Con la sanción de la ley de víctimas y restitución de tierras el Gobierno dispone de un nuevo marco jurídico para continuar con su atención, iniciando un nuevo camino distinto a la ley de Justicia y Paz, puesta en marcha durante la administración del presidente Uribe, con la cual hizo énfasis en los derechos a la verdad y la justicia, porque la reparación siempre estuvo enredada entre las cifras de los ministros y la preocupación de dónde saldría el dinero para resarcir el daño causado a las víctimas.
Una de las altas consejerías presidenciales con mayores recursos para este tema ha sido Acción Social, que en buena parte asumió la atención humanitaria y los procesos de estabilización económica de las víctimas. Esta consejería ha contado con la ayuda de misiones extranjeras y gobiernos que cooperan con Colombia, y que canalizan sus dineros entregados a través de ella.
Durante el primer semestre del año en curso, el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto -PAC- de Nuevo Arco Iris puso la lupa en el esfuerzo de esta agencia presidencial, que muy pronto se convertirá en departamento administrativo, evaluando los obstáculos encontrados en 2.341 casos de víctimas para hacer efectivos sus derechos ante esta entidad, esto fue lo que encontró en materia de atención humanitaria de emergencia y reparación administrativa:
Un total de 691 personas que no han recibido ningún tipo de atención humanitaria de emergencia, y que no han sido registradas en el Sistema de Información a Población Desplazada –SIPOD-. Referente a esta situación la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado señaló en 2010, a través de su tercera encuesta nacional de verificación, que el 25,7% de la población en situación de desplazamiento nunca ha recibido ayuda humanitaria de emergencia.
Muchas de las víctimas al no encontrar respuesta en sus solicitudes para recibir la ayuda humanitaria de emergencia, recurrieron a derechos de petición o tutelas ante la entidad, lo que a su vez provocó el incremento de la congestión judicial. En ciudades como Pasto y Santa Marta, al no tener información sobre el procedimiento para recibir dicha ayuda, recurrieron a diversas organizaciones sociales, entre ellas organizaciones de victimas, desplazados y ONG, para conocer la ruta que les permitiera obtenerla.
El Programa de Atención a Víctimas del Conflicto de Nuevo Arco Iris encontró que de los 226 casos consultados en Santa Marta, en 156 se interpuso derechos de petición para solicitudes relacionadas con ayudas humanitarias de emergencia.
En las ciudades de Bogotá, Quibdó y Tuluá, que sumaron un registro de 988 víctimas, 450 manifestaron que Acción Social fue una de las entidades que les brindó atención. Sin embargo, en 27 de los casos fue necesario interponer derecho de petición, y en 2 de estos, se llegó hasta interponer recurso por incidente de desacato, para acceder al derecho de ayuda humanitaria.
En cuanto al proceso pedagógico adelantado por Acción Social para socializar el procedimiento administrativo de reparación, el informe señala que: ‘fue muy bajo y generó falsas expectativas en las víctimas a quienes en un principio se les presentó el programa como un mecanismo ágil y de comprensión sencilla en el que para muchos lo único que debía hacerse era llenar un formulario y esperar, lo cual no ha sido así, pues la exigencia de documentos y de narración adecuada de los hechos, ha sido determinante para la expedición de actos administrativos que niegan el reconocimiento de la calidad de víctima.`
El Diario El Colombiano señaló en el primer semestre del 2010, que de 301.371 solicitudes de reparación administrativa presentadas al Estado, 100.000 de ellas desconocía si habían sido admitidas o no para acceder a este beneficio. ‘Quienes radicaron su solicitud en muchas oportunidades lo hicieron de forma incompleta y en el momento de recepción no se les orientó por parte de algunas entidades entre ellas Acción Social sobre algunos documentos que podrían servir para completarla’, puntualiza el informe.
Otra de las conclusiones es que la demanda para atender a las víctimas desbordó hace rato el aparato institucional. Ante esta coyuntura el presidente Santos planea convertir en un departamento administrativo que centralice estas tareas la alta consejería de Acción Social, el tiempo y las víctimas dirán si fue una decisión acertada.
/ Giovanni Moreno C.
Artículo publicado en www.nuevoarcoiris.org.co