¿Salvar a los bancos o salvar la economía?

Lo mágico de la proyección, es que -realmente- el Presupuesto General de la Nación haría muy poco para conseguirlo. A diferencia del mundo desarrollado, el Gobierno cree que la iniciativa privada será la encargada de tal propósito. ¡Sería el único país en hacerlo! En efecto, el plan de reactivación consiste principalmente en la construcción de vías de quinta generación, de las cuales el Estado participaría con el 8,5% de los recursos. El resto estaría a cargo de fuentes privadas, incentivos fiscales y alianzas público privadas. 

Revisando el Presupuesto, lo más destacable es el incremento del servicio de la deuda. $ 50,6 billones se destinarán para pagar el capital e intereses de la deuda interna y $25,3 billones a la externa. Resulta difícil de digerir que, atravesando la peor emergencia sanitaria que se haya conocido en la historia moderna, que derivó en la más profunda crisis económica y social, la preocupación del Gobierno sea la estabilidad financiera de 4 grupos económicos (¡cuatro!) que concentran el 78 % de los activos bancarios del país.

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A nadie se le ocurriría pensar que sería sensato el colapso bancario, pero opciones como la renegociación o el aplazamiento de pagos del servicio de la deuda siempre están sobre la mesa. El solo hecho de que el Gobierno no hubiera acudido a estos recursos, ni haber propuesto que el Banco de la República actuara como comprador directo de los títulos del tesoro, son prueba de que el principal interés (quizás el único) es proteger a los monopolios financieros.

El propio plan de concesiones viales 5G está diseñado como un negocio de apalancamiento financiero, pues implica la búsqueda de $56,2 billones en empresas que en los últimos cuatro meses destruyeron 1,6 millones de puestos de trabajo. Al borde de la quiebra, ¿a dónde acudirán a buscar estos recursos?

Es sabido que la propia Ocde, en el escenario más optimista, calcula una caída de 30% en los flujos de inversión globales para este año, por lo que el capital deberá pedirse a las entidades de crédito. Aún si se cumplieran con los estimativos del Gobierno, dicen que se crearían 500.000 puestos de trabajo, de baja capacitación y remuneración.

Sumando las ocupaciones, la capacidad del sector financiero y la construcción para absorber mano de obra es de menos de la décima parte del total del país, cuando -con los niveles actuales- se necesita crear trabajo para 4,8 millones de personas para lograr una tasa de desempleo de 8%, como lo prometió el presidente Iván Duque.

Los números no cuadran. Con un aumento presupuestal de 0,3 % para el comercio, industria y turismo, y un recorte de 7,3 % para la agricultura, será imposible cumplir el discurso trasnochado de “aprovechamiento de los TLC”, frente a potencias económicas que están más preocupadas por salvar a sus fábricas y los empleos que generan, que por comprarnos uchuvas, aguacates y pasifloras. 

Lo que se perfila -entonces- no es una reactivación económica sino el más ambicioso plan de traslado de recursos públicos al sector financiero, mayor que el realizado tras la crisis de 1999. Al resto de la población nos tocará resolver la subsistencia como en el pasado: por medio del rebusque, la reventa, el emprendimiento individual y la ocupación de baja productividad. Entre tanto, algunos que dicen defender el capitalismo desde los gremios, siguen mansamente aplaudiendo a un Gobierno obstinado en no crear riqueza para salvar a la economía. 

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