas comienza.

Las especies de peces migratorios ya encuentran barreras cuando nadan aguas arriba para cumplir con sus ciclos de vida y llegar a sus áreas de desove. Las rutas de estas especies están bloqueadas por los muros de las hidroeléctricas. Uno se pregunta si EPM, en sus estudios de impacto ambiental, tomó en consideración los efectos del represamiento aguas arriba y aguas abajo de la represa, modificando los servicios ecosistémicos que presta el río y sus afluentes a las comunidades ribereñas.

¿Estarán previstas las compensaciones ante los impactos en la vida de pescadores y barequeros a lo largo de la cuenca, fuera de la jurisdicción de Hidroituango? Razón tienen los evacuados de estar tan traumatizados por un futuro tan incierto. 

Para completar el drama, muchos familiares de origen nutabe asesinados, están sin identificar en el fondo del cañón del río Cauca. El megaproyecto realizado en contra de todas las peticiones de la comunidad, transforma la vocación ancestral, social, pesquera, agrícola y barequera de la región, vulnerando los derechos individuales, colectivos y ambientales. Con razón exigen se esclarezca la aparente relación entre la construcción de este megaproyecto y el ocultamiento de fosas comunes de crímenes ejercidos por paramilitares. De estas investigaciones se han exhumado 159 cuerpos hallados en la zona. Urgen al Estado realizar un plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la zona de influencia del megaproyecto, exigiendo que se suspenda el llenado hasta tanto no se garantice que no queda más cuerpos en la zona de afectación. Estas solicitudes no han sido escuchadas.

Hoy, las organizaciones exigen a la Procuraduría General de la Nación una investigación disciplinaria a la Empresas Públicas de Medellín EPM por la violación de derechos humanos ambientales en el desarrollo de Hidroituango entre 2010 y 2018. Piden que se esclarezca el asesinato de los líderes comunitarios Héctor Alberto George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, quienes alertaron sobre la inminencia del desbordamiento y fueron asesinados cruelmente frente al silencio del Estado los días 2 y 8 de mayo respectivamente.

El Movimiento responsabiliza a quienes estigmatizaron y atacaron a las comunidades rurales y al movimiento Ríos Vivos Antioquia, los ex-gobernadores: Luis Alfredo Ramos (2008-2011) como principal responsable de la emergencia, quien actuó como empresario y accionista mayoritario de Hidroituango. Amedrentó y amenazó con encarcelamiento a los defensores ambientales y propició la vulneración de derechos humanos y ambientales a través de acciones vinculadas con paramilitares. Sergio Fajardo Valderrama (2012-2015) quien omitió todos los reclamos y denuncias de las comunidades, dándole prioridad a los intereses económicos sobre el bien público y privado de las comunidades rurales. Luis Pérez (2016-2018) quien a través de sus recientes declaraciones públicas tildó de “telenovela” la catástrofe ambiental a la que se enfrentan las comunidades y la región, estigmatizando a los defensores y minimizando la grave problemática frente a la opinión pública.

Las mujeres, los pueblos indígenas y comunidades en el área de influencia, exigen la garantía de cumplimiento de los derechos humanos y ambientales de Valdivia, Caucasia, Ituango, Sabanalarga, quienes se han opuesto al megaproyecto Hidroituango. Ellas han sido amenazadas de muerte y requieren protección del Estado. Exigen garantías para que se continúen las investigaciones respectivas de tipo penal, disciplinario y administrativo, respetando el debido proceso.

El esclarecimiento público de las causas técnicas, políticas y ambientales que incidieron en esta tragedia no-natural deben ser investigadas para que se identifiquen públicamente y se judicialicen a los responsables. Esto implica determinar de manera expedita el detrimento económico y patrimonial a las finanzas públicas, que según algunas fuentes hoy asciende a 400.000 millones de pesos, se realice una caracterización de todas las comunidades en riesgo del Bajo Cauca Antioqueño y se les compense sin paternalismos, brindando tierras y proyectos productivos para las familias campesinas que perdieron sus modos de vida. El Movimiento Ríos Vivos exige que la ANLA se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de las medidas anunciadas públicamente por EPM para atender la inundación y a los cañoneros, con el respeto que merece la diversidad cultural.  

(1) Donaciones a cuenta de ahorros de Bancolombia 319-814716-39 a nombre de AMARUD Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la vida.

(2) Angarita Hector et al. Basin-scale impacts of hydropower development on the Mompos wetlands, Colombia. Hydrology Earth Sciences. Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. Mayo, 2018

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