50 tonos de gris

Se llama lobista a quien se dedica al negocio de influir sobre las decisiones de los funcionarios públicos con intenciones buenas, regulares o malas, incluyendo a la madre Laura, la nueva santa colombiana, a quien se le ha pedido que haga lobby ante Dios para que nos ayude a que se firme la paz con las Farc. Pero como el lobby normalmente busca que prevalezcan los intereses de los más ricos sobre los de los demás, algunas democracias han establecido leyes que obligan a los lobistas a registrarse y a divulgar información sobre quién y cuánto les pagan y para hacer qué cosa.

En Colombia, el lobby estuvo prohibido desde 1936 por los sucesivos códigos penales, todos los cuales tipificaban como delito cualquier utilización pagada de influencias para obtener el favor de funcionarios públicos. Pero esto cambió en el año 2000 con la expedición del último Código Penal (CP), que solo tipificó el tráfico de influencias entre los propios funcionarios públicos, mientras que al lobby hecho por particulares solo se refirió en una causal de agravamiento de la pena a las estafas que se cometiesen invocando influencias para obtener beneficios de funcionarios públicos (arts. 246 y 247 del CP). Como resultado de esto, en Colombia las personas privadas quedaron habilitadas desde 2000 para hacer cualquier clase de lobby siempre que no estafaran a sus clientes.

Y así estuvieron las cosas hasta 2011 cuando se expidió el Estatuto Anticorrupción (EA) de ese año. El proyecto que dio origen a ese EA traía normas que exigían la inscripción de los lobistas y la divulgación de la información sobre sus gestiones y además planteaba la penalización del empleo indebido de influencias de cualquier persona –pagada– para obtener el favor de un funcionario público. Pero aunque la propuesta de incluir este nuevo tipo penal fue aceptada y se convirtió en el artículo 411-A del actual CP, las normas propuestas para hacer el lobby más transparente fueron reemplazadas por el artículo 61 del EA cuyo texto parece redactado por algún lobista con muy buen sentido del humor.

Sin duda, todos estos antecedentes fueron tenidos en cuenta en la guerra de comunicados que recientemente sostuvieron el expresidente de InterBolsa, Rodrigo Jaramillo (RJ), y el exfuncionario y empresario José Roberto Arango (JRA) en relación con la verdadera razón tras el pago de la comisión de éxito de un millón de dólares que recibió JRA de InterBolsa con ocasión de la fusión de esa comisionista con Inversionistas de Colombia durante 2007.

De acuerdo con RJ (ver comunicado) InterBolsa pagó esa comisión a JRA únicamente a cambio de que él lograra que la Superintendencia Financiera no objetara la fusión, a lo que JRA respondió –enardecido– que recibió la comisión a cambio de un trabajo de asesoría técnica que dio a las dos comisionistas para facilitar la fusión y su trámite (ver nota anexa y entrevista de José Roberto Arango).

Para la Fiscalía no debería ser difícil determinar si quien miente es JRA o RJ, ya que un trabajo como el que dice haber hecho JRA necesariamente deja evidencias documentales y testimoniales (informes, actas, funcionarios que recuerdan los aportes conceptuales del asesor, etc.) de manera que si la Fiscalía no encuentra esas evidencias es fácil que concluya que tan elevada comisión se pagó únicamente a cambio de que JRA usara sus influencias ante el Gobierno para que la Superfinanciera no objetara la fusión.

De ser este el caso, la situación jurídica de JRA se volvería endiabladamente complicada porque le convendría más aceptar que sí hizo el lobby que aceptar que recibió el pago y no lo hizo, ya que es difícil para la Fiscalía sostener que la primera conducta estaba tipificada en 2007 y, aun suponiendo que esa tesis vuele, la pena máxima por usar influencias de forma indebida fue reducida a 8 años por el nuevo art. 411-A del CP. Pero, en cambio, si se prueba que JRA engañó a InterBolsa para cobrar la comisión y no hizo el lobby, podría encarar una pena de prisión de hasta 12 años por estafa agravada.

Corresponde a la Fiscalía determinar si JRA cobró la comisión por hacer un trabajo técnico para InterBolsa, o si la cobró por hacer lobby y –de ser ese el caso– si lo hizo o no, pero la lección que deja este asunto es que el lobby está mal regulado en Colombia porque no es lógico que la pena máxima aplicable a un lobista por torcer de forma indebida una decisión estatal sea inferior en una tercera parte a la pena máxima aplicable a un lobista por engañar a su cliente cobrándole por un lobby que en realidad no hizo.

Para profundizar nuestra democracia, Colombia necesita una ley que obligue a los lobistas a informar al público sobre sus actividades. Por falta de esta norma es aún más difícil averiguar si la comisión que recibió JRA estaba relacionada –también– con la fusión de Proyectar. O si es verdad que se pagó por hacer sacar al Superfinanciero de la época, tal como se insinúa en el comunicado de RJ. No sería el primer caso.