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Opinión

  • | 2002/02/26 00:00

    ¿Qué es la seguridad democrática?

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Después del fervor político generado por la publicación de la encuesta electoral, en la cual Álvaro Uribe surge como favorito para los comicios presidenciales, vale la pena analizar las estrategias que componen la propuesta de ‘seguridad democrática’ del candidato, hábilmente manejada como un discurso de guerra enfocado a superar la enrevesada coyuntura de orden público y a rectificar el proceso de paz con las FARC.

1. Seguridad ciudadana. Busca recuperar la confianza en la democracia por medio del control social de la violencia. Se combatirá el crimen con las fuerzas armadas, y se organizará una red de cooperación con un millón de personas, quienes recibirán una gratificación por sus tareas de información.

El encanto de la iniciativa puede hallarse en la creación de nuevos empleos, al convertir a miles de afortunados en informantes de la Fuerza Pública. Sin embargo, la confianza en la democracia no se logra con incentivos aprovechados por quienquiera arrogarse la facultad de vigilar en la sombra a los demás, menos aun cuando la sociedad vive amenazada por el fuego cruzado de los armados, y mañana atemorizada por la opinión de sus vecinos.

2. Política de negociación. La solución del conflicto con los grupos alzados en armas puede ser negociada. En el caso del ELN, sin zona de despeje; con las FARC, si se suscribe el cese de hostilidades y la veeduría internacional; y con las AUC, si se comprometen a no matar colombianos. Si los grupos no aceptan, las fuerzas armadas intervendrán.

Irónicamente, el atractivo de esta estrategia consiste en que los requisitos de la negociación no se den. El esquema de la negociación en medio de la guerra fracasó, y la alternativa que con mayor insistencia se ventila es la del enfrentamiento militar, a tal punto que la opinión pública (66%) considera que la guerrilla puede ser derrotada por la vía militar. Pero, ¿están preparadas las fuerzas armadas para la guerra?

Si bien, en los dos últimos años, las fuerzas militares se han fortalecido en el nivel técnico –armamento-, y en el nivel táctico –hombres y capacitación-; la efectividad del nivel operacional –acción y reacción en la batalla- es un alarmante misterio: En términos empíricos, no existe una sola evidencia que demuestre la superioridad de estas frente a los alzados en armas.

3. Cooperación militar internacional. La presencia de tropas extranjeras y de cascos azules de la ONU servirán de apoyo a las fuerzas armadas para combatir a los grupos alzados y para frenar el secuestro, las masacres, el desplazamiento forzado y la toma de municipios.

La gracia de la asistencia militar puede estar relacionada con la sensación ciudadana de que soldados foráneos (31%) sí van a ser capaces de vencer a guerrilleros y paramilitares en el campo de batalla. Esta impresión se ha consolidado por la implacable guerra contra el terrorismo que EU ejecutó en Afganistán, y por la ausencia de acciones ofensivas y de resultados operacionales de las fuerzas militares.

La fórmula de una milicia extranjera no es viable bajo el esquema de la ONU y, de encontrarse un país dispuesto a prestar una colaboración castrense, el costo de la misión es altísimo y la efectividad de la legión en el territorio nacional es incierta.

4. Servicio militar. Cuando el Ejército tenga 100.000 soldados profesionales se eliminará el servicio militar obligatorio. A partir de esa cifra, el alistamiento se convertirá en un servicio docente, el cual exigirá de los planteles educativos la creación de plazas para los nuevos profesores, quienes recibirán una remuneración.

El aliciente de esta medida no puede ser más claro: Nadie va a ir a la guerra en contra de su voluntad. Esta objeción de conciencia popular está dirigida a los sectores menos privilegiados de la sociedad, en su injusta condición de principal fuente humana del servicio obligatorio.

La ofensiva militar que piensa impulsar Uribe con el favor de los encuestados se tiene que realizar con soldados colombianos. El principal instrumento de reclutamiento no es el servicio profesional, sino el obligatorio por dos principios universales: El primero, la defensa de la soberanía es un deber constitucional; y el segundo, es un mecanismo de igualdad, porque involucra a todos los miembros de las diferentes capas de la sociedad –si es eficiente-, con el propósito de evitar la ruptura de la solidaridad nacional, especialmente en épocas de guerra.

*Analista político y profesor de Política de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado de Colombia.
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