La reserva de la fuente es inviolable

Como cierre de la primera semana laboral del movidísimo año que inicia, por cortesía de la Corte Suprema de Justicia se intenta dejar aun más maniatado y silenciado al periodismo. Un fallo, insólito en cualquier país que se precie de ser una democracia, señala que Publicaciones Semana debe revelar las fuentes que le suministraron la información para elaborar un artículo publicado en 2013 en la Revista Dinero, en el que se señalaban las irregularidades que habría cometido una ex viceministra de Aguas mientras trabajaba para un ambicioso proyecto privado de explotación de carbón en La Guajira.

Al unísono, periodistas, directores de medios, abogados y defensores de derechos pusieron el grito en el cielo, y no es para menos; obligar a un periodista a revelar su fuente no es únicamente violatorio de derechos de la prensa, es una puñalada a la libertad de expresión y a la democracia.

La fuente de información es la persona que, como dicen los thriller policíacos, sabe demasiado y no se queda con el guardado. Cuando alguien tiene conocimiento y pruebas de que en su entidad o empresa se cometen irregularidades, malos manejos de recursos públicos, financiación ilegal de campañas o pagos de coimas a funcionarios, y quiere que eso se conozca, acude a la prensa porque sabe que gracias a ella amplifica su denuncia mientras garantiza su anonimato.

Quien primero resolvió denunciar la corrupción de Odebrecht no lo hizo parándose solo con un megáfono frente a las oficinas del gigante de las obras civiles y la corrupción regional, lo contó a quien podía investigar los hechos. Alguien dio a conocer la existencia de un cartel de la hemofilia, alguien habló del proceso 8.000, alguien contó cómo se roban la plata de la alimentación escolar, alguien denunció la comunidad del anillo de la Policía. Y así. Detrás de cada escándalo hay una fuente que dio el primer paso y fue a la prensa para contar lo que sabía.

La más icónica fuente anónima fue llamada por los periodistas que la consultaban como Garganta Profunda. Él entregaba información a los periodistas de The Washington Post que destaparon el escándalo de Watergate que trajo como desenlace la renuncia del presidente Nixon por haber espiado a su competencia política en campaña. Se encontraban en parqueaderos, debajo de puentes, siempre entre las sombras, a escondidas de quienes lo habrían destituido de su cargo como funcionario del FBI si supieran que los había delatado.

Hay fuentes periodísticas anónimas y públicas, así como oficiales y no oficiales. Desde las agencias de Relaciones Públicas y las oficinas de comunicaciones de las entidades se hace la labor de llenar los buzones de correo de los periodistas (en otras épocas llenaron de papel los escritorios) con información aséptica, alejada de toda autocrítica, propagandística. La información de comunicado oficial es sesgada en su perspectiva, informa solo un ángulo que interesa dar a conocer. Ningún acto de corrupción se desprende de un comunicado oficial; de la ética del periodista y el interés de la dirección editorial del medio que recibe la información de fuente anónima, dependerá que se escuche o no lo que tiene por decir, halar la pita a mano, hurgar, investigar, contrastar, confirmar.

Por eso, antes de ser publicada una investigación periodística, hubo unas fuentes que fueron protegidas: su identidad es, para el periodista, un secreto profesional. Esto no es, ni mucho menos, un privilegio de la prensa; es la razón misma de su existencia, un derecho inviolable que garantiza la independencia de su labor. Tampoco es una licencia abierta para que cualquier persona divulgue lo que se le venga en gana, es la protección a la manera de recibir información, porque ninguna fuente va a arriesgar su pellejo, su empleo o su vida, por denunciar sin garantías.

Entonces uno no sabe si es atrevimiento, insolencia, descaro o irresponsabilidad el fallo del magistrado de la Corte Suprema Luis Armando Tolosa. Con el argumento leguleyo de que la revista cometió un error en los tiempos para interponer la acción legal, la corte viola innumerables estándares de derecho internacional que protegen el ejercicio periodístico, y rompe con un pilar que sostiene a la democracia, como es el derecho a recibir información. Constriñe a la prensa, que no puede garantizarle a las fuentes la protección de la identidad y silencia a los valientes que no comen callados en el festín de los corruptos.

Pésimo comienzo de año. A ver si esta barbaridad puede apelarse y la Corte Constitucional corrige tamaño entuerto.

@anaruizpe