Se quieren devorar nuestras pensiones

Dios proteja el ahorro de los trabajadores colombianos. A contrapelo de los principales estudios sobre la materia y de las propuestas de los candidatos presidenciales, en su reciente Congreso, Asofondos, el opulento gremio de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y cesantías, volvió a mostrar su irracional aspiración de establecer en Colombia un modelo como el de Chile donde pocas empresas acaparan y hacen grandes negocios con los recursos que destinan los trabajadores para sus pensiones, mientras que la mayoría de los aportantes se jubilan con un salario mínimo o menos.

Es irrefutable que nuestro sistema pensional está afectado por graves anomalías y que es urgente reformarlo. Pero contrario a lo que pregona el aparato de propaganda de Asofondos, los cambios no deben comenzar por el sistema de reparto ni a los trabajadores les conviene comprimir ni sacrificar a Colpensiones.

La aritmética es contundente. La principal incompetencia y el defecto mayor de los fondos privados es que no pensionan a la gente. Después de 24 años de operación, acumulan ahorros por 230 billones de pesos y tienen 14,9 millones de afiliados pero apenas han pensionado a 130.000 personas. Hoy el ahorro promedio es de 15,4 millones de pesos, cuando el capital mínimo que se necesita para obtener una pensión de salario mínimo es de 180 millones de pesos.

Esta dramática situación –que se concreta en miseria e indefensión en la vejez para millones de colombianos- ratifica que los fondos privados no constituyen “seguridad social”, sino una gran operación financiera cuya prioridad es aumentar el capital de los más ricos y no amparar ni proteger a los débiles. Contra las especulaciones y falacias que pregonan algunos tecnócratas al servicio de los fondos, en Colombia el sistema que protege a la vejez es el de reparto: Colpensiones cubre a 1,3 millones, 59 por ciento de los 2,2 millones de pensionados que hay actualmente en el país. El resto corresponde a regímenes especiales -defensa y magisterio- 21 por ciento y a FOPEP 15 por ciento.

Frente a la contundencia de esas cifras no hay argumentos posibles para sustentar que deban ser los privados quienes administren los recursos, que la gente se tenga que resignar a no pensionarse o que, como en Chile, la mayoría de los colombianos no tengan camino distinto a entregar sus ahorros a un fondo privado que les devuelva al final –ya en los años de la decrepitud y del declive de la productividad-  los aportes con sus rendimientos, que se esfuman rápidamente en la atención de necesidades básicas.

Fedesarrollo propone una ruta mejor (que no le gusta a Asofondos): que todos los trabajadores coticen a los dos esquemas para que aseguren su pensión en lo público y la mejoren con los rendimientos de los aportes a los fondos.

Nuestro sistema de pensiones está gravemente afectado por la informalidad de la economía, por un perverso esquema que orienta los subsidios del Estado a las pensiones más altas y –como los de la mayoría de los demás países del mundo- por el cambio demográfico. Pero eso no se resuelve con el desmonte del régimen de reparto. La función del Estado es proteger a los ciudadanos en la vejez, no propulsar las ganancias de los grandes grupos financieros. Por fortuna candidatos como Gustavo Petro o Germán Vargas están proponiendo esquemas de pilares donde la primera franja de ingresos de todos los trabajadores sean administradas por el Estado y que complementariamente haya un pilar de capitalización para ingresos superiores a los administrados por el Estado. Iván Duque propone una AFP pública.

También es reprochable e inaceptable la persistencia de Asofondos en sustentar sus argumentos mediante la manipulación de datos y de cifras. Hubo "bomba pensional" en Italia (gasto público en pensiones de 14 por ciento del PIB) o en Grecia (11,6 por ciento). Aquí el gasto público en pensiones es de 3,9 por ciento del PIB, grave, urgente de remediar, pero aún no de dimensiones catastróficas.  

Es indudable que el hecho de que cada vez haya más adultos mayores y menos jóvenes, con mayor esperanza de vida, afecta gravemente al sistema de reparto pero también y por las mismas razones al de ahorro individual, porque la gente tendrá que ahorrar más para financiar más años de pensión en la vejez, un panorama desolador ante los famélicos datos de quienes hoy han podido llegar hasta la meta.

El caso de las personas que reciben pensiones entre 20 y 25 salarios es aberrante y muestra laxitud y falta de voluntad política para enfrentar a ese club de privilegiados que está integrado por apenas 530 personas, 0,04 por ciento del total de los pensionados. Pero la mayoría de las mesadas pensionales que paga Colpensiones están entre 1 y 2 salarios mínimos (980.000 pensiones, 76,1 por ciento del total). Que el régimen de reparto represente al gobierno un gasto de la tercera parte del presupuesto nacional que se destina a pensiones, mientras el régimen privado acumuló rendimientos por 28 billones en 2017, solo ratifica que están en actividades diferentes y que el propósito fundamental de los privados no es pensionar a la gente.

No habrá futuro para las pensiones ni para el país si no se acometen acciones de fondo para reducir la informalidad. Hay consenso en los sectores políticos acerca de la necesidad de eliminar subsidios en pensiones para todos los trabajadores que ganan más del salario mínimo, sin desconocer derechos adquiridos. Definir un nuevo sistema pensional que corrija esas y otras deficiencias y combine armónicamente los regímenes en beneficio de la gente es prioritario, pero debe surgir de un proceso inteligente, equilibrado y democrático. Hasta ahora Asofondos solo ha mostrado su ambición de quedarse con toda la torta, al costo que sea, y en ese empeño nos ha mostrado más los colmillos que las ideas.