ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ

El desarrollo de la democracia requiere educación

El sistema educativo de Colombia no incide de manera positiva en los niños, los adolescentes y los jóvenes; no tiene impacto real en la educación y formación para el desarrollo de ciudadanos críticos que nos permita avanzar como sociedad a una vida democrática más activa.

Ángel Pérez, Ángel Pérez
17 de julio de 2017

Un objetivo de mediano plazo del sistema educativo, asociado a la calidad de la educación y de las necesidades del país, debería ser desarrollar en los estudiantes capacidades políticas y ciudadanas con el propósito de mejorar la participación política y consolidar los valores bajo los cuales se produce la lucha democrática para acceder al poder, o para definir quien ostenta dicho poder; así mismo debería fortalecer las calidades humanas y el compromiso social.

Lo anterior no es un reto cualquiera en un país donde el sistema político y la participación ciudadana de los colombianos se acostumbró a que impere de manera nefasta el individualismo a ultranza, aún entre los más pobres, los actos de corrupción y el “cómo voy yo” frente al reparto burocrático y el poder.

El sistema educativo y la sociedad en Colombia no pueden ser neutrales frente a la realidad del funcionamiento de la democracia, el ejercicio del poder y las formas clientelares de participación. También, debemos reconocer la inexistencia de un sentido ciudadano por valorizar la democracia y la participación de nuestros jóvenes y adultos. En el libro el Valor de Educar, Fernando Savater sostiene que “la democracia tiene que ocuparse también de crear los ciudadanos en cuya voluntad política apoya su legitimidad, es decir tiene que enseñar a cada ciudadano potencial lo imprescindible para llegar a serlo de hecho”.

Además, como sociedad nos debemos preguntar en torno a la lucha política ¿si dados los niveles de pobreza, de conformación de las familias y de valores ciudadanos es posible desarrollar una democracia activa? donde nuestros problemas políticos y sociales más profundos se discutan y se solucionen a través de una institucionalidad que respete unas reglas básicas de decoro y humanidad. Institucionalidad que la ejercen seres humanos, los cuales no pueden ser santos, pero tampoco delincuentes. En todo caso la educación debe ayudar a cambiar conductas, la democracia no puede ser votar por quien pague o prometa y luego marcharse a casa a esperar por favores personales.

De acuerdo con lo anterior, la sociedad requiere con urgencia que el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, MEN, revalúe su trabajo en torno a la calidad de la educación y defina que es lo importante. Les puedo asegurar que más del 80% de las instituciones escolares en Colombia no han tenido ningún apoyo efectivo para realizar programas y ajustes curriculares asociados a la paz, sólo normas, Ley de convivencia y catedra de la paz.

En cambio, a los colegios si les llegó material, recursos e incentivos vinculados a las pruebas Saber, al índice Sintético de calidad y a la aplicación de los denominados Derechos Básicos de Aprendizaje que establecen qué es lo básico que un niño debe saber en matemáticas o en lenguaje en cada grado, desde primero hasta once, es decir, nos devolvimos a los años noventa, pasamos de una educación que desarrolla competencias en los estudiantes, a una educación que trabaja logros de los estudiantes por grado.

Para qué un sistema educativo que prepara a los niños para las pruebas, pero que no es capaz de educar y formar a nuestros niños y adolescentes en torno a desarrollar conocimientos, así como capacidades de análisis, discusión y comunicación para mejorar la convivencia social, fortalecer la ciudadanía y la democracia.
El Ministerio de Educación no puede tener una sola mirada con respecto a la calidad de la educación asociada a los resultados de las pruebas Saber, Pisa u otras. El MEN y el sistema educativo tienen otras, por ejemplo, los resultados de medicina legal que confirman que nos seguimos matando o hiriendo por pendejadas, que frente a la criminalidad y delitos son los jóvenes quienes más están involucrados. El MEN conoce la escasa participación política de los jóvenes y la discriminación que existe contra las mujeres en juntas directivas de sindicatos, concejos, asambleas y congresos, para sólo mencionar unos casos. Pregunto nada tiene que ver la educación.

Sin embargo, todos los días nos dicen que la educación mejora, que avanzamos en los resultados de dichas pruebas, aunque el país en la vida real sigue igual o peor. Las discusiones políticas se resuelven con escasa participación; los resultados electorales se asimilan con odio, o se interpretan a partir de posiciones religiosas, ideológicas y de otra índole, pero menos con la razón o los acuerdos constitucionales y el respeto de un buen perdedor o de un vencedor que entiende que asume nuevas responsabilidades.

El Ministerio de Educación no está comprometido con propuestas para cambiar pedagogías, currículos y proyectos educativos institucionales, respetando la autonomía escolar, pero apoyando la vinculación del sistema educativo con los grandes problemas de la sociedad, de este país, que no son los de la Ocde.

En este sentido, el MEN debería dedicar más esfuerzos y acciones de política educativa a lograr que los colegios y los docentes cuenten con herramientas e instrumentos pedagógicos que permitan acercar la educación a uno de los problemas más complejos que vive la sociedad y la democracia: la ilegitimidad de los gobiernos nacionales y territoriales por la corrupción, la politiquería, el clientelismo y los negocios entre lo público y lo privado, donde siempre pierde el Estado y la población con menos ingresos o con más necesidades. Mejorar la democracia requiere educación.