¿Ministro Botero, hacemos una apuesta?

La operación logística de la aspersión es de una enorme complejidad tanto aeronáutica como de seguridad, implica necesariamente acuerdos con las comunidades y requiere por lo tanto de liderazgos y presupuestos de los que carece el despacho de Botero Nieto. Por estas y otras razones la fecha de reanudación de la aspersión parece más un cañazo al país (y al Gobierno de Trump que está pensando en descertificarnos) que un cronograma serio.

Las fechas no le van a cuadrar al ministro Botero cuando tenga que conseguir los pilotos de AT-802 para la aspersión, en el CAN hacen cuentas de que estos operarios serán provistos por el Departamento de Estado y en Washington tienen claro que el programa de aspersión fue nacionalizado en 2015 y que esta responsabilidad le corresponde ahora al Ministerio de Defensa. Entrenar pilotos y tripulaciones para la difícil geografía colombiana es una tarea de años no de semanas.

Para asperjar también se necesitan decenas de miles de galones de glifosato que tendrá que comprarse por licitación. De las licitaciones a las carreras casi nunca quedan cosas buenas, así le paso en el 2011 a la Policía Antinarcóticos. Según reveló una investigación del periodista Alexander Marín la compra del glifosato chino (que reemplazó al americano, cuando la Embajada de EE.UU. suspendió esta donación) estuvo marcada por varias irregularidades: falsificación de etiquetas, mayor toxicidad y sustancias irregulares e inflamables que ponían en riesgo a los pilotos (El Espectador, 26.09.2012).

Los asesores del ministro deben montar en tiempo récord el sistema de seguridad en tierra que requiere la aspersión. Precisamente con el fin de que no les dispararan a las avionetas se creó la Brigada Contra el Narcotráfico en septiembre del 2000, desde entonces esta ha sido una de las unidades militares con más entrenamiento, movilidad y capacidad táctica. El problema está en que desde el 2015 cuando se suspendió la aspersión, los seis batallones de esta Brigada Especial andan en otras misiones de control territorial. ¿De dónde va a salir el personal militar adicional que se requiere para cumplir esta labor?

Una demora que no le ayuda al plazo del ministro Botero es la del cumplimiento de la Sentencia T-236, si bien son solo seis las órdenes que dio la Corte Constitucional para reanudar el programa de aspersión y ninguna de ellas implica cambios de gran envergadura institucional. Lo que no se entiende es ¿por qué si esta es una prioridad presidencial, solo hasta julio próximo -11 meses después- se van a llevar los nuevos protocolos de aspersión para aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes?

En el cronograma del ministro Botero no hay espacio para los imprevistos, da por sentado que el trámite en el Consejo de Estupefacientes será expedito (tal vez subestimando la capacidad de fuego amigo del Ministerio de Salud, como ya se vio en la audiencia ante la Corte Constitucional). Hace cuentas de que la aprobación de las licencias ambientales será de un solo tirón, sin ires y venires de oficios ni requerimientos adicionales. Asume como un hecho los desembolsos del Ministerio de Hacienda para sumar el medio billón de pesos adicionales que son necesarios para costear un año del programa y sigue afirmando que la fumigada solo cuesta 2 millones de pesos por hectárea, aunque las cifras oficiales lo contradigan.

Ministro Botero, como usted si cree (y yo no) que va a lograr conseguir los pilotos, los soldados y los policías, el herbicida, los hangares, las pólizas, las licencias, la plata, los estudios técnicos, los permisos y el esquema de garantías que pide la corte, antes de Halloween. Le propongo una apuesta sencilla, en caso de no cumplir el plazo fijado usted dona un mes de su sueldo a una organización social. Por otro lado en caso que el plazo sí se cumpla, es decir que antes del martes 15 de octubre de 2019, este montada y operando una base de aspersión aérea, yo perderé y donaré esa misma cantidad de plata a la fundación que usted elija. ¿Apostamos o era solo un cañazo?

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