Cuatro elementos alrededor de la última masacre en Mapiripán

A principios de esta semana se conoció una noticia que recordó los años más agresivos del conflicto armado en el Meta: seis personas fueron masacradas en zona rural de Mapiripán, uno de los cinco municipios del departamento que limitan con el Guaviare. La fuerza pública encontró sus cuerpos en una finca ubicada en las veredas San Luis y La Realidad en la madrugada del martes. Entre los cadáveres estaban el de un joven de 13 años y su padre.

En un inicio se habló de que las víctimas eran campesinos de la región, pero luego el Ejército y la Gobernación del Meta confirmaron que no vivían en el pueblo y que días antes del crimen habían llegado por diferentes razones que aún se investigan. El general Luis Fernando Navarro, comandante de la Fuerzas Militares, dijo al término de un consejo de seguridad en Mapiripán que los posibles responsables de los asesinatos son grupos armados ilegales que se disputan el control de las redes y rutas del narcotráfico que hay en los límites del Meta y el Guaviare.
 

Esta masacre se da en un municipio priorizado para los programas del Posconflicto, debido a que resultó afectado por la guerra entre la fuerza pública, las Farc, los paramilitares y las bandas de narcotraficantes. También, en un pueblo que quedó marcado desde hace dos décadas por uno de los crímenes más recordados en la historia del conflicto armado, donde hubo complicidad del Ejército.

Por el contexto anterior asombra que actualmente ocurra un hecho tan violento como el de esta semana en Mapiripán. Por eso en SEMANA RURAL buscamos los elementos que rodean el asesinato de estas seis personas.
 

1. Grupos armados
 

El general Navarro señaló a Los Puntilleros como los posibles responsables de la masacre. Según una nota periodística en el página web de la organización Insight Crime, se trata de un grupo armado ilegal que nació de la unión de las facciones del Meta y el Guaviare del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac), que a su vez surge de la desmovilización en el 2006 del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Una investigadora de Insight nos explicó que Los Puntilleros no superan los 100 integrantes y que su presencia en Mapiripán no es para combatir grupos subversivos sino para controlar el comercio de la pasta de coca y los laboratorios (o cristalizaderos) que la producen. Esta economía ilícita se mueve por las zonas de influencia de los ríos Ariari y Guayabero, que desembocan en el Guaviare, el principal cuerpo de agua del pueblo.

Ahora, esto no quiere decir que en la zona no haya grupos subversivos. De acuerdo a la fundación Ideas para la Paz, en Mapiripán y los otros cuatro municipios del Meta que limitan con el Guaviare se encuentran miembros de las disidencias de los frentes Primero y Séptimo de las Farc. Sin embargo, no se confirma enfrentamientos entre ellos y Los Puntilleros.
 

2. Narcotráfico
 

Hablamos con Alejandro Góngora, personero de Mapiripán, para conocer cómo se mueve el negocio del narcotráfico en la zona. La respuesta es que allí no existen grandes cultivos de hoja de coca, como ocurría en el pasado, pero sí hay información sobre cristalizaderos en algunas veredas. “Aquí no tenemos muchas hectáreas de la mata, solo unos laboratorios y lo sabemos porque el Ejército ha hecho operativos”. Para respaldar la hipótesis que hizo el general Navarro habría que investigar si en La Realidad y San Luis se produce pasta de coca o si son veredas que forman parte de la ruta para mover el producto hacia otras partes. 

Un habitante de Mapiripán que trabaja con una entidad del Gobierno nacional, y que pidió no revelar su nombre como medida de seguridad, nos contó que posiblemente los cultivos de coca están ubicados en la frontera con el Vichada, en el oriente del municipio.  “Lo que aquí hay son cocinas, porque la pasta se saca hacia Venezuela por las rutas que crearon las bandas y que hoy manejan Los Puntilleros”.

Por ser un municipio priorizado para los programas del Posconflicto, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se implementa en Mapiripán. En el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre el monitoreo a los compromisos del PNIS, con fecha de corte del 30 de noviembre, aparece que en el pueblo hay 700 vinculados y beneficiados con el programa, 64 hectáreas de coca y una erradicación voluntaria del 88 por ciento. Además, hay familias que recibieron asistencia para la seguridad alimentaria.
 

«Lo que aquí hay son cocinas, porque la pasta de coca se saca hacia Venezuela por las rutas que crearon las bandas y que hoy manejan Los Puntilleros»

Habitante de Mapiripán

Pese a lo anterior, los grandes proyectos productivos que plantea el PNIS no arrancan. Eso propicia que los habitantes del municipio estén en economías ilegales y que los grupos armados aprovechen la situación. Otro programa que no avanza es el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se construye con varios municipios del Meta y el Guaviare. El personero señala que hasta hace una semana concluyó la segunda fase de su elaboración, cuando debía estar listo antes del primer semestre de 2018.

“El programa de sustitución, el PDET y los demás del acuerdo de paz no están ayudando mucho a la población. Le puedo afirmar que el 75 por ciento de la gente de Mapiripán se mantiene económicamente por el trabajo que tiene en Polygrow, una empresa dedicada a la palma de aceite. Son dueños de más de 7.000 hectáreas de cultivos. Sí, generan estabilidad para los que viven en el casco urbano, pero los de las zonas rurales son los que menos ingresos reciben”, cuenta el funcionario que prefiere reservar su nombre y agrega: “Si los programas del Posconflicto no funcionan bien, ¿qué más se ponen a hacer?”.
 

3. Falta de fuerza pública
 

Carlos Negret, defensor del Pueblo, aseguró esta semana que la entidad que dirige lanzó en agosto una alerta temprana —la 065— sobre los riesgos de seguridad en los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia, en el Meta. En el documento se dice que, además de la presencia de Los Puntilleros y las disidencias de las Farc, se registran amenazas contra líderes comunitarios, reclamantes de tierras y habitantes vinculados al PNIS.

De hecho, en abril fue asesinada María Magdalena Cruz Rojas, quien era lideresa del proceso de sustitución voluntaria de coca en Mapiripán. Y en agosto mataron al hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio, quien está amenazado por su trabajo.
 

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La Defensoría del Pueblo pidió en su alerta temprana más presencia de la fuerza pública en zonas rurales, para proteger a la población. Esa tarea se ha dificultado porque el Ejército y la Policía tienen dos inconvenientes logísticos para operar en Mapiripán. El primero es la extensión del municipio, uno de los más grande del país (tiene 13.205 kilómetros cuadrados). Esto dificulta la movilización de las pocas unidades militares y policivas que tiene la región.

El segundo está relacionado con la jurisdicción de las dos unidades del Ejército que hacen presencia en Mapiripán. “Una parte del municipio tiene apoyo de la brigada Séptima, del Meta, y la otra de la brigada 22, que pertenece al Guaviare. El alcalde nos contaba que cuando pide respaldo militar a alguna de las dos brigadas le dicen: ah, es que toca mirar cuál jurisdicción le puede ayudar. Desde la Gobernación hemos expresado que se necesita que a Mapiripán se le dé una sola jurisdicción militar. Como está organizado hoy, a la fuerza pública se le dificulta operar”, explicó Gerardo León, secretario de Gobierno del Meta.
 

4. La memoria de la masacre de 1997
 

Quizá una de las preocupaciones de la población de Mapiripán es que se repitan los actos violentos de la época más agresiva del conflicto armado en ese rincón del Meta, puntualmente la masacre que cometieron las Autodefensas Unidas de Colombia en julio de 1997, con complicidad de miembros del Ejército de la época.

Dos aviones con integrantes del grupo paramilitar salieron desde el Urabá antioqueño con rumbo a Mapiripán con la misión de expandir su influencia en el sur del país y ganarle terreno a las Farc. Entre el 15 y el 20 de julio asesinaron a cerca de 200 personas, allanaron casas en busca de colaboradores de la guerrilla y torturaron a por lo menos 49 pobladores.

Se suponía que con el Posconflicto habría garantías para que la violencia no se repitiera, pero lo ocurrido esta semana y en el 2018 indica lo contrario.

POR:José Puentes Ramos | Editor regional

@josedapuentes