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Que las mujeres decidan

Estoy profundamente convencido que la decisión de interrumpir un embarazo es de las más complejas y difíciles para cualquier mujer. Seguramente la más dolorosa. Pero no puede ser penalizada ni estigmatizada. Tampoco puede ser banalizada.

Camilo Granada, Camilo Granada
28 de enero de 2020

En las próximas semanas la Corte Constitucional va a decidir sobre dos demandas que piden prohibir completamente el aborto en Colombia y revertir la decisión de la misma Corte que legalizó ese procedimiento en tres casos desde 2006. Es de esperar que el fallo no solo ratifique esa sentencia, sino que incluso vaya más allá. 

Hago mías las palabras de Simone Veil, ministra de la salud de Francia al momento de presentar el proyecto de ley que despenalizó el aborto en ese país hace 46 años: “El aborto debe ser la excepción. El recurso de última instancia a una situación sin salida (…) pero debemos encontrar la forma de no castigarlo sin promoverlo. Ninguna mujer recurre al aborto alegremente.”

Estoy profundamente convencido que la decisión de interrumpir un embarazo es de las más complejas y difíciles para cualquier mujer. Seguramente la más dolorosa. Pero no puede ser penalizada ni estigmatizada. Tampoco puede ser banalizada. 

El aborto debe ser excepcional. Pero debe ser legal. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida. La maternidad es una decisión de vida. No puede ser un accidente. Es un compromiso que transforma la vida de las mujeres y debe ser tomada a conciencia y en libertad por ellas. En Colombia, según datos del Ministerio de Salud, el 52% de los embarazos son no planeados, y por lo tanto buena parte de ellos al menos, no deseados. 

En materia de embarazo adolescente, las cifras son aterradoras. De acuerdo con la encuesta del DANE para 2015, casi una de cada cinco mujeres entre los 15 y los 19 años ya es madre o ha estado embarazada. Más grave aún, mil novecientas adolescentes mueren cada año durante el embarazo, el parto o el posparto. Y anualmente nacen más de seis mil niños de madres que tienen entre diez y catorce años. 

Es claro que despenalizar el aborto no puede ser la única solución al embarazo adolescente, o no deseado. Pero sin duda alguna su penalización no contribuye a resolverlo. Empezando porque los abortos se siguen practicando en la clandestinidad a un gran costo para la salud y la seguridad de las mujeres. La Organización Mundial para la Salud (OMS) estima que cada año se practican más de 22 millones de abortos inseguros en el mundo, la gran mayoría en los países en desarrollo y más pobres, donde es más común su penalización y restricción. Y el efecto es directo sobre la salud: Hasta un 13% de las muertes durante el embarazo en el mundo están relacionadas con un aborto clandestino, en condiciones no seguras. 

A lo anterior se debe sumar los costos de las complicaciones derivadas de los abortos mal practicados. Según la misma OMS, alrededor de 7 millones de mujeres deben ser hospitalizadas cada año, a causa de un procedimiento inseguro de terminación anticipada de embarazo. Yen materia social la prohibición es regresiva. Las mujeres con mayores recursos pueden pagar una clínica privada o viajar a un lugar donde es legal y seguro abortar. Las mujeres pobres, las que viven en zonas rurales, no tienen esa opción. 

La otra consecuencia terrible de la prohibición del aborto es el impacto sobre la vida de los hijos no deseados, abandonados, maltratados. Por supuesto, existe la adopción, y es un regalo maravilloso para los padres que adoptan, y para los hijos que encuentran un hogar. Pero el ICBF está lleno de niños que no tuvieron esa suerte y que cuyas vidas están para siempre traumatizadas por esa condición. 

Para lograr que el aborto sea excepcional y seguro, debemos actuar en otros frentes, antes que seguir castigándolo. Lo primero, obviamente, es la educación sexual desde la niñez y en particular durante la pubertad. Y los que necesitan mayor educación somos los hombres. Actuar de manera responsable, respetuosa y cuidadosa frente a las mujeres debe ser el mandamiento número uno en la educación de los niños y adolescentes. Por supuesto, también a las mujeres. Hay que darles una educación en sus derechos y en el control de su cuerpo y su sexualidad. A todos debemos educarlos para que tomen decisiones en pleno conocimiento de causa sobre las implicaciones de una vida sexual activa y sobre la contracepción. Para ello, las familias juegan también un papel fundamental. En especial los padres frente a sus hijos varones. Cada familia tiene derecho a escoger los valores religiosos y éticos que inculcan a sus hijos. Lo que no es bueno es que la sexualidad y sus responsabilidades sean un tema tabú. 

Poder acceder de manera fácil y asesorada a mecanismos de contracepción es sin duda el segundo frente de trabajo prioritario. En Colombia Profamilia hace una labor invaluable en este sentido. Pero debería ser tarea de toda EPS ofrecer guía, consejo y acceso a las diferentes opciones de prevención del embarazo. 

En el frente legal, el aborto debería ser despenalizado para cualquier mujer en las 12 primeras semanas de gestación. Esta opción, para poder ser utilizada, debe requerir algunas salvaguardias, como por ejemplo que la mujer reciba asesoría de dos médicos y que exista un período de por lo menos tres días entre la decisión tomada y la realización del procedimiento. 

En Francia y otros países europeos, despenalizar el aborto fue una decisión de sociedad adoptada mediante una ley en el congreso. En otros, como Estados Unidos, ha sido la Corte la que ha decidido a favor de los derechos de la mujer. En Colombia la Corte dio el primer paso con la sentencia C-355 de 2006. Debemos seguir avanzando en la protección de esos derechos y en la creación de un marco legal y una política de educación y acceso a la prevención que haga excepcional y seguro el recurso al aborto. Y que las mujeres decidan. 

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