SOBRE NARCOS Y ABOGADOS

La espectacular chiva del Noticiero 24 Horas, relacionada con una lista de pagos de la mafia aparecida en el allanamiento de la residencia de un cuñado de Jorge Luis Ochoa, produjo la general reacción de la opinión pública en contra de los abogados que defienden narcotraficantes.
No era para menos. Entre los dineros repartidos por la mafia aparecían, como batidos entre la misma licuadora, sobornos a funcionarios del Estado y honorarios profesionales pagados a diversos juristas, unos muy eminentes, otros no tanto. Era difícil esperar que la gente hiciera alguna diferencia entre un juez al que se le paga para que favorezca a un narcotraficante, de un abogado al que se le remunera para que lo defienda.
Sin embargo, y aunque cueste trabajo admitir de entrada el planteamiento, la diferencia no solamente existe, sino que constituye la base fundamental de nuestro sistema de justicia. De las personas que figuraban en la lista de los pagos de la mafia los únicos que no tendrían nada que esconder serían los abogados. Y sin embargo, las respuestas dadas por todos estos juristas, en las que aceptaban a regañadientes haber rendido conceptos jurídicos relacionados con el caso Ochoa y haber recibido por ello honorarios profesionales, "aunque jamás en las proporciones señaladas en la lista", dejaron la impresión de una actitud vergonzante. Como si los abogados tuvieran, en realidad, y de acuerdo con las sospechas iniciales de la opinión pública, algo que esconder.
Es difícil pedirle a la opinión que no transfiera la profunda repugnancia que le ocasiona el delito del narcotráfico, a los abogados que aceptan defender narcotraficantes. Es difícil explicar que se trata de una manera lícita de ejercer la profesión. Es difícil alegar que resulta más perjudicial, para la supervivencia del país y del Estado de Derecho, que se extienda la creencia de que un narcotraficante no tiene el derecho de encontrar un abogado que este dispuesto a defenderlo, o de que un abogado no puede defender a un narcotraficante sin dejar de ser honesto.
No es Colombia, ni mucho menos el narcotrafico, el primer país ni el primer tipo de delincuencia que desata una polémica semejante sobre la ética de los abogados que defienden criminales a sabiendas. Uno de los mas insistentes polemistas sobre tan espinoso tema, el decano de derecho de la Universidad de Harvard, Alan M. Dershowitz escribía recientemente que el único abogado penalista que no tiene problemas explicando su profesión es Perry Mason, por la sencilla razón de que todos sus clientes resultan ser víctimas inocentes. Del resto, es bastante común que los abogados penalistas defiendan culpables, porque la gran mayoría de los clientes de los abogados penalistas son culpables. Esto no deja de producir cierto alivio. La alternativa contraria sería vivir en un país en el que la gran mayoría de personas acusadas de cometer un crimen fueran inocentes, lo que francamente ya sería el colmo de nuestro sistema de justicia.
Pero lo que más le repugna a la gente de los abogados que defienden narcotraficantes no es tanto que lo hagan, sino que reciban dinero, enormes cantidades de dinero, por hacerlo. En ello también existe una equivocación. Lo malo no está en que el abogado de un narco reciba mejores honorarios por su defensa que por la de cualquier otro criminal. Lo malo está en que por esas sumas de dinero el abogado acepte el ejercicio ilícito de su profesión, mintiendo, haciendo trampas o sobornando jueces para lograr sus objetivos jurídicos.
Se dirá, entonces, que podría llegarse a aceptar que haya abogados honestos que defiendan narcotraficantes, y hasta que ganen enormes sumas por ello, pero de ninguna manera que saquen libres a sus clientes
Sobre este punto Dershowitz responde que la función de un abogado es la de tratar de conseguir para su cliente culpable la interpretación más benigna de su conducta por parte de la justicia. El derecho le permite al abogado tomar ventaja de las normas procedimentales para favorecer a su cliente. No hacerlo sería una falta a la ética profesional. Es lícito que el abogado consiga para su cliente una sentencia reducida, y mejor aún una absolutoria. Lo importante es que ello se logre respetando las reglas del derecho, sin incurrir en trampas o sobornos que alteren la independencia del juez que toma la decisión final.
Pero es precisamente lo anterior lo que no parece claro en el episodio de la liberación de Jorge Luis Ochoa. Que los abogados que inventaron los procesos de Medellín y Cartagena para evitar la extradición de Jorge Luis Ochoa, y los que lograron que un juez otorgara a Ochoa el beneficio del Habeas Corpus sin tener realmente derecho a él, hubieran actuado sin procedimientos ilícitos y sin faltas graves a su ética profesional. Y posiblemente sea eso lo que determinó la actitud vergonzante que exhibieron los juristas mencionados en la lista denunciada por el Noticiero 24 Horas: que no sea claro que los abogados que lograron la liberación de Ochoa se hubieran limitado a tomar la ventaja lícita que ofrece el ejercicio del derecho, sino que incurrieron -o por lo menos aceptaron que otros incurrieran-, en trampas, sobornos y posiblemente hasta en amenazas para lograr sus objetivos.
La sociedad, sin embargo, no podrá evitar que este repugnante final jurídico del caso Ochoa llegue a repetirse, asumiendo la torpe y simplona actitud de que los narcotraficantes no tienen derecho de contratar un abogado, ni los abogados autorización moral para defender narcotraficantes. Lo único que logra la sociedad con esta actitud es ahuyentar a los abogados honestos de la defensa de los narcos, y condenar a estos últimos a que se pongan en manos de la ralea de la abogacía.
Yo me pregunto quién le ofrece mejores garantías a la sociedad. Quién le asegura mejor que los narcotraficantes serán juzgados de acuerdo con las normas del derecho. Quién debe inspirarle más confianza a la sociedad de que no se jugará sucio, de que no se sobornará, de que no se amenazará para conseguir un resultado contrario a la ley, al derecho y a la justicia: ¿un Jorge Luis Ochoa defendido por el abogado más prestante y honorable del país, o por el más desprestigiado y cuestionado de los que pululan en nuestro panorama judicial?