¿Qué esperamos las víctimas en un gobierno de Duque?

Lo vergonzoso es que no existe ningún argumento valido que justifique el olvido al que han sido condenadas. Ninguna sociedad puede progresar sobre escombros de tanto dolor y sangre. No podemos actuar como sí esa tragedia nada tuviera que ver con nosotros, porque se desarrolló frente a nuestras narices e hicimos muy poco para detenerla. Si queremos un futuro mejor para las próximas generaciones debemos comenzar por hacer justicia con quienes se cometió la más profunda de las injusticias.

Reconozco lo difícil que resulta ponerse en los zapatos del otro y admitir que él ha sufrido tanto como nosotros. Yo sólo fui consciente del dolor ajeno después de escuchar testimonios de muchas víctimas: al padre que contó como incineraron vivo a su hijo y llevaba consigo las fotos que le enviaron; la indígena wayuu que narraba como violaron a su madre y hermanas para luego degollarlas y jugar futbol con sus cabezas; al padre que le tocó saltar al rio con su hija de 3 años y mantenerla bajo el agua para salvarla y la niña creció, con miedo, pensando que él quiso ahogarla; mi madre que me dijo con lagrimas en los ojos y apoyada en su fe en Dios: “hijita, tu hermano por fin es libre y no va a sufrir más” lo acaban de asesinar a sangre fría, después de más de 5 años de secuestro… ¿Cómo hemos aguantado tanto? ¿Cómo hacen quienes más han sufrido para levantarse erguidos buscando algo de que aferrarse que les permita rehacer sus vidas?

Por eso cuando escucho al Presidente Electo Iván Duque decir: “En esta elección ningún ciudadano se debe sentir vencido, porque voy a gobernar para todos con el mismo amor y con el mismo compromiso.” pienso que eso es muy positivo y lo invito a pasar de la retorica a una genuina intensión integradora, para que logre abarcar el universo de víctimas, sin clasificarlas, ni discriminarlas según el victimario, pues el sufrimiento es el mismo sin importar de donde vengan las balas.

Asimismo, es positivo cuando el Dr. Duque manifiesta su decisión de “unir al país, que no significa pensar igual, sino encontrar propósitos comunes.” pues no existe un propósito común más importante para los colombianos que la consolidación de la paz. Todos, incluyendo a quienes votaron por el NO en el plebiscito, añoramos el fin de la guerra. Nadie en Colombia desea poner una cuota mas de dolor y sangre, no queremos una víctima más. Estamos cansados de la polarización, los señalamientos, los insultos. Estamos dispuestos a recorrer caminos nuevos de reconciliación, tolerancia, respeto a las diferencias. Esa intención de construir un proyecto nuevo, lo vimos en los resultados de las elecciones; la gente salió masivamente a las urnas a romper los esquemas de la política tradicional. Diez y nueve millones de votantes están con otro país en la cabeza y desean una dirigencia nueva.

Nos llena de esperanza y optimismo lo expresado por el Presidente Electo al afirmar que “No hay que hacer trizas los acuerdos con las Farc, pero sí modificaciones importantes.” La interpretación del Acuerdo, en la cual los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, juegan un papel primordial; debe ceñirse a los parámetros constitucionales nacionales e internacionales, de manera que no menos cabe los derechos de las víctimas y de la sociedad en general. Sin poner en riesgo los logros alcanzados, el paso dado por las Farc hacia el desarme y reincorporación a la vida legal, es firme, decidido e irreversible, y nosotros como sociedad amante de la paz, debemos estar dispuestos a aceptarlos, siempre y cuando respeten las normas de convivencia ciudadana, nuestra Constitución y la ley.

Debemos reconocer que la firma de los acuerdos de paz ha empezado a arrojar resultados importantes en reducción de muertes asociadas al conflicto armando, en 2002, por ejemplo, las víctimas directas por el conflicto fueron 19 mil 640. En 2008 se reportaban 3 mil muertos al año entre civiles y combatientes, según la Unidad para las Víctimas (UARIV). En 2017 esa cifra se redujo a 78, según esa entidad oficial.

A pesar de ello, los temas relacionados con el resarcimiento de los derechos de las víctimas quedaron en espera de ser incluidos en el Acuerdo, pero este resulto ser tan ambiguo que no logró ese fin. Una y otra vez repitieron que las víctimas eran el centro de la negociación entre el Gobierno Nacional y las Farc. No obstante, el Gobierno puso todo su empeño en la firma del Acuerdo, pero no recuperó el control de la totalidad de los territorios entregados, ni fortaleció la institucionalidad para la adecuada implementación de lo pactado. Por su parte, las Farc tenían su propia agenda y se apresuraron a participar en política, sin hacer el debido proceso de transición de la vida ilegal a la legal.

De suerte que ambas partes olvidaron que las victimas eran el centro y se siguen acumulando los temas pendientes. Pasamos de una Ley de Justicia y Paz de 2005 parcializada, en la que no se incluyeron a todas las víctimas, ni las herramientas para llevar acabo una política de reparación integral; a la Ley 1448 de 2011, que si bien implicó un avance importante en el reconocimiento del universo de víctimas, creando un amplio andamiaje institucional excesivamente robusto, 7 años después, sus resultados son bastantes cuestionables, y pese al gran costo y burocracia, según el informe de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, sólo ha alcanzado el 6% en reparación administrativa.

El balance es desalentador al observarse que las víctimas siguen siendo tratadas como la papa caliente de la implementación de los acuerdos, nadie quiere asumir la responsabilidad y se la pasan de mano en mano. La Corte Constitucional se toma un tiempo excesivo para emitir las sentencias, conformándose con sacar comunicados de prensa, provocando incertidumbre e inseguridad jurídica, y el Congreso se vale de ello para dilatar el proceso de reglamentación de la JEP.

La atención integral a las víctimas requiere unificarse en una institucionalidad sólida, disminuir la burocracia, para facilitar el seguimiento a los compromisos y exigir el cumplimiento de las partes, fijar pautas de lo que se entiende por cumplido, rendir cuentas de la ejecución, entre otros, y permitir la trazabilidad de la inversión nacional e internacional, sin excepción alguna.  

Conviene proceder a una reforma profunda de la Ley de Víctimas a fin de lograr mediante una política de Estado y no de Gobierno, resolver el limbo en que están las víctimas y crear las condiciones para una atención adecuada, integral y suficiente para los afectados.

Grandes retos que esperamos que este nuevo Gobierno asuma. La buena disposición de los nuevos gobernantes y de los ciudadanos trazaran los caminos para la reparación de las víctimas y la reconciliación del país.

*Magister en Ciencias Política