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Una ley para las prostitutas

Sin derecho legal al trabajo, víctimas del desarraigo, con todas las carencias y el deshonor a cuestas, su cuerpo se convierte en su único capital rentable. La prostitución, más que perdón, requiere justicia y comprensión.

Germán Uribe, Germán Uribe
4 de diciembre de 2014

¿Será necesario insistir en que las prostitutas también son seres humanos? En estos tiempos en que tras largas batallas la sociedad avanza en la inclusión igualitaria de diversas minorías apremiando el respeto por sus derechos, no puede ser que a las trabajadoras sexuales se las mantenga en el gueto en el que a través de la historia han estado confinadas. Recientemente, y gracias al senador Armando Benedetti, autor del proyecto de ley 079 de 2013 que tiende a reglamentar el oficio de la prostitución, enfocándose en el amparo que el Estado debe darle a aquellas mujeres que libre y espontáneamente la ejercen, parece que por fin ha vuelto a moverse el tema de su visibilización, pero esta vez con miras al reconocimiento que amerita su inequívoca existencia para ser reinsertadas de forma plena a la sociedad, dignificándolas y aceptando su oficio como una actividad económica legal. En suma, no sería cuestión de darle fin o promover la prostitución, sino de dignificar tal oficio.     

Frente a esta iniciativa, de justicia elemental, las voces irritadas de quienes se oponen no se han dejado esperar. Son ellas en su mayoría de origen religioso o de algunos personajes cuya moral no resistiría un examen minucioso. En primer lugar, porque toman como escandaloso e inaceptable que alguien a quien se ha denominado tradicionalmente como puta o prostituta acceda a un nivel que la aproxima en términos de igualdad al resto de sus congéneres y que, de remate, le podrían reconocer desde el Código Sustantivo del Trabajo sus plenos derechos laborales; y luego están los otros y las otras y casi todos convencidos de que “estas mujeres” que venden su cuerpo en la mayoría de los casos para suplir las necesidades de sobrevivencia por la que el Estado nunca quiso responder, son seres pecaminosos, indignos y merecedores del rechazo y la lapidación.

Satanizándolas y estigmatizándolas siempre a priori, desconocen que la misma Organización Mundial de la Salud, OMS, les admite como comercial su trabajo sexual, y que la sentencia de la Corte Constitucional T629 de 2010, contempla la licitud de la prostitución voluntaria y racional en sus diversas manifestaciones.

La senadora Gloria Inés Ramírez, en su defensa de este proyecto de ley, nos recordaba cinco ejemplos de legislación sobre la prostitución en diversos países: el prohibicionista en Irlanda, el reglamentista en Grecia, Turquía, Inglaterra, Francia y Australia, el abolicionista, que considera este oficio como esclavista y penaliza todo lo que con él tiene que ver, y el laboralista, que admite la prostitución voluntaria como trabajo y otorga derechos a las personas que la ejercen. Y es a este modelo al que clamamos porque nuestro país acceda pronto.

Seamos sensatos. Reconocer la prostitución en Colombia como una actividad económica más, es un acto de justicia que no tiene porqué vulnerar los derechos de nadie y en cambio sí, se constituye en una apertura democrática con igualdad de oportunidades para todos sin primitivos y repugnantes estereotipos excluyentes.    

La vulnerabilidad de la población que ejerce el oficio de trabajadoras sexuales es dramática y la sociedad no puede esquivar la mirada como si no existiera o fuese una epidemia inmanejable. Para llegar al punto de una plena equidad social de las prostitutas, el camino inicial con políticas públicas de atención en salud y educación, legalización de su trabajo y cobertura plena de sus necesidades como ocurre con el resto de la población económicamente activa, sería la ruta más acertada a seguir. Por ello es necesario que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República se apersone con prontitud de este tema buscando la manera de formalizar un amplio censo de aquellas mujeres dedicadas a la prostitución consentida, e ir creando al mismo tiempo la conciencia de que su dignidad se empareja con la dignidad de cualquiera otra mujer, haciendo que se vea como un problema más a resolver desde la obvia y natural perspectiva de una temática de género.  

Por temor al escarnio público al tratar este asunto, no podemos continuar dejando a las prostitutas relegadas de la sociedad, vituperadas y vistas como seres de menor valía o llagas infecciosas tatuadas por siempre en la piel de la sociedad debido a la cruel idea que se tiene de encasillarlas como simples pervertidas sexuales. Aquí vale la pena observar que en las culturas patriarcales se consintiera la prostitución como una sutil manera de darle equilibrio a la sexualidad masculina sin perjuicio para la familia. Además, a través del tiempo, cuando se acentúan las crisis económicas y sociales, su presencia se ha multiplicado. Sin trabajo, sin familia, sin afectos, víctimas del desarraigo, con carencias alimentarias y el deshonor a cuestas, y con su cuerpo como único capital rentable, la prostitución es una actitud que más que perdón requiere comprensión.   

Pueda ser que en las comisiones y plenarias de Senado y Cámara que deberán abordar este proyecto de ley, la cordura, la visión moderna y futurista y la justicia, primen por sobre los prejuicios personales o las influencias políticas y religiosas.

Estamos en la obligación de dignificar a la mujer sin discriminación alguna. Las prostitutas también son seres humanos y nada nos da derecho a desconocerlo.    
 
guribe3@gmail.com

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