Uno de los problemas del acuerdo entre las Farc y el Gobierno es la ambigüedad y la redacción confusa de algunos de los textos. Entre el uso indiscriminado de colombianos y colombianas, todos y todas, se necesita no solo paciencia sino un curso de comprensión de lectura. Ese ladrillo de 310 páginas refleja la costumbre de esos profesores que calificaban las notas por cantidad, mas no por calidad. Súmele al hecho que fue escrito a cuatro, ocho, doce manos. Antes no fueron 600 o mil folios.
Con tanta verborrea no sorprende que haya contradicciones en los textos. Y que sean sujetos a interpretación. La propuesta de la senadora Claudia López y la congresista Angélica Lozano del Partido Verde (que recoge una iniciativa anterior del senador Carlos Fernando Galán) busca resolver una de esas contradicciones. En el acuerdo, se obliga a las personas responsables de crímenes de lesa humanidad (por ejemplo, el Secretariado de las Farc) presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), confesar sus delitos, contar la verdad y aceptar las sanciones que les imponga el tribunal. Estas incluyen una “pena privativa de la libertad de 5 a 8 años” (página 165).
Tanto las Farc como el Gobierno han enfatizado la prioridad de las víctimas en todo, absolutamente todo. Son mencionadas decenas de veces en el mamotreto. “Las sanciones – reza uno de los apartes del acuerdo- tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz” (página 164). También se resalta la necesidad de “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia” y el respeto por su dignidad.
El mismo acuerdo, sin embargo, dice que "la imposición de cualquier sanción… no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. Sí, así está redactado. Con redundancia y castigo al castellano.
Allí está el quid del asunto que quieren resolver López y Lizcano y que es una de las mayores críticas de los del No: ¿cómo se cumple simultáneamente con una restricción de la libertad y la satisfacción de las víctimas, al tiempo que se ejerce como congresista?
No es posible. Ni con el don de la ubicuidad. El perdón de los pecados no se logra sin confesión. Y sin confesión o verdad, no se pueden resarcir los daños cometidos. Con su presencia en el Capitolio sin haber pasado por la JEP, Iván Márquez y sus allegados violarían la dignidad de sus víctimas.
En esta disputa sobre cuál derecho debe primar, el de los comandantes de las Farc a participar en política o el de la reparación de las víctimas, la respuesta es inequívoca: la de las segundas. Es la esencia del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 24 de noviembre de 2016.
Esta restricción no es absoluta: los otros 7.000 exguerrilleros pueden ser candidatos a las 10 curules. Y les quedaría a los más bárbaros -criminales de guerra confesos- su palomita en 2022, si su nuevo partido así lo dispusiera.
Comprendo la reticencia de los jefes de la Farc de aplazar sus aspiraciones políticas. Pero ellos firmaron el acuerdo y allí se comprometieron a resarcir sus víctimas. Está en blanco y negro.
Lo insólito es la oposición del Gobierno a que se incluya ese condicionamiento en la ley estatutaria sobre la JEP, la cual se votará en plenarias la próxima semana. La opinión pública respalda ampliamente la reforma propuesta. Partidos como Cambio Radical y Verde -otrora firmes aliados del proceso- lo exigen.
Sería un gesto a los millones de colombianos que votaron no, no y no. Sería un aliciente a la polarización que carcome al país político.
Más importante aún: sería un mensaje a las Farc, de que el Gobierno no está tan solo ni tan débil como parece en las encuestas. Que tampoco se va dejar meter gato por liebre. Que si bien lo acordado quedó blindado jurídicamente con el reciente fallo de la Corte Constitucional, lo que “blinda un acuerdo de paz es el consenso”, como lo dijo acertadamente el exministro, exembajador y analista Fernando Cepeda a Voces RCN. Y un primer paso hacia un mayor entendimiento, es satisfacer los derechos de las víctimas de las Farc. Así de sencillo.
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