Colombia, el frágil reino de la democracia extorsiva

Cada día son peores las noticias. Los escándalos de corrupción que tapan hasta el techo a este gobierno, son opacados por las acusaciones de Santos contra Uribe y por las de éste contra aquel. Y, a su vez, éstos son relegados por el destape de un procedimiento ilegal del Congreso en la aprobación de una Ley, y éste por una sentencia de una de las altas cortes. Y todas estas noticias quedan sepultadas por el alud que produce un asesinato atroz o un acto de violencia desmedida. Y, todas ellas por un nuevo escándalo de corrupción que indigna a los ciudadanos… y así sucesivamente los colombianos vivimos en una cadena de nunca acabar.

Y no se trata de hechos fortuitos o acontecimientos menores. Se trata de evidencias concretas de un régimen presidencial que hace agua por todos lados. Un régimen en el que cada Presidente, ante los escándalos, anuncia una lucha frontal contra la corrupción. Pero se niega a reconocer la mugre que puede haber bajo el tapete de su propio gobierno. Y, en cambio, sí anuncia “ingeniosas fórmulas”, como la financiación estatal de las campañas políticas, como si el problema estuviera en la financiación de los políticos. Como si tuvieran que robar porque necesitan sostener sus empresas electorales. Si eso fuera, curiosamente esa corrupción sería la más pequeña y menos gravosa para el país.

Pero la verdadera dificultad está en la otra corrupción. Esa que se esconde detrás de las acciones y decisiones de los altos funcionarios del Estado, que han permitido no sólo una quiebra permanente de las reglas del juego legal y constitucional, sino también una privatización de lo público. Es decir, que los funcionarios crean que la entidad que manejan es propia y las normas que las rigen están bajo su libre interpretación. Y que los ciudadanos asuman que cualquier centímetro de lindero que le gane al vecino, le garantiza un mejor vivir.

¿Cuáles son las razones que llevan a un Presidente a entregar a grupos de particulares (porque no es a los partidos políticos), las empresas intervenidas en el sector salud, el manejo de las entidades agropecuarias, las del sector minero energético, o el sector social, viendo que las están arruinando una y otra vez? (Un buen ejemplo se encuentra en http://ascoop.coop/archivonoticias/4916-liquidadores-quebraron-a-saludcoop-donadio)

¿Cuál será el argumento para que un abogado, que ejerció como Ministro de Justicia y Ministro de Interior, haya insistido en utilizar una decisión a todas luces ilegal para quitarse de encima una sanción que lo inhabilitaba para ser Procurador General de la Nación? ¿Y cómo es que, ante su elección, y a sabiendas de que hay dudas sobre la legalidad de ese procedimiento, se posesiona como Procurador? ¿Cuál es la garantía que puede ofrecer en la defensa del interés público, si él mismo ha pasado por encima?

¿Cuál será la razón que le asiste a un congresista para que, sabiendo de los costos legales y constitucionales de sus decisiones, acepte convertirse en notario (sin límite de tiempo, ni control) de los mandatos presidenciales a cambio de una cuota burocrática o unos proyectos de “inversión”? ¿Y cuál la de un jurista que, elevado a la más alta instancia judicial del país, a sabiendas de las implicaciones que su decisión va a tener sobre el orden político y jurídico, sacrifique la majestad de su posición para ceder a las pretensiones presidenciales o las presiones políticas?

Este es el verdadero drama de Colombia. Que detrás de estas decisiones y esta racionalidad, se incuban comportamientos en los que se está dispuesto a pasar por encima de la ley, con tal de obtener un interés particular o un beneficio propio. ¿Cómo entender que, a cambio de mantener la gobernabilidad, el poder político o la jerarquía institucional, un gobernante permita que se alteren las reglas de juego, o se quiebre el orden institucional?

No dudo que esa racionalidad es la que hace que un ciudadano o una autoridad en un territorio (alcalde, gobernador, concejal o diputado o un magistrado de un tribunal territorial) diga, ¿si los que gobiernan a nivel nacional lo hacen, porque no lo puedo hacer yo aquí? Si es necesario para mantener mi cuota de poder o mi prestigio aquí en el pueblo, ¿porque no lo puedo hacer?

Por eso, el problema no se resuelve con la financiación estatal de las campañas políticas; cambiando el estatuto de contratación; o imponiendo el voto obligatorio. Mucho menos endureciendo las penas.

La corrupción desenfrenada que hoy padecemos es la consecuencia de un quiebre de los fundamentos éticos y políticos del régimen presidencial. Un régimen que ya no es capaz de contener la voracidad de los corruptos, ni siquiera de imponer una disciplina a gobernantes y gobernados para que cumplan con las normas acordadas. Y que sólo puede sobrevivir manteniendo un sistema de favores, en el que cada quien busca sacar su propio beneficio como sea. Solo que ahora todos también saben que es un reino tan frágil, que no se sabe cuánto tiempo más podrá resistir.