¿Y la ministra de Educación?

Cada día se advierte con verdadero asombro la dramática situación de los médicos y profesionales de todas las áreas del conocimiento, quienes sufriendo la desidia de un hecho que lacera el alma y el corazón de miles de compatriotas y con ellos, familias enteras que hacen entender la verdadera dimensión del drama de la protesta ciudadana, estamos ante una realidad generalizada de  jóvenes profesionales que se endeudan para salir del país y realizan estudios en las más prestigiosas universidades del mundo, obteniendo diplomas de especializaciones, maestrías, doctorados e incluso posdoctorados, para que un burócrata, que en la gran mayoría de los casos no conoce siquiera la dimensión de los estudios realizados por el solicitante, ignorando por completo su campo de acción y al final de hacer un análisis sumario de elementos documentales proceda a expresar la fatal decisión: retornar la solicitud de validación, invocando cualquier esperpento jurídico, intentando tipificar a las patadas su punto de vista en alguna expresa prohibición normativa o administrativa, tal y como lo he reiterado en este mismo espacio de opinión, dentro de los cientos de absurdos casos que he tenido la oportunidad de conocer, me he topado que entre personas de la misma promoción, al del mejor promedio académico le han negado la solicitud de validación argumentando que la institución académica donde se efectuaron los estudios no cuenta con la respectiva homologación, sin siquiera percatarse el funcionario de turno que meses atrás había otorgado la respectiva homologación a otros tres compañeros de la misma promoción egresados en la misma cohorte, misma fecha y misma universidad, en el mismo programa académico… ¡absurdo!

¿Qué tenemos que hacer para que esta situación termine? Nos resistimos a pensar que el Estado siga inerte en medio de tan compleja dificultad, estamos convencidos de que tanto la agencia de defensa jurídica del Estado, así como los entes de control y demás entidades asesoras tomarán las respectivas cartas en el asunto, anticipándose al eventual daño antijurídico que podría estar en cabeza del Estado por su absoluta omisión ante esta añeja problemática, y lograran poner de presente al Gobierno nacional sobre la bomba de tiempo que tienen en las manos y que está por estallar, es necesario que las políticas gubernamentales se abran a una realidad que viene dominando al mundo desde hace varias décadas; la globalización, la cual no puede ser interpretada como una expresión esnobista, sino ha de entenderse al interior de una política pública integral, basta con analizar casos de verdadero éxito en países desarrollados y de primer mundo como los escandinavos, en donde desde la década de los setenta, se ha estimulado a que sus jóvenes y profesionales busquen no solo adquirir mayores competencias académicas en otros países del mundo, sino que conscientes de las limitaciones propias de sus lenguas germánico-escandinavas, han tornado enérgicamente a una bilingüismo generalizado  como consecuencia de una clara política estatal, donde no solo la televisión pública es en inglés o alemán sino en donde se otorga todo tipo de estímulos y ayudas a los jóvenes para que fortalezcan idiomas como el francés, el alemán y el castellano, mediante el estudio de programas de educación continuada en la Unión Europea, en Canadá y en Estados Unidos de América.

Es claro que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, y que el esquema estatal danés, sueco o noruego son en la actualidad prácticamente inaplicables a nuestras realidades como sociedad, pero sin duda consideramos que el Estado no puede ser indolente con los miles de compatriotas que mediante el arduo esfuerzo económico, intelectual y familiar han logrado después de varios años, de muchas trasnochadas, de un sinnúmero de trabajos paralelos como meseros o auxiliares de cocina, obtener un título universitario en el exterior, para que el Ministerio de Educación actúe como el clásico gendarme estatal al mejor estilo del “dejar hacer, dejar pasar” y gire la cabeza para el otro lado ignorando lo que de frente se está constituyendo como una real debacle social, enfrascada en la frustración de quienes no pueden ejercer sus actividades en nuestro país. Estamos ante profesionales de todas las áreas, abogados, médicos, ingenieros, que en algunos casos más allá de soñar e idealizar un lógico beneficio económico por sus estudios continuados en el exterior, su intención es la de lograr vincularse a la actividad académica en Colombia con el ánimo de hacer extensivos sus conocimientos a las nuevas generaciones, es decir, profesionales que se formaron con doctorados y posdoctorados inspirados únicamente en el sueño de contribuir con sus conocimientos a formar mejores ciudadanos en un país que como reiteramos, está lejos, muy lejos, de ser un país académicamente sobresaliente, o por si las dudas revisemos los puntajes de las últimas Pruebas Pisa.

La ministra de Educación, como autoridad administrativa y gubernamental en la formulación de políticas públicas en materia educativa, debe entender que el descontento social no es solo aquel que reposa en las clamas legítimas de la universidad pública, sino que debe avizorar que se trata también de todos los compatriotas que en la actualidad no puede poner en práctica sus experticias y conocimientos adquiridos en el exterior, por cuanto, la verdad sea dicha, estamos ante una legislación obsoleta y enmarcada dentro de un régimen prohibicionista que a toda luz va en contravía de las necesidades propias de nuestro entorno actual, resulta increíble que hoy en pleno 2020, que con tan solo ingresar a internet de manera inmediata se puede lograr ser aceptado en las más prestigiosas universidades de Europa y Norteamérica, en nuestro país el Ministerio de Educación se dé el lujo de no convalidar dichos títulos por cuanto no se encuentran homologados, es menester que el Gobierno entienda que el descontento no es solo una cuestión de movilizaciones ideológicas, sino que obedece a un verdadero fracaso en ciertos aspectos de la agenda gubernamental, en este caso, con el respeto que me merece el actual gobierno y la señora ministra, estamos ante un fracaso titánico, de marca mayor y estrepitoso, pues la flamante Resolución 10687, promulgada el pasado mes de octubre de 2019, que buscaba agilizar los trámites de convalidación, terminó convirtiéndose en una solución fútil, pues prácticamente a hoy la diferencia entre el antiguo régimen y el actual es casi imperceptible, con un agravante, al anunciarse una disminución hasta del 50% del tiempo, lo que realmente ha acontecido es que los trámites se atiborran en los anaqueles del ministerio, sin que se evidencie una verdadera o real mejoría en el trámite de convalidación.

Ministra: no lo dude más, suelte su inteligencia que como paisanos tolimenses admiramos, y apersónese de este grave drama que actualmente tiene a más de 13.000 compatriotas en vilo, nuestro país no puede soportar más desinterés y más desprotección de quienes no han hecho otra cosa que buscar la excelencia para colocarla a disposición de Colombia.