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REVISION DEL PACTO ANDINO

Semana
11 de julio de 1983

Hace algunos meses escribí que, dentro del Pacto Andino la violación de las Decisiones era la regla general, en lugar de ser la excepción. Esta situación coloca en clara desventaja a un país que como Colombia, cumple con sus obligaciones y dispone de mecanismos jurisdiccionales internos que le imponen al gobierno el cumplimiento incondicional de los acuerdos internacionales. En esas condiciones, pedí la ratificación urgente del Tribunal Andino de Justicia y la revisión del Pacto, para evitar que Colombia tuviera que considerar la alternativa de denunciar el Acuerdo.
Los vientos de crisis no han amainado; se han convertido casi en huracán. Las economías de Ecuador Venezuela y Perú han sufrido un agudo viraje negativo, cuyo resultado inmediato ha sido prácticamente el cierre del comercio con los demás miembros de Pacto, y, en particular, con Colombia. Nuestro país se ha visto obligado, a su vez, a utilizar algunos mecanismos legales de defensa, para evitar que las crisis de los países vecinos generen problemas irreparables en nuestra economía. Sin embargo, nuestro comercio, industria y exportaciones han sido gravemente afectados.
La Junta y la Comisión del Acuerdo de Cartagena son conscientes de la gravedad de la crisis. Ambos organismos subregionales mantienen con razón, el principio de que es indispensable la integración. Pero creen que el esquema actual adolece de graves deficiencias, puesto que, con el paso del tiempo, ha ido perdiendo su contacto con la realidad cambiante. En esas circunstancias, hay consenso acerca de la necesidad de revisar el instrumento. Existen, sin embargo, diferencias acerca del procedimiento para realizar la revisión: Mientras algunos piensan que lo más conveniente es ajustar gradualmente las normas, otros estiman que no es posible obtener un nuevo equilibrio dentro del Pacto, si no se examina el conjunto de los problemas y se procede a una renegociación simultánea de todo el Acuerdo.
Durante la reunión de Cancilleres del Pacto Andino, en Cartagena, el 2 de junio, parece que hubiera prevalecido la segunda escuela, es decir, la de la revisión integral. En efecto después de reconocer el progreso que representa la reciente ratificación del Tribunal Andino de Justicia y de reiterar la necesidad de fortalecer la integración, se reconoce que hay una crisis profunda, con origenes variados y complejos, la cual requiere una " reorientación del proceso de integración", que incluya "nuevos enfoques" para "aumentar el grado de autonomía subregional".
Los Cancilleres estiman que la nueva integración debe diferenciarse de la actual en los siguientes aspectos:
. Debe ser más balanceada respecto de los sectores comercial, agropecuario e industrial.
. Debe ser más participava, con la vinculación de los sectores empresariales, laborales, políticos y académicos.
. Debe ser más pragmática y flexible, para que pueda adaptarse a las circunstancias cambiantes que crean urgentes necesidades comunes.
. Debe otorgar especial atención al corto plazo para restablecer las corrientes comerciales y generar nuevo intercambio; recuperar los sectores productivos afectados, y enfrentarse al creciente proteccionismo (subregional e internacional). Por último, debe "fortalecer y consolidar el sistema institucional de la integración andina" para lograr "una mayor coordinación de las actividades de los diferentes órganos y convenios".
Hoy no se sabe si la última instancia política está en la Comisión, en los Cancilleres, en el Parlamento Andino o en los Presidentes. Existe un caos de jerarquías.
Puede concluirse de esta enumeración esquemática que la tarea que tienen por delante los diversos organismos del Pacto y de los convenios paralelos es amplia y compleja. Los Cancilleres buscan que se establezcan unos planteamientos básicos que puedan ser aprobados por los Presidentes en la reunión del 24 de julio. Esta no puede realizarse simplemente en los escritorios de los técnicos, sino que debe estar acompañada de una difícil negociación. Se necesita acordar un conjunto de objetivos mecanismos e instituciones que constituyan un nuevo consenso, el cual sirva de base para iniciar la renegociación integral del Acuerdo de Cartagena y de los instrumentos complementarios. Se requiere la orientación política de los Presidentes, pero también la participación de todos los grupos de opinión afectados o interesados, para que el nuevo marco de la integración andina no nazca marcado por un idealismo abstracto, sino que incorpore un nuevo equilibrio y permita, con realismo y flexibilidad, acomodarse a las circunstancias cambiantes de la economía contemporánea. Si no se quieren cosechar nuevas frustraciones, se deben moderar los objetivos.
La tozuda experiencia de los últimos años y las tremendas dificultades económicas recientes de nuestros socios no nos permiten forjarnos ilusiones. ¡Pero el reconocimiento, por parte de los Cancilleres, de la profundidad de la crisis y de la necesidad de una revisión integral, hacen revivir un rescoldo de esperanza!

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