CNE abre investigación contra promotores de referendo

Después de una reunión que duró alrededor de siete horas, los magistrados que integran la sala penal del Consejo Nacional Electoral (CNE), llegaron a la conclusión de que existen méritos suficientes para abrir una investigación formal en contra de los promotores del referendo que busca una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe.

Esta decisión es producto de la votación de ocho de los nueve magistrados que votaron a favor de la ponencia del magistrado Joaquín José Vives, quien pidió abrir un proceso no solo contra el comité promotor del referendo sino también a la organización Colombia Primero. El objetivo es definir si hubo o no violación de los topes de financiación establecidos por ley para la campaña de recolección de firmas.

En esta ponencia, los magistrados también aceptaron investigar la supuesta doble contabilidad de estas dos organizaciones a cargo del referendo y la posible participación que tuvo la empresa de transportes de DMG, Transval, en el traslado de las firmas del referendo.

No obstante, la ponencia de Vives tenía tres caminos, uno era la preclusión del caso, el otro era formular cargos, y un tercero era abrir una investigación formal, pues el proceso apenas estaba en su etapa preliminar. La CNE optó por la última opción.

Las discusiones que abordó el CNE comenzaron por definir si este organismo es o no competente para tomar una decisión de fondo en la investigación. En segundo lugar la discusión se concentró en definir cuál sería el tipo de sanción que aplicarían en caso de comprobar que los investigados sí incurrieron en violación a los topes. En tercer lugar el CNE electoral discutió si el organismo puede o no validar el proceso de recolección de firmas.

Una vez definida la competencia del CNE, la ponencia de Vives definió que la sanción máxima para los promotores del referendo, en caso de que se compruebe la ilegalidad de su actuación, es una multa de 93 millones de pesos. Además el CNE descartó su competencia para certificar o no las firmas que respaldan el referendo reeleccionista. Esto quiere decir que los resultados que arroje la investigación no afectarán el trámite del referendo en el Congreso.

De manera que la tarea de certificar la validez de las firmas recolectadas quedará en manos del Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez. En ese caso, el Registrador no podrá pronunciarse hasta que la investigación del CNE no arroje ningún resultado.

Queda el sin sabor de que la investigación buscará recoger más pruebas, ante las sobradas evidencias denunciadas por congresistas y medios de comunicación, de que sí hubo una violación de los topes en el proceso e recolección de firmas.

Las cuentas chuecas

Los recursos que utilizó el comité promotor para financiar la recolección de firmas ascienden a 2.046 millones de pesos, que en su momento presentaron a las autoridades como: 143 millones de “contribuciones” y 1.903 millones de “otros créditos”.

Vea aquí quiénes son los aportantes y cuánto aportaron

Según la Ley, el aporte máximo individual de dinero para una campaña de referendo es 3 millones 300 mil pesos. El objetivo de esta norma es blindar la democracia de los intereses privados o de las mafias, que eventualmente podrían impulsar una reforma como esta.  En ese caso la iniciativa dejaría de ser popular y el Estado sería capturado. 

Por ejemplo, la firma Consultores de Desarrollo, (empresa de la familia Name, que tiene varios integrantes que son caciques políticos de la Costa), que es contratista con el Estado, aportó 150 millones de pesos. A todas luces hay una violación de los topes en casi cincuenta veces.
 
 No obstante Luis Guillermo Giraldo, quien renunció a la dirección del partido de la U por cuenta del escándalo, en un principio adujo que se trató de un préstamo que les hizo la organización Colombia Primero, de la cual Giraldo también hace parte. Con este argumento defendió que el dinero que sobre pasó el tope, no fue una donación.

Un alto ejecutivo de una de las empresas que más aportó dinero a la campaña y que aparece en la contabilidad, consultado por Semana, explicó que la organización Colombia Primero no pidió en calidad de préstamo el dinero sino en calidad de donación. “Para actividades relacionadas con el referendo y otras”, dijo la fuente que pidió su reserva.

El largo camino de la investigación

Este trámite puede demorar todavía más el proceso que lleva más de cinco meses sin resolver la pregunta si hubo o no una violación a la Ley en la financiación.
 
Primero, el magistrado ponente, Héctor Osorio (hermano del ex fiscal Luis Camilo Osorio, hoy embajador en México), tuvo a su cargo una ponencia en la que argumentaba que el CNE no era competente para investigar la legalidad de las cuentas del referendo. Esta ponencia fue derrotada por siete votos contra uno.

El magistrado Vives después asumió la investigación y después de más de tres meses, sus pesquisas impulsan la apertura de investigación, aunque su ponencia buscaba sancionar a los promotores y formular cargos.

Ahora falta esperar los resultados de una investigación formal, que puede tardar varios meses, y sin embargo, no tiene incidencia en el trámite del referendo en el Congreso.