Señales de humo

En julio de 2003 entró en vigencia el Código de Policía de Bogotá y con él, una norma que prohibía a los fumadores prender cigarrillos en lugares públicos cerrados. Un año después los tabacos siguen apagados, pero lo que sí se ha encendido es una polémica por la presentación de un proyecto de acuerdo que busca modificar esa medida: que sean los administradores y dueños de los establecimientos públicos quienes determinen si sus clientes pueden fumar o no en sus locales.

Los concejales María Isabel Nieto, Gilma Jiménez y Carlos Vicente de Roux redactaron el proyecto de acuerdo debido a que la norma vigente es imprecisa y esto ha llevado a que se presenten sanciones y abusos en bares y locales. "Cierran un bar porque encuentran una colilla", afirma.

Según una encuesta realizada por Fenalco con algunos propietarios de establecimientos, se encontró que 36 por ciento de ellos han visto una reducción en sus ingresos debido a la medida. No obstante, la encuesta no refleja la realidad puesto que la muestra incluyó en su mayoría a restaurantes, que son los que mejor se han adaptado a la norma pues muchos cuentan con una terraza para ubicar a los no fumadores.

Pero los bares, en especial aquellos que no pueden adecuar una zona al aire libre para la clientela adicta a la nicotina, han sido los más afectados. "La gente habituada a fumar y a tomar prefiere irse para otro lado. Los que se benefician son los que no cumplen la norma", dice Elizabeth Gómez, administradora del bar La Rochela, ubicado en la avenida Primero de Mayo con Boyacá.

Para Fernando Gaitán, socio de Punto G, una discoteca ubicada en el sector norte de la ciudad, la norma es exagerada y debería distinguir entre bares y restaurantes. Gaitán considera que es más fácil exigir que en un restaurante no se fume porque la gente no quiere que le echen el humo mientras come, pero en un bar las cosas son distintas. "La gran mayoría fuma. Incluso muchos de los que no prenden un cigarrillo en toda la semana sí lo hacen en los rumbeaderos porque es un hábito social".

La norma incluso ha llegado a fomentar el famoso 'conejo'. Nelson Leguizamón, propietario del bar Zimbawue, uno de los más tradicionales del barrio Restrepo, ha visto cómo sus clientes salen a la calle para fumar y nunca regresan. "Se roban la cuenta y uno no puede hacer nada", dice.

Los concejales aseguran que en muchos bares se viola la norma y permiten que sus clientes fumen, lo cual indica que no sirve "pues no está ajustada a la realidad", dice Nieto, quien junto con la concejala Jiménez son fumadoras y respetuosas de quienes no lo son. "Pero somos adultos y tenemos derecho a nuestra adicción". De Roux, quien no fuma, afirma que lo motiva a adelantar esta iniciativa un principio libertario. "No creo que a la gente adulta se le deba hacer el bien a la fuerza prohibiéndole fumar ni que se les arrincone como si fueran una especie rara", afirma.

El proyecto propone que los propietarios y administradores tengan tres opciones: establecer una zona de fumadores, lo que requeriría una adecuación del local con divisiones de muros y extractores de aire viciado para que no afecte la salud de los no fumadores; prohibir el consumo de tabaco en el recinto o permitirlo totalmente. Además contempla que se prohíba la venta y el consumo de cigarrillos a menores de edad en colegios y centros de enseñanza.

Los fumadores son los más felices con el proyecto. Adriana Martínez, que no pisa un restaurante o bar si no la dejan fumar, lo apoya rotundamente. "Si hablamos de un país con igualdades, nosotros también debemos tener un espacio. Sabemos que es malo para la salud, pero es una tortura salir a divertirse con la limitación de no poder fumar". Fenalco también está de acuerdo con la modificación ya que "el texto se adapta más a la realidad de los comerciantes y guarda el respeto por los derechos colectivos al ambiente sano", dice María Cristina Camejo, directora sectorial de este gremio.

Para otros, sin embargo, la medida es un retroceso.

Soraya Montoya, médica y ex secretaria de Gobierno de la administración Mockus, quien ayudó a redactar el código, dice que aprobar el proyecto sería estar en contravía con la tendencia mundial de Estados Unidos y Europa de prohibir el consumo en sitios públicos para proteger la salud de los no fumadores. "No estamos en contra de que la gente fume. Solo pedimos que no lo hagan en lugares donde pongan en peligro la vida de los demás", dice.

Guillermo Martínez, coordinador de educación de la Liga de Lucha contra el Cáncer, opina que lo ideal sería que la separación de la zona de fumadores no fuera invisible sino una división física con estructuras de vidrio o ladrillo que aísle a esa población de la que no fuma, pues de lo contrario sería como decir "que una piscina tiene zona de orinadores y de no orinadores", indica.

Según él es posible que aún así las partículas del humo -el alquitrán y el amoniaco (una de las más adictivas)- se queden sostenidas en el aire, las paredes y cortinas. No existen extractores que logren sacar todo el humo de un ambiente cerrado, con lo que se afecta la salud del no fumador. Pero considera que si esta decisión queda al libre albedrío de los propietarios, es muy probable que no la cumplan. "Soy partidario de que la ley se conserve como está", afirma Luis Eduardo Leyton, propietario del bar restaurante Café del Mono Núñez, quien a pesar de ser fumador considera molesto almorzar en medio del humo de cigarrillo.

La Organización Panamericana de la Salud también ha reaccionado en contra de la iniciativa. Para Armando Peruga, coordinador del equipo de Control de Tabaco y Salud de los Consumidores, el tema no es el derecho de fumar de los fumadores sino el derecho de los no fumadores a respirar un aire limpio y puro. Peruga argumenta que las empresas no pierden dinero con la prohibición pues la evidencia científica muestra todo lo contrario: que fumar cuesta dinero. "El único negocio que pierde es la industria tabacalera", dice. Según el Instituto de Salud Pública de México, los cigarrillos diarios que dejan de consumirse representan pérdidas anuales por 80 millones para esta industria.

La Asociación Colombiana de Industria Gastronómica, Acodres, había interpuesto una demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por considerar la norma arbitraria. La demanda está pendiente. En este otro round, falta ver qué decide el Concejo. Mientras tanto los cigarrillos seguirán apagados.