El abuso de la fuerza policial hasta el asesinato, el uso de las armas de una nación contra sus ciudadanos pone a prueba la capacidad de las sociedades para controlarse a sí mismas. Desafortunadamente -hasta hoy– ningun país logra frenar de manera efectiva los abusos, ni impedir que se repitan. Además de la crueldad del asesinato cometido por la policía en los Estados Unidos contra George Floyd, en las imágenes se muestra tanto al matón como su compañero -soberbios e impasibles- con las manos en sus bolsillos mientras cometen el asesinato. ¿Cuánta ausencia de compasión humana permite actuar de esta forma? ¿Hasta qué punto deshumanizan los procesos de “formación” policial?
No es solo la repetición año tras año de estos casos en los Estados Unidos, no es solo el racismo que reside en el ADN de las élites en las distintas regiones del mundo.
Es el trato y la consideración de enemigos que las fuerzas de seguridad dan a los ciudadanos en su pretendido ejercicio de autoridad y muy especialmente cuando de controlar protestas, bien sean estas de indígenas, estudiantes, trabajadores, campesinos que cultivan trigo, papa, cebolla o plantas de coca en Colombia, migrantes en Francia o refugiados en México o Turquía.
Es la detestable y permanente exhibición de crueldad contra las minorías, LGTBI, jóvenes drogadictos, habitantes de calle, venteros ambulantes, es el uso indiscriminado y excesivo de fuerza contra los vulnerables económicamente, excluidos sociales y quienes protestan contra los gobiernos y sus políticas.
Las fuerzas de seguridad son formadas para arrodillarse ante al poder -así este viole la ley- y para humillar a quienes no lo tienen, así sean justas sus peticiones.
Los encargados de la seguridad en los estados tienen como tarea reprimir con la fuerza de las armas, conseguir información desde unidades de “inteligencia” para analizar, filtrar, tergiversar, urdir estrategias, adelantar sofisticados crímenes, traiciones y corrupción, mediante operaciones encubiertas y secretos a los que se denomina “de estado” pero que no son otra cosa que licencias otorgadas por los poderes a sí mismos, para evitar su destrucción y destruir a otros.
El estado colombiano es y ha sido buena muestra de ello.
Nuestras fuerzas de seguridad aprendieron a abusar en todas las formas y asesinar sin límite pues desde la independencia hasta hoy, se ha garantizado que no hay consecuencias cuando la preservación del poder, la conservación de la norma, los códigos y valores dominantes son el resultado.
La respuesta estatal perpetúa la conducta de abusos porque el alma de los cuerpos represivos no está hecho para construir justicia, sino para impedirla protegiendo los intereses de quienes han gobernado el país.
Los cuerpos de represión van donde los destechados no para garantizar que les den vivienda, sino a destruir las que construyen en lugares donde por su miseria han sido forzados a construirlas.
Las fuerzas represivas cuando se trata de reclamar derechos y justicia acompañan a los patrones, no a los sindicatos; acompañan a las autoridades y no a los estudiantes cuando se trata de buscar educación y acceso equitativo para todos.
Las fuerzas represivas están hechas para golpear, para detener y también como instrumento del poder para asesinar cuando lo requiere.
Por ello el problema no reside solo en la fuerza armada y sus miembros, sino de manera especial en la filosofía que la conduce; el problema no son sus hombres sino su liderazgo administrativo y político. De allí que el debate sobre los “perfilamientos”, “los seguimientos” y “las chuzadas”, de antes y las de ahora, es tan relevante, y por eso es tan desalentador e irresponsable que autoridades como la de Iván Duque, Francisco Barbosa, Carlos Holmes Trujillo y liderazgos como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia lo minimicen y lo banalicen como han hecho hasta ahora.
El reto que enfrentamos con la división ideológica, la corrupción y politización de las FFAA y el Ministerio de la Defensa es mayor que el problema del narcotráfico, y en muy buena medida explica por qué no hemos logrado el control territorial por décadas en el Bajo Cauca antioqueño para tomar solo un ejemplo de los muchos posibles. Por esas razones, no hemos logrado controlar a pequeñas bandas armadas, a los Caparrapos o al Clan del Golfo.
Mientras persistamos en la lógica del enemigo interno, en el desprecio por la oposición política vulnerando a los más frágiles social, económica y políticamente; mientras continuemos perpetuando el uso de la fuerza como camino para resolver los retos de control territorial, narcotráfico, justicia y democracia, lo único que se conseguirá es aumentar la fragilidad institucional.
Es claro que la relación FFAA, Mindefensa, Fiscalía-ciudadanía está crecientemente marcada por la desconfianza y el temor, ello debería ser la preocupación central de los líderes y del Estado colombiano. Necesitamos que saquen sus manos de los bolsillos y no quedarse observando cómo se derrumba el estado de derecho.