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Opinión

  • | 2019/09/26 18:09

    Tirios y troyanos

    Quizás la sociedad no se puede reconciliar en torno al pasado, pero es posible, y necesario, que lo haga frente al futuro.

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En esencia, el gobierno anterior negoció con las Farc bajo la hipótesis de que llevábamos librando una dilatada guerra contra esa organización, la cual, a pesar de ingentes esfuerzos y éxitos militares notables, no habíamos logrado finalizar. Otros creímos que esa tesis, que enfatiza la intención política de la antigua guerrilla, fue equivocada como lo demuestra la situación actual: a pesar de una desmovilización y entrega de armas que fue, en buena parte, exitosa, la violencia, en las áreas que antes controlaba el antiguo grupo subversivo, sigue siendo muy elevada; sus factores determinantes, además, tienen que ver con fines de lucro, no de transformación social.

Como el pasado es irreversible, y nadie en sus cabales pretendería revocar los beneficios otorgados a los antiguos combatientes que se encuentran inermes y en proceso de reintegración a la sociedad civil, la discusión sobre el origen del conflicto y sus causas (no son la misma cosa: aquel es inmutable; estas pueden variar con el paso del tiempo) es un ejercicio carente de implicaciones prácticas.

Todos tenemos claro, me parece, que los asesinatos selectivos que hoy ocurren en ciertas zonas precisamente determinadas, obedecen al auge de economías ilícitas, la crónica debilidad del Estado y las complejidades del territorio. Esos son los fenómenos que hay que atacar. El largo ciclo de negociaciones con los violentos, que intentaron varios gobiernos —no solo el de Santos—, ha culminado, al menos en el horizonte previsible.

De otro lado, las realidades políticas reducen el margen de acción de los sectores adversarios y amigos del acuerdo del Teatro Colón. Veamos:

Aquellos, con el respaldo decidido del gobierno, libraron, y perdieron, la dura batalla de las objeciones contra la ley estatutaria de la JEP. Fieles a sus convicciones, han presentado, por segunda vez, una propuesta para crear una jurisdicción independiente para militares y policías. Sin embargo, es remoto que tengan mayorías para sacarla adelante en el Congreso y, menos aún, que la Corte Constitucional la convalide en el evento improbable de que fuere aprobada. Conjeturo que el gobierno no se expondrá a un nuevo resultado negativo en el Parlamento.

Del lado opuesto, es un hecho que la coalición del Sí, que ya no controla el gobierno, carece de la fuerza de antaño, y que el partido Farc tampoco cuenta con un caudal político significativo. Es claro, entonces, que los amigos del Acuerdo Final no pueden ejercer una presión eficaz para el cumplimiento a rajatabla y en el corto plazo de las célebres 298 páginas negociadas en La Habana. Hacerlo tomará, como está previsto, años, y se realizará, en buena parte, a través de los planes de desarrollo de varios gobiernos. 

Del entorno hay también que destacar que el video de Márquez y su grupo tuvo un efecto bondadoso: fortalecer el compromiso de la dirigencia del partido Farc con el Acuerdo, una actitud valiente y valiosa que no puede pasar desapercibida. Igualmente, que ese partido, en vez de pedir a los líderes sociales de sus antiguas zonas de influencia que se armen, lo que demandan del Estado es protección. Y, por último, que la comunidad internacional, incluido nada menos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sigue respaldando el acuerdo ya negociado. Ir en contra de estas realidades sería darnos con la piedra en los dientes, no importa cuáles hayan sido las posiciones que asumimos en el referendo de 2016 y en los comicios posteriores.

Por todo esto, me parece que tirios y troyanos debemos ser capaces de converger, en primer término, en el respaldo a las tareas que adelanta el Gobierno para contribuir a la generación de condiciones de vida adecuadas para unas 50.000 personas, que es la suma de los guerrilleros reinsertados y sus familias. 

Según cifras oficiales, se ha logrado bancarizar a casi todos los integrantes de este grupo y afiliarlo a los sistemas de salud y pensiones. Se han graduado 314 excombatientes como bachilleres a través de un programa piloto de alfabetización que pronto debe expandirse. En el Sena se abrieron 1.773 cupos para formación académica y 8.251 de formación para el trabajo; en ellos ya están participando 4.671 personas. Igualmente, debe destacarse la terminación de los 14 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que estaban pendientes. Logro importantísimo que beneficia a los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, una estrategia que puede ser eficaz para romper círculos viciosos de pobreza y violencia.  

Cierto es, en segundo lugar, que los cultivos ilícitos tuvieron un crecimiento exponencial durante el pasado gobierno y que eso dificulta enormemente las tareas del actual. Pero no lo es menos que conviene realizar esfuerzos de convergencia con quienes se encuentran en la otra orilla. El uso de herbicidas tiene que ser una controversia superable. Ponernos de acuerdo sobre la erradicación, voluntaria o forzosa de los cultivos, la interdicción naval y aérea, el control de insumos, la destrucción de laboratorios y la confiscación de activos financieros, debe ser posible. Estos son asuntos técnicos, no ideológicos.  Por último, como sociedad es apremiante unirnos para reclamar al mundo solidaridad en la lucha contra las drogas ilícitas. Nadie pone más muertos y padece mayores daños ambientales que Colombia.

Briznas poéticas: Wislawa Szymborska, siempre al alcance de mi mano: “Nada en propiedad, todo prestado. / Hundida en deudas hasta las orejas.  / Tendré que pagar por mi / conmigo misma, / por la vida dar la vida. / (…) El inventario es preciso / y todo parece indicar / que al final nos quedamos sin nada. / (…) La protesta en contra / la llamamos alma. / Y es lo único / que no está en el inventario”. 

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