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La verdadera reforma política

Nunca vamos a lograr que se dé un remezón de fondo en todas las instancias del poder, si quienes redactan y tramitan una reforma son parte interesada en esa causa.

Federico Gómez Lara, Federico Gómez Lara
15 de agosto de 2017

Mucho se habla por estos días de la necesidad de tramitar una reforma política en el Congreso la cual, además de garantizar la participación democrática de los desmovilizados, logre transformar el sistema y reducir los niveles de corrupción.

Aun cuando de ese proyecto de reforma seguramente saldrán mecanismos válidos, lo cierto es que en esencia nada va a cambiar con las leyes que se aprueben. En Colombia siempre ha existido esa tendencia a legislar en función de lo que está de moda; y cuando vemos los noticieros copados con el caso de una mujer quemada con ácido, el Congreso se inventa un proyecto de ley para subir las penas a los agresores que usan esa modalidad. Lo mismo pasa con los casos de violación, secuestro, y con delitos menos atroces como el robo de celulares o la inasistencia alimentaria.

Curiosamente, los temas de los titulares de la prensa y los proyectos de ley del momento, casi siempre van en la misma dirección. Esa labor legislativa sería sin duda mucho más efectiva si los congresistas se dedicaran a diseñar mecanismos para fortalecer y garantizar la implementación de las leyes actuales, y no a inventarse una nueva ley cada vez que prenden el televisor. Es que si uno se pone a ver, si lográramos cumplir y hacer cumplir lo que está escrito en nuestra Constitución, sin cambiar una sola coma, Colombia sería el país de las maravillas.

Pues bien, con la reforma política pasa exactamente lo mismo. Desde su nacimiento, la Constitución del 91 ha visto cerca de diez reformas de estas características. Nos hemos pasado más de 25 años aprobando leyes que luego se derogan, y se vuelven a aprobar y, después, vuelven a tumbarse, siempre usando la coyuntura actual para darle una nueva interpretación a cada norma y para cambiar las reglas de juego con el fin de acomodarlas a la estrategia y los intereses de la clase política.

Palabras más palabras menos, nunca vamos a lograr que se dé un remezón de fondo en todas las instancias del poder, si quienes redactan y tramitan una reforma son parte interesada en esa causa. Si no, miremos lo que ha pasado con la discusión de los sueldos de los congresistas: no se ha podido y nunca se va a poder reducirlos. Es utópico pensar que legisladores con las características de muchos de los nuestros vayan a ser capaces de aprobar una ley para reducir su salario a la mitad. ¡Ni pendejos que fueran!

Si bien el tema de la reforma resulta poco prometedor por el lado de los políticos, en el último tiempo se ha abierto la puerta para que sea la justicia la que se encargue de lograr lo que diez reformas no han podido conseguir. La corrupción en Colombia no es un tema nuevo. Aquí siempre ha existido una relación delictuosa entre contratistas y políticos; nunca se han respetado los topes o las leyes de financiación de campañas electorales; siempre hemos tenido compra de votos; toda la vida los puestos han sido feriados para satisfacer incontables recomendaciones y pagos de favores; y siempre los políticos se han parrandeado nuestros impuestos. Y eso no ha pasado propiamente porque no esté prohibido. Todos sabemos que en este país robar es un delito, comprar votos es un delito, chuzar a la oposición es un delito, aceitar parlamentarios es un delito, sobornar es un delito, traficar con influencias es un delito. Sin embargo, aun cuando ahí estén las leyes escritas, la clase política lleva años ejecutando estas prácticas como bandera.

Ahora, existe una diferencia fundamental entre lo que ha pasado siempre, y la situación en la que estamos por cuenta del escándalo de Odebrecht: esta vez, para fortuna de todos, los corruptos se dejaron coger. Hoy por hoy, con Otto Bula, Ñoño Elías y sus amigos en manos de la justicia, con su corazón herido y dispuestos a colaborar, el fiscal Néstor Humberto Martínez y la rama judicial en pleno, tienen en sus manos la misión de adelantar la verdadera reforma política.

Ellos, deben tener como absoluta prioridad, llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de Odebrecht, y ahondar hasta más no poder en la interrogación a los capturados. ¡Y que caiga el que tenga que caer! Si se hace posible que todos los responsables de este y tantos otros escándalos que están en desarrollo, en todas las instancias del poder, sean llevados ante la justicia, buena parte de la clase política que se ha dedicado a robar y a ayudar a robar, desaparecería para siempre del espectro. Es ese el único camino posible para lograr reformar nuestro sistema: el de que hasta el último pillo, por más importante que sea, por más escoltas que tenga y votos a su nombre que hayan sido emitidos, termine tras las rejas.

@federicogomezla