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Opinión

  • | 2002/09/09 00:00

    Una sociedad en medio del colapso

    Según un estudio publicado la semana pasada por Codhes la cifra de desplazados en Colombia ya superó los 2.700.000. La prolongación del desplazamiento forzado en Colombia está generando cambios sociodemográficos y culturales alarmantes. Jorge Rojas, director de la ONG, hace un completo análisis sobre las implicaciones de este drama.

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La prolongación del desplazamiento forzado en Colombia está generando cambios sociodemográficos y culturales relevantes que deberían llamar la atención del gobierno, el Estado y la sociedad si se quiere pensar en construir un futuro con referentes del país y nación.

Estas notas escritas a propósito del seminario internacional "Desplazamiento: implicaciones y retos para la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos" que acaba de realizarse en Bogotá, intentan otra mirada al mismo drama de las personas que huyen de la guerra, de la violencia y del miedo.

La guerra y el empobrecimiento mueven a la gente y cambian al país

El mapa sociodemográfico, la ubicación socioespacial y los referentes culturales de la población colombiana están cambiando dramáticamente como consecuencia del desplazamiento forzado interno, del éxodo de compatriotas hacia otros países y de las migraciones por causas económicas que se suceden en medio de la violencia generalizada, el conflicto armado, el empobrecimiento y la ausencia de un Estado capaz de regular democráticamente y con criterio preventivo este desorden social.

Desde 1998 se consolidó una tendencia de crecimiento del desplazamiento forzado que afecta cada año en promedio a 300.000 personas y esta cifra no sólo se confirma para el primer semestre de 2002, que alcanza alrededor de 204.000 personas desplazadas, sino que advierte que, de mantenerse semejante dinámica de expulsión, este año será el más grave en materia de desplazamiento de población en Colombia.

A este flujo de población que huye de un lugar a otro dentro del territorio nacional, se suman alrededor de un millón de compatriotas que salieron del país y no regresaron en los últimos cuatro años (en promedio 240.000 por año, según la Organización Internacional para las Migraciones), es decir, una población aproximada de 540.000 personas son desplazadas internamente o emigran del país cada año por causas atribuibles al conflicto armado y a la crisis económica.

En estas circunstancias, la sociedad tiende a fragmentarse en medio de una guerra interna que destruye espacios tradicionales o sectoriales de organización y relación social, a polarizarse por el radicalismo de las partes contendientes que sólo aceptan amigos o enemigos y a desintegrarse como expresión de nación y país por la precaria legitimidad democrática, la vulnerabilidad de nuestra soberanía y las sentidas ausencias de justicia social y libertad.

La prolongación indefinida de la confrontación armada, que sigue sin resolverse por la vía del diálogo pero que tampoco tiene solución por la vía de la guerra, está afectando la relación rural-urbana de los últimos 40 años, mantiene un estado caótico y desordenado de crecimiento de las capitales de departamento y ciudades intermedias, afecta el censo electoral, incide sobre el desempleo y presiona modificaciones importantes en la estructura sociocultural de la población obligada al desarraigo o de las poblaciones intempestivamente sometidas a procesos atípicos de crecimiento demográfico.

Expresión de este estado de anomia social es la ausencia de derechos civiles y políticos para la población desplazada que no puede elegir ni ser elegida porque su libertad de pensamiento, de movilización, de organización, de expresión, fue conculcada por grupos armados irregulares que impusieron en sus regiones la homogenización de lealtades políticas sobre la base de la muerte, el destierro y la amenaza. Una anomia social que haría más difícil cualquier proceso de reconciliación y aún de reconstrucción de una identidad ciudadana con referente de país.

La gobernabilidad entendida desde los gobiernos locales esta sometida a presiones armadas, imposibilidad del ejercicio democrático, manifestaciones de corrupción, centralismo y ausencia de recursos. La gobernabilidad entendida desde la ciudadanía y la organización social responde a lógicas de imposición y fuerza de las partes contendientes, a ausencia de participación, minimización del liderazgo social y desplazamiento.

La apuesta por la construcción democrática de paz y nación, está determinada, en buena parte, por la solución de un problema como el desplazamiento y las migraciones forzadas cuya ocurrencia hace más frágil el Estado social que nos asocia y más difícil la reconciliación que se proclama.

Ahora cualquiera puede ser desplazado

Los últimos 18 meses se caracterizan por la ampliación de los grupos sociales afectados, toda vez que se han registrado cambios significativos en la composición de la población desplazada, ya que al desplazamiento tradicional y sostenido de campesinos, colonos, ganaderos, hacendados y líderes sociales, se suman ahora los desplazamientos masivos y sistemáticos de funcionarios públicos, que incluye alcaldes, concejales, diputados, jueces, maestros, trabajadores de la salud, periodistas, trabajadores del sector energético y sindicalistas del sector público y privado, así como líderes de las iglesias.

Otros sectores de la sociedad colombiana especialmente afectados por el conflicto armado y el desplazamiento son los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes sometidas a una verdadera diáspora como consecuencia de las dinámicas expansionistas de carácter estratégico y la disputa de territorios por parte de los contendientes armados.

También se advierte un crecimiento importante del desplazamiento intraurbano e interurbano que da cuenta de situaciones de amenazas y persecuciones de actores armados que consolidan el control de comunas y barrios en diversas ciudades del país.

Es relevante en este último período el crecimiento de las zonas de confinamiento, una modalidad asociada al desplazamiento forzado que implica el sometimiento de poblaciones a cualquiera de las partes enfrentadas, que antes que proteger, restringen los derechos de libre circulación, bloquean el ingreso de alimentos y convierten a la gente en rehén o escudo, según sus dinámicas de guerra.

Miedo y éxodo en las fronteras

El mapa del desplazamiento se complementa con los departamentos fronterizos en donde se han impuesto formas de movilidad humana que responden a alternativas de sobrevivencia relacionadas con la intensidad del conflicto y las acciones de los grupos armados que vulneran los derechos o abusan de la población civil. Así, a los paros armados, a los bloqueos de alimentos, a las amenazas y los secuestros masivos, al control de ríos y selvas, o a acciones de fumigación de cultivos lícitos o ilícitos, siguen procesos migratorios, en su mayoría temporales, que están determinados por la necesidad de salvar la vida, de buscar refugio cada vez menos probable dentro del territorio nacional y más urgente en territorios de países vecinos, aunque éstos responden con medidas restrictivas que agravan el problema humanitario (ver cifras anexas)

En los últimos dos años (2000-2001) alrededor de 37.000 compatriotas se vieron obligados a cruzar las fronteras con países como Ecuador, Venezuela y Panamá en busca de protección ante las amenazas contra sus vidas. Según los registros oficiales de las autoridades de estos países, alrededor de 6.000 ciudadanos presentaron su solicitud de refugio y aproximadamente 1.800 fueron aceptadas, en su mayoría en Ecuador, ya que hay dificultades para estudiar los casos que se presentan en Venezuela y hay normas restrictivas del derecho de refugio en Panamá.

Es decir, sólo 10 de cada 100 colombianos o colombianas que pasan la frontera en busca de refugio y protección presentan solicitud oficial a los gobiernos de los países vecinos y de estos 10 sólo cinco obtienen el estatus de refugiado.

Sin embargo, debemos decir que la situación de estos compatriotas es muy lamentable por la limitación de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Hay cierta estigmatización porque son señalados como terroristas o narcotraficantes que prolongan el conflicto en los países del área. Son sometidos a tratos indignantes y en casos como el de Jaqué en la provincia del Darién en Panamá, están prácticamente confinados, sin posibilidades de movilizarse en el vecino país y en medio de continuos señalamientos.

¡No importa, disparen!

La población civil es objetivo militar de los grupos irregulares que infringen las normas del derecho internacional humanitario con asesinatos de civiles no combatientes o de combatientes en estado de indefensión, masacres, secuestros, desplazamientos, uso de armas de efectos indiscriminados, reclutamiento de niños y niñas, bloqueos y hostigamientos y amenazas colectivas, entre otras formas que hacen parte de esta guerra interna.

Las autoridades civiles y militares dicen que sus fuerzas armadas han disminuido su récord de violación de derechos humanos y desplazamiento, lo cual es cierto. La presunta responsabilidad de las Fuerzas Militares es del 1 por ciento del total de casos de desplazamiento en 2001. Sin embargo, no hay respuestas claras cuando se pregunta por las acciones preventivas, por las alertas tempranas, por la permisividad o tolerancia a la acción de quienes defienden la legalidad desde la ilegalidad.

* Presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

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