A ver si ahora sí...

Como si fuera un “déjà vu”, nuevamente vemos en los noticieros de la noche que, ahora sí, el Gobierno y el Congreso están listos para hacer los cambios necesarios para acabar de raíz con las prácticas enquistadas en la política, que generan el caldo de cultivo perfecto para que la corrupción crezca y se multiplique. Como si se tratara de la cuña navideña de Caracol Radio, los colombianos nos entusiasmamos todos los años al ver en los titulares de prensa la promesa de una reforma política e inevitablemente terminamos decepcionados frente a la realidad de que la clase política hará hasta lo imposible para no auto reformarse.

A mediados de 2017, todas las condiciones estaban dadas para que se pudieran cambiar las perversas reglas de juego de la política nacional y se aprobara por fin la reforma que tanto esperaba el país. El expresidente Juan Manuel Santos tenía una Unidad Nacional que, siempre bien aceitada, “ferrocarrileaba” los proyectos del Gobierno; esa coalición era liderada por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo quien se movía como pez en el agua en el Capitolio Nacional.

Como si esto fuera poco, el Gobierno contaba con el mecanismo “fast track” que facilitaba el tránsito de los proyectos de implementación de los acuerdos de paz con las Farc. Sin embargo, y a pesar de tener el viento a su favor, el presidente Santos tuvo que ver cómo los políticos, enemigos y aliados, despedazaban su proyecto.

Debate a debate se fue ahogando la esperanza de una reforma que cerraba las listas, cambiaba las reglas de financiación de las campañas, promovía la inclusión de los jóvenes y las mujeres a la política y creaba una corte electoral alejada de los congresistas de turno. Así, derrotado y lejos de los micrófonos, el Gobierno se rindió en esa pelea que los políticos le ganaron por nocaut y terminó pidiéndole al Congreso que archivara ese proyecto que unos meses antes había anunciado con bombos y platillos.

Ahora, el gobierno Duque vuelve a intentarlo. Con propuestas menos ambiciosas, pero más realistas que las de su predecesor, un día después de haberse posesionado en el cargo, el Primer Mandatario llevó al Congreso una nueva reforma con tres puntos esenciales: acabar con el voto preferente, crear herramientas de democratización en los partidos y establecer condiciones para garantizar la paridad de género en las listas a corporación públicas.

Sin embargo, el panorama es gris; en un primer debate, los congresistas empezaron a colgarle propuestas, algunas bien intencionadas y otras no tanto, mientras en los pasillos del Capitolio algunos políticos tradicionales le auguran una muerte temprana a la criatura, por las muy débiles mayorías del Gobierno que, al haber renunciado a la “mermelada”, se enfrenta a una situación complicada en el Congreso para llevar a buen puerto su agenda legislativa.
Sin reforma política no se puede hablar de una verdadera agenda anticorrupción.

Si no se revalúa el perverso sistema del voto preferente con circunscripción nacional, si no se ponen sobre la mesa unas reglas claras de financiación, si no se incluye a las mujeres y a los jóvenes a la política, si no se crean barreras para separar al contratista del candidato, si no se plantea un tribunal electoral independiente, estamos destinados a 100 años más de corrupción. Si la clase política se resiste al cambio, los ciudadanos encontrarán la forma de reformarla; la trillada frase que pronunció Fabio Valencia Cossio durante la posesión del expresidente Álvaro Uribe, es más relevante hoy que nunca: “o cambiamos o nos cambian”.