Consejo de Estado retira apoyo de la reforma a la justicia

Con el argumento de que el texto de la ponencia de la reforma a la justicia que se tramita en sexto debate en el Congreso no trae las los cambios acordados en la llamada cumbre de poderes, el Consejo de Estado no solo rechazó la ponencia, sino que señaló que no hay condiciones para seguir presente en el debate en el Congreso.

"De aprobarse en los términos actuales, dicha ponencia resultaría contraria a los objetivos del Estado Social de Derecho", afirmó en Sala Plena el magistrado y presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez. 

No son pocos los argumentos que tiene el alto tribunal para mostrar su inconformismo frente a la reforma de la cual ya se habían retirado las Cortes, que decidieron regresar tras la firma de un acuerdo de diez puntos a principios de mayo.
 
En primer lugar, no están de acuerdo con lo que denominan la nueva figura de suspensión de la investidura por un año para los legisladores. "Desnaturaliza la pérdida de investidura de congresistas y resta eficacia a un instrumento de moralización política y de control ético". En la ponencia se estableció que los congresistas podrían participar en la elaboración de los proyectos de ley y que no habría conflicto de intereses.
 
Además rechazan el presupuesto contemplado para la rama "que apenas permite la continuidad de un precario funcionamiento". Para las cortes, este se queda corto frente a las inversiones necesarias en la rama.
 
Aunque no se habla de la modificación al artículo de la reelección presidencial, los magistrados sí mostraron su preocupación por "la introducción de ingredientes totalmente ajenos a la reforma a la justicia".
 
Ya el magistrado Gómez había rechazado que en el texto de la reforma se hablara de la reelección presidencial. "Doctores tiene la santa madre iglesia; en el mundo de lo jurídico el alcance de las normas genera diversas interpretaciones y en este caso podría habilitar no una reelección sino dos reelecciones", resaltó horas antes.
 
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Así mismo para los magistrados del Consejo de Estado es injustificada la presencia del Ejecutivo en el Sistema Nacional de la Administración Judicial a través de dos ministros, el de Justicia y el del Interior.
 
También quedó claro para los magistrados que en el texto de la ponencia existe una excesiva y antitécnica atribución de funciones al Director Ejecutivo de Administración Judicial y su sometimiento a control político por parte del Congreso de la República que podría retirarlo del cargo. "Vulnera en forma ostensible los principios de separación de poderes y autonomía administrativa de la Rama Judicial".
 
Así las cosas el Consejo de Estado se margina de lo que se estableció en la ponencia en sexto debate de la reforma a la justicia.