¡Que no objete!

No creo que el presidente Duque vaya a objetar la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz. Me resisto a pensar que para debilitar el sistema de justicia transicional, el nuevo gobierno vaya a generar un "choque de trenes" entre las tres ramas del poder público, no es su estilo. Es entendible que la nueva administración quiera cambiar aspectos de lo pactado en La Habana, para eso la eligieron; sin embargo, el escenario para hacerlo es el Congreso de la República. Intentar borrar de un plumazo el sostén de la nueva jurisdicción, además de ser cuestionable desde un punto de vista jurídico, podría generar un caos en la incipiente JEP y una inseguridad jurídica para quienes dejaron las armas que pondría en riesgo el proceso de paz.

El trámite de la Ley Estatutaria de la JEP en el pasado Congreso fue largo y desgastante. Entre las observaciones del Fiscal General, las protestas del uribismo y la insistencia de las mayorías del gobierno Santos por que se respetara lo pactado surgió un texto que, bueno o malo, surtió todos los debates y cumplió con los requisitos que impone la Constitución. Luego, la Corte Constitucional estudió artículo por artículo el proyecto y en una sentencia de 800 páginas le dio su visto bueno. Mal haría el actual gobierno en arrogarse la facultad de objetar por fines ideológicos una decisión del poder legislativo para evitar el camino largo pero correcto de volver al Congreso de la República.

El hecho de objetar la ley de marras también podría generar un efecto contrario al esperado por los sectores críticos del proceso de paz con las Farc. Lejos de debilitar a la Jurisdicción de Paz, la falta de un marco normativo claro llevará a los magistrados del nuevo tribunal a llenar los vacíos jurídicos que queden para poder cumplir con la tarea que les ordena la Constitución; ya lo hicieron cuando a falta de ley de procedimiento emitieron resoluciones para crear un reglamento y no dudarán en hacerlo nuevamente, si no hay unas reglas definidas.

La confianza de las desarmadas bases guerrilleras también sufrirían un duro golpe, de no sancionarse la Ley Estatutaria. Esa confianza, que es la gasolina de cualquier proceso de paz es finita y se ha ido agotando con hechos como la posible extradición de "Jesús Santrich", el asesinato de líderes sociales y la falta de trámite de la reforma agraria integral y de las circunscripciones especiales de paz. Claro, la desmovilizada guerrilla tiene que entender que la realidad que enfrenta con este nuevo gobierno es distinta pero el presidente Duque tiene que tener cuidado en no alejar a la guerrillerada del proceso, generando nuevos focos de violencia.

Las presiones para que el Gobierno le dé una patada al tablero de la JEP están ahí y se hacen más fuertes todos los días. Del presidente Duque dependerá tomar una decisión de Estado y no para los aplausos de la barrera. Lo que haga el Gobierno con la Ley Estatutaria definirá el futuro del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y la estabilidad de la frágil paz que apenas asoma. No creo, me resisto a pensar que el Presidente va a objetar la ley y si lo está pensando sólo queda decirle: ¡no lo haga!