Dos hechos trascendentales para la paz

Poder ver a un brigadier general del Ejército, Henry William Torres Escalante, y a tres de los 32 miembros de la cúpula de las Farc sentados ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) reconociendo responsabilidad y asumir el compromiso de aportar verdad plena, es un avance en la dirección de contribuir a una paz estable y duradera.

No se pueden ocultar las bondades del acuerdo de paz que suscribieron el Estado colombiano y la guerrilla más antigua del país; tampoco el diseño del punto cinco del acuerdo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) que administrará una justicia restaurativa con verdad, dolorosa pero necesaria para que los colombianos conozcamos todo lo ocurrido en este atroz conflicto armado.

Esto último es lo que no quieren que suceda: que se diga la verdad. Por ello quieren hacerlo trizas. Se oponen, por ejemplo, a que los colombianos conozcamos qué pasó con los llamados falsos positivos y que la Fiscalía denomina “muertes ilegítimas presentadas como bajas en combates por agentes del Estado”. Claro, conocer la verdad de estos crímenes no gusta a quienes son responsables de esta masacre de muchachos indefensos a quienes les ponían la chapa de guerrilleros; fue una práctica sistemática, facinerosa y perversa que ocurrió en los años 2006, 2007 y 2008, durante el gobierno de la Seguridad Democrática.

Según la Fiscalía, sobre estos hechos 5.626 personas han sido procesadas, de ellas 3.826 eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos; igualmente se vincularon 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles. Sobre estas ejecuciones extrajudiciales es necesario saber la verdad; así lo reclaman las madres de Soacha y demás familiares que reclaman sosiego para superar sus indelebles heridas. De estos hechos, por ejemplo, el general Torres Escalante no reconoció responsabilidad, pero otra cosa, seguramente, dirán los soldados que tenía bajo su mando. Esa es la JEP, la instancia para confrontar a los responsables entre sí y, por supuesto, para que las víctimas tengan la posibilidad de participar, pues ellas son el centro del acuerdo final.   

Entonces quienes hoy vociferan por las redes sociales que volverán añicos lo pactado están tacando burro cuando las bondades de la JEP son incuestionables, bondades que no las tiene la justicia ordinaria y menos la justicia penal militar que es lo que pretende el Centro Democrático crear, si la Corte Constitucional avala los dos articulitos que se incluyeron en la Ley de Procedimiento. Que no se llamen a engaños los militares, cierren los oídos a esos cantos de sirena que solo buscan beneficiar a quienes desde el mando civil los hicieron cometer esos crímenes, porque el fantasma de la Corte Penal Internacional posará sobre sus hombros como una espada de Damocles.

De igual manera, sucederá con los jefes de la antigua Farc. A la JEP llegaron Timochenko, Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y demás miembros de la cúpula a responder ante la sociedad. A decir verdad y asumir responsabilidad sobre secuestros, personas dadas por desaparecidas y el reclutamiento de menores. Ellos saben que si no lo hacen no tendrán derecho a los beneficios de la justicia transicional. Saben que la verdad plena es consustancial a las exigencias que hoy les hace la sociedad que no es otra cosa que reparar a las víctimas y asumir con responsabilidad el régimen de condicionalidad que los obliga a restaurar a quienes les hicieron daño.

Estos dos hechos trascendentales invitan a creer en la justicia transicional que no es punitiva pero sí restauradora, y propone la verdad como agente reparador. Quienes califican de sesgado el Sistema Integral: Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP, no conocen a fondo las bondades de un sistema inédito, pero eficaz.

@jairotevi