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Opinión

  • | 2017/11/21 09:36

    Santurbán: el oro y el moro

    Habría que ver qué país se rehúsa a ponerle talanqueras a una inversión del orden que ofrecen los árabes y menos uno como Colombia cuya economía se debilitó fuertemente con la caída de los ingresos por petróleo y carbón.

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Después de la paz, pocos temas son tan sensibles para los colombianos como el del medioambiente, y eso está bien. Lo que está mal es que, como con la paz, no ha sido posible encontrar el punto medio para el consenso, la generación de confianza y la búsqueda de caminos adecuados para que el desarrollo no se lleve de calle los recursos naturales o, al revés, no se pierda una oportunidad de desarrollo para el país o una región.

El debate ambiental resulta apropiado cuando se conocen informes como el muy reciente de la WWF –World Wild Fund—que asegura que de los 85 grandes ecosistemas que existen en Colombia, 20 se encuentran en estado crítico (25 por ciento) y 17, en peligro (21 por ciento), lo cual plantea interrogantes y prende alarmas sobre el futuro abastecimiento de agua de un país que depende de las fuentes que nacen en las montañas andinas.

Hace un tiempo el centro del debate estuvo en la mina La Colosa, en Cajamarca (Tolima), donde una consulta frenó en seco el proyecto de la Anglo Gold Ashanti con el poderoso argumento de que afectaría las fuentes de agua de varios municipios. Ahora el tema es el páramo de Santurbán, el primero en ser delimitado por el Gobierno Santos para proteger de afectaciones mineras o agrícolas a unas 100.000 hectáreas.

Pero una decisión de la Corte Constitucional acaba de ordenar que se repita esa tarea porque el Ministerio de Ambiente no tuvo en cuenta los puntos de vista de las comunidades de más de 20 municipios de Santander y Norte de Santander. Con algo de arrogancia, el ministerio ha dicho que la clasificación de un ecosistema de alta montaña es el ejercicio de una potestad reglamentaria y no lo obliga a hacer consultas con la ciudadanía. Esto lo que demuestra es que ante las debilidades y vacíos en la política pública ambiental, la pauta la están imponiendo las cortes y no el Ejecutivo o el Legislativo, como pasa con temas como los derechos de las minorías sexuales o la eutanasia.

Pero, además, Santurbán acaba de ser noticia por un anuncio grande: el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos informó, tras la visita que hizo el presidente Santos a ese país, que invertirá USD1.000 millones en el proyecto minero de Soto Norte, cercano al páramo pero por fuera del área delimitada, para explotar oro a través de la empresa Minesa. La papaya quedó servida para que quienes están en contra del proyecto –entre ellos algunos políticos en campaña- argumenten que por encima del agua, el Gobierno está privilegiando la inversión privada.

Habría que ver qué país se rehúsa a ponerle talanqueras a una inversión del orden que ofrecen los árabes y menos uno como Colombia cuya economía se debilitó fuertemente con la caída de los ingresos por petróleo y carbón. Las preocupaciones de algunos sectores ambientalistas son válidas frente a este tipo de proyectos, pero sus argumentos deberían ir más allá de la oposición per sé. Y la empresa debería despejar las dudas, con argumentos técnicos, que asedian a ciudades como Bucaramanga que temen que la cercanía del proyecto con el páramo pone en riesgo el suministro de agua.

El país lleva casi una década patinando en la misma discusión sobre qué debe primar entre medioambiente y desarrollo, sin que sus líderes hayan mirado el tema más allá del día a día, lo cual le cierra el paso a la visión de largo plazo. Pero, además, es difícil avanzar mientras persistan los prejuicios que la inversión privada es sinónimo de depredación y destrucción de los recursos y mientras se mire con recelo a quienes con argumentos serios desde la orilla ambientalista formulan reparos, que algunos han llegado a ser tildados de fundamentalistas.

La millonaria inversion árabe nos coloca otra vez en la bolsa de las economías extractivas, intensivas en capital, no en mano de obra o conocimiento. Qué distinto fuera que ese billón de dólares fueran para la agroindustria que pasa por tan buen momento, para reactivar la manufactura o aún mejor, para fondear los proyectos de ciencia y tecnología para los que los escasos recursos de Colciencias no alcanzan. Pero no, a ellos les interesa es el oro, y a nosotros, pareciera que la prioridad fuera por sobre todo, cuadrar caja en divisas.

En este debate entre oro y agua, medioambiente y desarrollo, divisas y geopolítica, pareciera que hay algo más que no conocemos, ha faltado sinceridad y tal vez sobrado posverdad. De lado y lado.

*Ramsés Vargas Lamadrid, MPA, MSc, rector Universidad Autónoma del Caribe

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