El desnudo de la realidad del sistema electoral

En las elecciones del pasado domingo, se desnudó una realidad aparatosa que muestra el sistema electoral colombiano en total crisis y a costos que avergüenzan en un país democrático.

Las fotocopias desvistieron el atraso en materia de planes de contingencia frente a situaciones irregulares que bien pueden convertirse en peligrosas contra el orden público, los bienes de los ciudadanos, y su propia integridad.

Podríamos estar lamentándonos si la cuestión se hubiese dado, no en 29 mesas según las cuentas del registrador, sino en más de 100 o 200. Hasta Santos fue acusado de fraude, dizque para ayudar al candidato de izquierda y consolidar la revolución. Así le gritaron quienes se sintieron desfalcados en Medellín, en el Liceo Francés en Bogotá y en otras ciudades capitales.

Justo un antecedente similar se dio cuando en 2002, el registrador de la época, autorizó la utilización de copias informales del tarjetón causando una sensación de fraude, el que a futuro desmanteló el monstruo que aparecía en la arena legislativa del país: el paramilitarismo.

Todo esto nos obliga a insistir en la urgencia de producir una legislación moderna en materia electoral. Para iniciar, las consultas partidistas deben estar acompasadas de la militancia en el partido de quien vota en las mismas, porque como lo ha referido la Corte Constitucional, si bien las consultas son consecuencia del carácter expansivo de la democracia, “resulta evidente que uno de los campos donde la práctica democrática debe imperar es en la actividad interna de las agrupaciones políticas.”

Nada más alejado a esta máxima electoral, que las consultas permitan que se entrometan en la interioridad de los partidos personas ajenas a su militancia.

Los partidos políticos en cuanto son personas jurídicas, deben equipararse en derechos a las personas naturales, quienes no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Si todas las personas tienen derecho a la protección de la ley contra las injerencias o ataques externos, los partidos también deben recibir esa garantía.

Como la identidad y el registro civil de nacimiento, mediante el cual se prueba la mayoría de edad, son fundantes del sufragio, la inscripción a un partido y su carnetización, deben ser las bases de la organización partidista diáfana y transparente.

Sin estas condiciones, nuestro sistema electoral termina constituyéndose en prácticas y fenómenos que rompen su equilibrio y el de la sociedad.

La trashumancia, la doble militancia y la defraudación al votante, afectan el derecho a participar en la conformación y ejercicio del poder político, pero pareciera que ni las nuevas conductas elevadas a delito en nuestro estatuto punitivo, les causa temor a quienes desde arriba hasta abajo las cometen.

Otro alimento a la crisis del sistema electoral es el abstencionismo producido por el rechazo de los ciudadanos a la política y a todo lo que se acerque a lo público, y si las acciones que dejan dudas provienen de quienes integran la organización electoral como el Registrador Nacional del Estado Civil, mayor desconfianza sembrarán.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, además de adoptar las políticas del Registro Civil, debe garantizar la inscripción confiable y efectiva de los hechos, actos y providencias sujetos a registro, proferir las autorizaciones a los entes o autoridades habilitadas legalmente para que concurran en el cumplimiento de dicha función, y proteger el ejercicio del derecho al sufragio, para lo cual deberá otorgar plenas garantías a los ciudadanos.

Sumado a los errores humanos, sobreviene la falta de actualización tecnológica que abra paso al voto electrónico con lo que se acabará el pago de los votos en los umbrales de los puestos de votación y la utilización de fotocopias en casos como el ocurrido en esta contienda. Todavía nos preguntamos: ¿por qué el gasto de unas elecciones es tan elevado, si el sistema es obsoleto y no permite controlar y conjurar los flagelos que contaminan el sistema electoral? ¿Por qué no optimizar y racionalizar el gasto público destinado para las elecciones en Colombia, poniendo en marcha el voto electrónico? ¿Quién no tiene acceso a un computador que destine la Registraduría desde donde se pueda votar? ¿Por qué no empezar con un sistema mixto de votación?.

Las consultas partidistas se habrían podido realizar en forma controlada desde los militantes de cada partido usando la tecnología, evitando los gastos irracionales de tarjetones que se pierden.

Desde los celulares podemos votar, para que a futuro no se desnuden nuestras falencias que cuestan en lo económico y en lo moral. Apostémosle a la modernidad electoral para bien de la transparencia política.

(*). Gutiérrez Morad & Calderón España. Abogados Constitucionalistas.